Juicio del caso Cuadernos: un exdirectivo de Techint admitió haberle pagado cerca de un millón de dólares a la mano derecha de De Vido
Dos exdirectivos de la empresa Techint declararon este martes como testigos en el juicio oral del caso de los Cuadernos de las coimas y ratificaron que la empresa realizó pagos a Roberto Baratta, mano derecha del exministro Julio De Vido, durante el conflicto por la expropiación de Sidor en Venezuela.
El primero en declarar fue Héctor Zabaleta, quien admitió haber realizado seis pagos en pesos a Baratta que, en conjunto, sumaron cerca de un millón de dólares.
Sus declaraciones revalidaron los registros que constan en los cuadernos que escribió el chofer Oscar Centeno respecto a visitas del funcionario Baratta al edificio de Techint en Puerto Madero.
Son seis visitas, entre junio y diciembre de 2008, en las que hubo retiros de “paquetes”.
“Sí, es cierto”, ratificó Zabaleta ante la consulta de la fiscal Fabiana León. “Eran de dinero”, precisó. “Cada entrega estaba en el orden de los 600.000, 700.000 pesos. El total de las entregas, la instrucción que me había dado Betnaza, era que tenía que ser de cerca de un millón de dólares”, sumó el testigo.
“A mí me instruyó entregar esos paquetes Luis Betnaza”, reafirmó, en alusión al también exdirectivo de la compañía, y agregó: “Lo que me pedía Luis y estaba dentro de lo que yo entendía que era lógico, lo cumplía”.
A su turno, Betnaza ratificó haberle dado esa instrucción y ligó las entregas de dinero a supuestos “gastos” detrás de la repatriación de los trabajadores argentinos al país, en 2008.
Según relató ante el Tribunal Oral Federal 7, la empresa le pidió al gobierno kirchnerista, de aceitados vínculos con Hugo Chávez, que intercediera para destrabar la situación en Venezuela. Pero, según Betnaza, el Gobierno respondió que solo se haría cargo de los trabajadores de nacionalidad argentina.
“Ahí viene la solicitud de un aporte económico destinado a hacerse cargo de los gastos que significa sacar a la otra gente que no era argentinos”, explicó Betnaza.
La situación de Zabaleta y Betnaza en el caso es especial. Por los pagos a Baratta que hoy ratificaron ante el TOF 7, ambos estuvieron procesados, pero sus casos recibieron un trato diferenciado en un expediente aparte, porque la Justicia entendió que sus desembolsos se habían realizado por una situación de emergencia, en un contexto diferente al de los pagos por la obra pública.
Por eso en la empresa resaltan que no se trató de “coimas” sino de “pagos indebidos”.
Los pagos se produjeron en medio del conflicto que Techint atravesaba en Venezuela por la expropiación de Sidor, la siderúrgica que estaba bajo su control y que el gobierno de Hugo Chávez decidió expropiar en 2008. En medio de la negociación por la empresa, se había generado un clima de fuerte hostilidad hacia los trabajadores argentinos, cuyo regreso al país tras la expropiación de la compañía no estaba garantizado.
Las entregas, según la Justicia argentina, se habrían producido en ese marco y con la intención de que el gobierno de Cristina Kirchner intercediera en favor de Techint y lograra la salida de los empleados.
Con este fundamento, en 2020, el juez Marcelo Martínez de Giorgi revocó los procesamientos de Betnaza y Zabaleta y, más tarde, el juez Julián Ercolini los sobreseyó, igual que al CEO de la empresa, Paolo Rocca.
Al inicio de la audiencia y en otros tramos también, el tribunal les advirtió a los testigos sobre su situación y el riesgo latente de autoincriminarse y les recordó que tenían derecho a guardar silencio.
Los testigos, sin embargo, respondieron todas las preguntas formuladas por la fiscalía, la defensa de Baratta y la UIF, querellante en el caso y representada por Mariano Galpern.
Zabaleta, por su parte, dio cuenta de la relación de confianza que mantenía con Paolo Rocca, presidente de la empresa; contó que fue apoderado del empresario, que administró un campo suyo en General Villegas y que estuvo al frente de distintas gestiones personales, entre ellas, la compra de un avión.
Negó haberse puesto en contacto con integrantes de Techint durante el periodo que estuvo detenido y marcó: “En ningún momento Paolo Rocca habló conmigo de eso”.
Relató detalles sobre los días en los que estuvo detenido y, entre otras cuestiones, que dos teléfonos suyos y un pendrive en donde guardaba información de su día a día en la empresa se perdieron durante la investigación. “En cambio, me devolvieron una laptop que por el número era parecida, pero no era la mía”, sostuvo.
El presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, le rechazó a la defensa del exfuncionario Baratta el pedido para marcar una presunta “contradicción” entre la declaración que Zabaleta prestó como arrepentido en la causa -durante la instrucción- y la de hoy en el juicio oral.
“Estamos en un caso inédito del señor Zabaleta, inédito para la historia de la Justicia argentina y probablemente del mundo. Tenemos un imputado arrepentido que reconoce delitos y que queda sobreseído en esta misma causa. Pero que esos mismos delitos que él declara como arrepentido se van a usar de cargo porque por esos hechos Baratta llega a este juicio. Inédito”, sostuvo la abogada de Baratta, Elizabeth Gómez Alcorta.
A su pedido, y pese a que Baratta es el único funcionario imputado por estas entregas de dinero, se plegaron otras ocho defensas.
Finalmente, luego de un cuarto intermedio, el tribunal resolvió por mayoría hacer lugar al planteo y Zabaleta fue confrontado por las supuestas diferencias entre sus declaraciones.
“Cuando Luis me pide que haga esos pagos, yo hablé a la oficina mía del exterior [...] y dije que necesitaba en Buenos Aires el contravalor de un millón de dólares, en pesos”, recordó el testigo.
El testigo describió una estructura societaria de múltiples capas vinculada a Techint y explicó que, como apoderado, tenía control sobre cuentas de la compañía en el exterior. Según dijo, para hacerse del dinero exigido echó mano de un fondo en el que se acumulaban dividendos de la empresa. “Me lo dieron a mí y yo lo custodié para pagárselo a Baratta”, declaró.
El motivo por el que Techint le habría pagado a Baratta quedó en una zona borrosa con las declaraciones de Zabaleta y Betnaza. La cuestión es relevante porque la Justicia apartó de este juicio y sobreseyó a los directivos de la empresa al entender que las entregas se realizaron en un contexto distinto al de la obra pública.
“Sabía que [Baratta] era un funcionario de nivel, sabía que era el segundo del ministro De Vido, pero no tenía la menor idea de por qué le estaba pagando. Me bastaba la palabra de Luis Betnaza para pagarle”, dijo Zabaleta.
A su turno, Betnaza vinculó los pagos con los supuestos “gastos” derivados de la salida de trabajadores y familiares de Venezuela.
La defensa de Baratta le preguntó a Betnaza, que es abogado y fue vicepresidenta de la UIA, si en algún momento sospechó que esas entregas de dinero podían constituir un delito. “No lo sabía porque cuando a mí me plantean esto no sabía en qué forma se iba a manejar, para qué iban a utilizar eso; simplemente accedí al reclamo ante una emergencia”, respondió.
La audiencia fue y volvió entre los hechos, transcurridos en 2008, las declaraciones de los directivos como arrepentidos, en 2018, y las explicaciones que dieron este martes ante el tribunal sobre aquellas entregas de dinero.
En su vieja declaración como arrepentido, Zabaleta -que fue gerente administrativo de la compañía- describió un cuadro de amenazas o presiones por parte de Baratta del que formaba parte la situación de los trabajadores argentinos en Venezuela, pero también la posibilidad de que Techint dejara de recibir en el futuro obra pública por parte del Gobierno.
Este martes relativizó parte de aquellos dichos por las malas condiciones en las que declaró, según dio a entender. Sí contó que percibió como una advertencia que Baratta le dijera que ya sabía qué tenía que hacer con los “tubos” que la empresa tenía en Campana si los pagos seguían siendo en pesos y no en dólares.
Sin embargo, dijo que nunca dio el brazo a torcer, que las entregas siempre fueron en pesos, y que tiempo después a los hechos supo que estas nunca estuvieron atadas a la suerte de Techint en la obra pública, sino circunscritas solo a la emergencia que atravesaban los trabajadores argentinos en Venezuela.
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