Inocencia Fiscal II: qué cambia para los contribuyentes con el nuevo proyecto que busca aprobar el Gobierno
Este miércoles, el Gobierno enfrenta una importante sesión en la Cámara de Diputados en la que se tratará el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal que necesita el ministro Luis Caputo para intentar remonetizar la economía con los “dólares del colchón”. Si bien la ley ya se encuentra vigente desde el 26 de diciembre de 2025, esta nueva iniciativa busca corregir algunos puntos débiles de la normativa para brindar una mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que exterioricen ahorros sin declarar, luego de que la primera versión de la ley encontrara poco eco.
Inocencia Fiscal II surge directamente de la insistencia de los contadores a Economía. Los especialistas plantearon que, sin cambios, los argentinos no iban a declarar los dólares que, según proyecciones oficiales, suman USD 170.000 millones fuera del sistema. Luego de meses en los que Caputo se negó a modificar la ley, finalmente recibió a los contadores en el quinto piso del Palacio de Hacienda y acordó el envío de una nueva normativa al Congreso.
El proyecto al que esté miércoles el oficialismo buscará dar media sanción implica cambios importantes respecto a quienes puede acceder al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), cuándo se generan las exclusiones de los contribuyentes y hasta cuándo hay tiempo para sacar los dólares del colchón.
Entre los cambios principales, el texto prevé que un universo más amplio de contribuyentes pueda adherir al RSG. Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, explicó que con la actual legislación hay contribuyentes que no puede ingresar al régimen porque tuvieron ingresos de más de $1.000 millones o patrimonio de más de $10.000 millones en alguno de los últimos tres años. “Esas personas van a poder adherirse si se aprueba esto, con la salvedad de que los grandes contribuyentes se van a poder adherir solo por el RSG y no por los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal”, comentó.
Domínguez también indicó que la nueva redacción le da mayor seguridad jurídica a aquellas personas que quisieran utilizar fondos no declarados. Esto es porque el proyecto incorpora un nuevo umbral para definir las discrepancias significativas entre lo que informa el contribuyente y los registros del fisco nacional. “Si el fisco nacional detecta una diferencia entre lo declarado por el contribuyente, la información que tiene en sus sistemas o recibido de tercero, si es del 15% más, pero no supera $5 millones, no hay discrepancia significativa”, afirmó. Este umbral, hoy, está fijado en el 15% y genera el riesgo de que contribuyentes que exterioricen montos pequeños queden sujetos a inspecciones por diferencias de poco volumen.
A su vez, si la diferencia supera los $5 millones, el contribuyente tendrá la opción de regularizar su situación hasta 15 días después de recibir la notificación de la determinación de oficio. Así, incluso cuando el fisco detecte una discrepancia significativa, el contribuyente que pague podrá mantener los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal.
Para Mariano Ghirardotti, socio de Ghirardotti & Ghirardotti, el nuevo texto “corrige cosas del anterior” al permitir que cualquier contribuyente menos los grandes y los funcionarios públicos puede recibir los beneficios del RSG. A su vez, que especifica que la discrepancia significativa se calcula sobre impuesto determinado y no sobre el saldo a pagar, lo cual jugaba en contra del contribuyente cumplidor.
Al igual de Domínguez, Ghirardotti subrayó que el proyecto prevé “que se pueden mantener los beneficios obtenidos si se acepta la liquidación administrativa o la determinación de oficio dentro de los 15 días de notificada y se paga el impuesto y sus accesorios. y que si se utilizan dólares del colchón por las vías habilitadas, solo se deben incorporar a la última declaración de Bienes Personales.
La estructura de incentivos se articula con el reclamo de seguridad jurídica para quienes decidan exteriorizar capitales. Noelia Girardi, gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, indicó que con el nuevo proyecto lo que se busca es una mayor seguridad jurídica para que el contribuyente pueda estar tranquilo y depositar los dólares del colchón sin estar temeroso de lo que pueda pasar también”. A partir de un Régimen en donde el contribuyente no debe reportar a ARCA su patrimonio al inicio ni al cierre ni exteriorizar los consumos hechos durante el ejercicio fiscal.
El proyecto también fija una ventana temporal para aprovechar los beneficios del tapón fiscal y la presunción de exactitud, que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027, el último día del actual mandato presidencial. “Si quieren utilizar este tapón fiscal y presunción de exactitud, lo pueden usar hasta esa fecha. Con esto, el Gobierno se juega a que la gente lo use antes de que termine el mandato y así remonetizar la economía”, precisó Domínguez.
El debate en el Congreso adquiere centralidad en un momento en el que el Gobierno necesita de la reactivación de la economía. Con un nueva ley de Inocencia Fiscal que otorgue mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, en el Ministerio de Economía esperan que sean más los contribuyentes que depositen los dólares del colchón en el sistema formal. Y si bien se establece como fecha límite para hacerlo el 31 de diciembre de 2027, todavía esta por verse el ritmo en que se formalizan los ahorros a cerca de un año de la elección presidencial.
