Investigación oficial sobre 104 líneas de colectivos: denuncias por fraude, “desvíos operativos” y batalla por US$ 7.000 millones

A raíz de una acusación de cámaras sectoriales contra uno de los principales grupos empresarios, que decían que estafaba al Estado con el cobro de pasajes más altos al que correspondían –y por ende más subsidios- la Secretaría de Transporte llevó adelante una investigación que no sólo abarcó a Grupo Metropol, la empresa en cuestión, sino a 104 líneas.

De allí surgieron algunas conclusiones. La primera, que Grupo Metropol no había incurrido en el delito de estafa al Estado –el monto por el que se lo acusaba sumaba $ 30.000 millones-, aunque al mismo tiempo se determinó que el conjunto del sistema registraba “desvíos operativos”, es decir que cobraban pasajes tanto por debajo como por encima de las tarifas que correspondían en cada tramo.

“Se consideró necesario extender los procesos de verificación, no solo a las empresas denunciadas, sino a la totalidad del sistema de transporte de jurisdicción nacional, con el objeto de garantizar la correcta distribución de compensaciones tarifarías”, explica la resolución de la Secretaría de Transporte a la que tuvo acceso Clarín.

“No se evidenciaron manipulaciones de tarifas en el universo analizado, compuesto por aproximadamente 183 millones de transacciones. Tampoco se detectaron patrones significativos de emisión que permitan inferir manipulaciones sistemáticas de validaciones”, sostiene el informe oficial. Además, la auditoría reveló que “solo el 6,99% del total relevado correspondió a cobros superiores a los que hubieran correspondido según origen y destino del viaje declarado por la persona usuaria. El fenómeno de cobros incorrectos se verificó, con distinta intensidad, en gran parte del sistema y no exclusivamente en las empresas inicialmente denunciadas. Son 93 las líneas que presentaron un correcto uso del seccionamiento en más del 70% de los casos observados”.

Sin embargo, el trabajo muestra que también la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) “desarrolló una auditoría operativa en campo sobre el universo de servicios públicos urbanos de jurisdicción nacional del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), relevando más de 1.000 servicios y efectuando más de 12.000 controles tarifarios. Los resultados obtenidos permitieron corroborar la existencia de desvíos operativos tanto por exceso como por debajo de las tarifas correspondientes, verificándose asimismo que las empresas inicialmente denunciadas no constituían casos aislados dentro del sistema analizado”.

A raíz de esto, y para evitar una situación similar en el futuro, se implementaron medidas como el monitoreo a través de la plataforma UrbanTrips, que compara constantemente cuánto viaja la gente en realidad versus cuánto dicen las empresas que cobraron. Si los números no coinciden, el sistema lo identifica.

Además, se lanzó el sistema S.I.G.O., con lo que se actualizó el viejo sistema de control de 2019 por uno más moderno, y que sirve para planificar, gestionar y auditar todos los recorridos y frecuencias de los colectivos de forma automática.

El Gobierno concluyó que “no surgen elementos que permitan concluir la existencia de una defraudación al Estado nacional ni de manipulaciones informáticas, alteraciones externas del sistema SUBE o mecanismos fraudulentos que hubieran ocasionado un perjuicio patrimonial cierto al erario público”.

Como parte de esa investigación el Gobierno trabó un embargo por $ 8.031.229.848 en concepto de subsidios que corrían para el período octubre 2025-mayo 2026. Hoy el monto por el que se espera una resolución es de $ 7.079.432.098 debido a que solo las líneas de jurisdicción nacional implicadas son las que todavía discuten por los reintegros adeudados. El resto, correspondiente a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, ya fueron puestos a disposición de las empresas tras la ausencia de evidencia sobre cobros indebidos.

Hasa el momento las líneas de colectivos dicen que no tienen “respuestas concretas” sobre el destino de los más de $ 7.000 millones. “Tenemos diálogo con la Secretaría de Transporte pero lo que nos dicen es que la Justicia será quien resuelva sobre los tiempos”, dijeron a Clarín las fuentes consultadas. Es que tras la acusación de las cámaras sectoriales contra Grupo Metropol, se realizó una denuncia judicial a la que Transporte aportó sus investigaciones y por lo que el Gobierno ahora pretende que sea la Justicia quien determine los plazos en cuanto al pago de los subsidios retenidos.

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