Lugones, bajo presión por el fentanilo y la crisis del PAMI
El ministro de Salud, Mario Lugones, no pasa por sus mejores días. Como suele suceder desde hace meses, sigue soportando versiones de renuncia mientras acumula frentes de batalla propios de su gestión. Específicamente, gracias al avance de la causa que indaga la comercialización del fentanilo contaminado, que generó en 2025 centenares de muertes, y la situación del PAMI, que derivó esta semana en un paro que afectó la atención en varias provincias.
La última bala que apareció sobre el ministro está relacionada a su futuro, lejos de la gestión de La Libertad Avanza: su hijo Rodrigo Lugones, de estrecha relación con el asesor presidencial Santiago Caputo luego de trabajar en la consultoría política, le habría pedido que dé un paso al costado. Un rumor que comenzó a instalarse en las oficinas de diversos funcionarios y que fuentes libertarias se encargaron de rechazar de plano ante la consulta de PERFIL.
“Lugones sigue, no es nada nuevo lo que se dice”, dicen en LLA cuando se pregunta por los próximos pasos del ministro, quien desde 2025 está envuelto en posibilidades de dimisión. Sucedió que en dicho año, un lote de fentanilo contaminado elaborado por Laboratorios Ramallo y comercializado por HLB Pharma Group generó cientos de muertes y damnificados, además de cambios profundos en dos áreas sensibles a cargo del control de productos farmacéuticos.
Por ese caso se despidieron de sus cargos Agustina Nélida Bisio, en la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat), y su exsubordinada, Gabriela Mantecón Fumadó, en el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname).
Ante el juzgado de La Plata, esta semana Bisio habló de lo que pasó, con una línea argumentativa: no tuvo la responsabilidad de Fumadó en torno a lo que sucede en laboratorios y líneas de producción.
“La pregunta correcta, en cada episodio, pasa por conocer qué información llegó efectivamente a mí, por qué circuito, con qué grado de elaboración técnica y qué medida concreta estaba, entonces, en condiciones de adoptar”, explicó en su descargo que se conoció en las últimas horas.
También expuso detalles de su tarea: “Siempre me desempeñé en el área de revisión documental relacionada con prospectos de medicamentos e investigación en farmacología clínica”. Por el expediente a cargo del juez Ernesto Kreplak, tanto Bisio como Fumadó se encuentran detenidas y continúan el proceso judicial en libertad luego de haber presentado cauciones de $75 millones cada una.
En el oficialismo dicen que están tranquilos en relación a este tema. En otras palabras, en la gestión libertaria afirman que hicieron todo lo que se debía hacer cuando estalló el caso y se encuentran trabajando en cambios tanto en la ANMAT como en el Iname para que episodios como el que estalló en junio de 2025 no se vuelvan a repetir.
Por otro lado, el PAMI, área a cargo de Lugones, sigue con conflictos gracias a la decisión de prestadores privados de suspender la atención desde el jueves hasta el último viernes en 100 clínicas, sanatorios y hospitales privados del Conurbano bonaerense, Córdoba, San Juan y Mendoza.
La acción fue motorizada por entidades del sector, en busca de visibilizar una crisis que “califican como de ahogo financiero”. De hecho, piden una urgente actualización de los aranceles –el monto que reciben por las prestaciones– y la regularización de la mora en los pagos. Según advierten, el atraso acumulado frente a la inflación deterioró gravemente las arcas de las instituciones y pone en peligro real la continuidad de varios servicios.
A este hecho, se sumó a una medida similar realizada el pasado lunes en Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa. Un problema de carácter federal que pone en riesgo la continuidad de los servicios para miles de afiliados. Del lado de las firmas que prestan servicios informaron que solo quedó garantizada la asistencia de emergencia consideradas de máxima gravedad.
