El mini plan platita de Caputo: viviendas, recuperación de salarios y “justicia social”

Créditos hipotecarios para un segmento más acomodado de la población y un salario mínimo garantizado para rubros puntuales. Lejos de un giro brusco en el programa económico, el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió volver a usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que había delegado a la búsqueda de maximizar su rentabilidad, para cómo hizo Cristina Fernández de Kirchner, dar desarrollo productivo. Una suerte de aliciente para la clase media, una parte de la población que hasta ahora vio deteriorarse las variables de la microeconomía y que responde en las encuestas que la caída del poder adquisitivo, el miedo a perder el empleo y la corrupción son sus principales preocupaciones.

“Hace a la justicia social”, dijo el jefe de la carrera económica durante el anuncio de que se fondearán plazos fijos más largos para que los bancos den créditos para la compra de viviendas. Una frase con reminiscencias peronistas, para una medida que gobiernos peronistas también hicieron, con mayor magnitud que los 18 mil préstamos que se estima dará el activo de la ANSES, con el famoso PROCREAR. Para interlocutores habituales del quinto piso del Palacio de Hacienda, no es tan raro escuchar al ministro hablar de crédito al consumo. “No es mala palabra para mí”, contó a PERFIL un referente del sector privado como parte de sus charlas con el funcionario.

El foco es la clase media. La más golpeada por la caída real de los ingresos de los asalariados privados, en alrededor del 4% desde noviembre 2023 de acuerdo a distintas mediciones; la suba de tarifas de servicios públicos y transporte, de un aumento de 944% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) según un informe del IIEP de la UBA y el Conicet; y el alza de consumos como la medicina prepaga y los colegios privados, liberados por el Gobierno, que evolucionan mes a mes por encima de la inflación.

La gestión de Javier Milei y el propio jefe del Palacio de Hacienda - con declaraciones repetidas sobre la imposibilidad de que Axel Kicillof sea presidente - ya está en modo electoral y ese malestar del segmento más fuerte de las urbes aparece hace rato en las encuestas. Un informe de Management & Fit muestra que incluso, es el que más está bajando y es comparable con la misma etapa del último gobierno de Fernández de Kirchner, el tercero.

Durante la etapa de CFK (2014), los estratos medios agrupaban en conjunto al 48% de la pirámide social, compuestos por un 18% del segmento C2 (clase media típica) y un 30% del C3 (clase media baja). Para el año 2026, la suma de esos mismos segmentos medios se redujo al 43% del total (17% el estrato C2 y 26% el C3, que también se reduce). Es la base de la clase media la que más retrocede y cae hacia la base de la pirámide, justificando el pesimismo y la alerta latente en los sondeos de opinión.

Al igual que Caputo, la administración de Fernández de Kirchner también usó el súper activo financiero para fondear créditos, en ese entonces, para la construcción de viviendas con el plan ProcreAR. El FGS atravesó cuatro etapas marcadas por la política económica. A medida pasaron los años, tuvo un giro hacia el mercado de capitales privado que desarticuló el crédito social y llevó el patrimonio a niveles récord, unos US$ 80.000 millones a mediados de 2026.

La primera etapa, signada por el fomento al desarrollo (2008-2015), estructuró la cartera hacia la economía real. La liquidación inicial de activos en el extranjero liberó liquidez que se hundió rápidamente en infraestructura y vivienda. Como resultado, la cuota de proyectos productivos saltó del 2,2% al 11,5% del Fondo. El por qué de este movimiento radicó en la decisión de dinamizar el empleo y el consumo interno. Los flujos de capital se canalizaron hacia instrumentos de largo plazo como el programa ProcreAR, la Central Nuclear Atucha II y las termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López. El FGS postergó la liquidez inmediata a cambio de traccionar la macroeconomía.

El cambio de administración inauguró la fase de pérdida de valor (2016-2019). En este ciclo, el FGS sufrió una caída US$ 64.133 millones a US$ 39.866 millones a fines de 2019. La erosión se explica por el impacto directo de la devaluación y la incapacidad de la cartera para ganarle a los precios. La gestión priorizó direccionar liquidez a préstamos a las provincias (mutuos) y enfrentar los desembolsos iniciales de la Ley de Reparación Histórica. Sin blindaje cambiario, y con los proyectos productivos desplomados al 3,7% del total, el Fondo acusó el golpe.

Con el mercado de deuda cerrado y la pandemia exigiendo expansión del gasto, el ciclo 2020-2023 consolidó al FGS como prestamista de última instancia. Fue la era del financiamiento al Estado. La necesidad de asistir al Tesoro rompió los límites históricos: los Títulos Públicos Nacionales perforaron el techo del 71% de la cartera.

Para resguardarse, la táctica consistió en rotar hacia bonos indexados por CER y títulos dólar-linked, que llegaron a representar más del 80% de las tenencias soberanas. En paralelo, mediante un artilugio normativo (el Decreto 829/22), se recategorizaron los Fondos Comunes de Inversión Pymes para inflar estadísticamente el inciso de proyectos productivos al 6,4%. Se recuperó terreno en moneda local, pero el valor estructural se estancó en torno a los US$ 41.000 millones.

La transición hacia la maximización financiera (2024-2026) reseteó el tablero y desarticuló por completo el brazo social del Fondo. A través del Decreto 1039/24, se eliminó el otorgamiento de nuevos Créditos ANSES, licuando su peso en el activo hasta volverlos irrelevantes.

El mandato viró hacia el equity y el apalancamiento corporativo. Las acciones escalaron hasta tocar el 17,2% en 2024, traccionadas por la retención y la explosión de precios de Pampa Energía, TGS, Grupo Galicia y Banco Macro. En simultáneo, las Obligaciones Negociables se redirigieron, concentrándose en más de un 80% en Petróleo y Gas.

Antes de ser ministro, Caputo tenía otros planes para el FGS. Según consta en un documento de su entonces consultora, Anker, las acciones de las empresas que están en el fondo serían parte de la garantía que proponía el economista para hacer un fideicomiso financiero que permitiera dolarizar. Una suerte de alternativa a la dolarización que en ese entonces le proponía Emilio Ocampo a Milei en campaña.

En la Ley Bases original, el Gobierno quería consolidar y transferir al Tesoro Nacional los títulos de deuda pública que formaban parte del activo de la ANSES para cancelarlos por “confusión patrimonial”, además de permitir la disponibilidad de sus activos. Pero a lo largo del extenso debate del megaproyecto, el punto fue eliminado.

Una de las intenciones de ese punto era, de alguna forma, empezar a allanar el camino para vender los papeles de las empresas que hoy tienen al Estado como accionista - en algunos bancos, con una buena porción - gracias al FGS. Algo que el establishment siempre buscó. “Pero, están comprando más acciones, es lo que les da más rentabilidad”, apuntó un exfuncionario del Gobierno vinculado a la gestión de la seguridad social.