Caso cuadernos: un ex directivo de una empresa confirmó que le pagaron coimas a Roberto Baratta

En el marco del debate por el caso Cuadernos, donde se juzga el circuito de sobornos desarrollado desde 2003 a 2015 por el gobierno kirchnerista, un ex directivo de la empresa Techint aseguró -en su rol de testigo-, que realizó pagos indebidos a Roberto Baratta, el ex funcionario kirchnerista de Planificación Federal. Héctor Zabaleta se convirtió en uno de los imputados colaboradores en el marco de la investigación, sin embargo, tiempo después junto a otros integrantes de la firma de la familia Rocca, quedó sobreseído.

El ex directivo, según sus dichos, fue el responsable de “los pagos a Roberto Baratta por unos 900.000, 1.000.000 de dólares”. Corroboró que las anotaciones de Oscar Centeno “eran correctas” en cuanto a fechas de pagos que él realizó “en el segundo subsuelo del edificio de la empresa, donde no había cámaras”. "Las entregas eran de cerca de un millón de dólares" agregó y dijo que se hicieron "en pesos" algo que molestaba a Baratta. Según rememoró, las entregas fueron en 2008.

Con 80 años, y bajo juramento de decir verdad, el contador público que cumplió funciones en la compañía Techint subió poco después de las 9 de la mañana al estrado. Declaró ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.

El testigo, que cuando fue detenido el 2018 por orden del juez federal Claudio Bonadio decidió acogerse a la figura del imputado colaborador, dio su testimonio respecto a los pagos realizados a Roberto Baratta. Ratificó lo que había aportado en su rol de arrepentido cuando la causa estaba en etapa de instrucción.

La situación de un imputado colaborador, sobreseído y citado como testigo, fue calificado por algunas defensas como “inédito”, algo que remarcó Elizabeth Gómez Alcorta -abogada de Baratta-. Señaló que se les impedía “confrontar los dichos contradictorios de un testigo que fue arrepentido y sobreseído en esta causa y se vulnera el derecho de defensa”.

Héctor Zabaleta fue sugerido como testigo por el Ministerio Público Fiscal, representado en este juicio por Fabiana León, quien inició el interrogatorio.

Se desarrolló la historia del testigo como gerente administrativo de la compañía, a la cual ingresó cuando aún no se graduaba. “Todo lo que hice para la familia Rocca fue por la confianza que tenían en mí”, señaló, relató que con Paolo Rocca “jamás hablé de Tenaris, ni de Techint Argentina, ni otras compañías, sólo hablábamos de temas personales”.

A lo largo de su declaración testimonial, relató que tuvo conocimiento del caso Cuadernos cuando tomó estado público y posteriormente, cuando se dictó la prisión preventiva sobre él. Le atribuyeron en ese momento que en seis oportunidades realizó pagos al ex funcionario de Planificación Federal. “Lo primero que se mencionó fue que, sin nombrar mi apellido, yo le había entregado a Baratta paquetes sin especificar qué eran”.

En ese contexto, la fiscal Fabiana León le preguntó, “¿Recibió directiva de alguien de entregar esos paquetes?”, sin dudarlo el testigo dijo: “Sí, Luis Betnaza me instruyó para entregar esos paquetes. Era el Director de Relaciones Institucionales de Techint y lo que yo entendía que era lógico, lo cumplía”.

La pregunta siguiente fue sobre si las entregas realizadas correspondían a dinero. En ese marco, Zabaleta dijo, “sí, era dinero. Cada entrega estaba en el orden de los 600.00 a 700.000 pesos. El total de las entregadas debían ser de cerca de 900.000 a 1.000.000 de dólares, según me instruyó Betnaza. Si no mal recuerdo, se cumplió pero se entregó en pesos”.

La representante del Ministerio Público Fiscal en ese momento le consultó al testigo si las fechas consignadas en los cuadernos de Oscar Centeno (el ex chofer de Baratta), eran correctas. El testigo corroboró que guardaban congruencia con las entregas que él realizó.

“Las fechas coincidían con las entregas, eran las cocheras del Edificio Catalinas en el segundo subsuelo”, dijo Zabaleta. Contó en ese contexto que “a pedido del señor (Roberto) Baratta, la primera vez me dijo que no quería ser visto por nadie, entonces yo lo hacía subir al auto, él ingresaba y yo le daba el paquete. El chofer no estaba cerca nuestro vehículo”.

Recordó -al continuar con su exposición-, que se trataba, en algunas ocasiones, “de un Toyota Corolla” el auto en el que llegaba Roberto Baratta. Ante la consulta del Ministerio Público, Zabaleta consignó que en ese segundo subsuelo donde se hacían las entregas de dinero, “no había cámaras".

Cuando declaró en Comodoro Py -recordó Zabaleta frente a una pregunta de la fiscal León- dijo que no recibió ningún tipo de presión ni del fiscal ni del juez: “sólo me preguntaron si me quería acoger a la figura del (imputado) colaborador y le dije que sí”.

Reconstruyó un diálogo y le explicó que no tenía posibilidades de realizar entregas en dólares, sí en pesos argentinos. En consecuencia, relató ante el TOF 7, que mantuvo una conversación telefónica con Roberto Baratta sobre la moneda en la que se realizaban los pagos, “le dije que eran en pesos y se molestó, me dijo que no podía ser, les voy a cortar el gas en la sede de Campana, quejoso”, pero finalmente los pagos se realizaron en moneda nacional.

La fiscal le preguntó si en retrospectiva esas expresiones podían ser consideradas presiones, y el testigo consideró que sí. “Yo no me sentía intimidado porque no teníamos dólares, pero fue las primeras veces que se quejó así, después coordinamos la entrega y listo”.

Después de un planteo formulado por la abogada de Baratta, Elizabeth Gómez Alcorta, el TOF 7 convalidó que le exponga al testigo su declaración como imputado colaborador al entender que había, al menos, dos contradicciones en su relato.

La primera es que ante la consulta de la fiscalía, Zabaleta dijo que Baratta lo llamó un día antes o el mismo día del primer pago exigido. “En su declaración usted dijo que fue diez días antes”, señaló la asesora letrada. El testigo respondió que aquella declaración fue hace ocho años “y posiblemente tenía más fresco los días, los plazos, no sé en qué cambia que haya sido un día o diez días antes”.

Se dio lectura a otro tramo en el que la abogada de Baratta le mostró que según su confesión como arrepentido, él sabía lo que debía hacer cada vez que se reunía con el ex funcionario. “Acá, acaba de decir que lo instruyó Betnaza sobre los pagos que debía realizar”. Para Zabaleta lo expuesto no revestía ninguna contradicción y reiteró que su superior le ordenó que le pague al ex funcionario “hasta 1.000.000, 1.200.000 dólares”.

En ese marco relató que los fondos destinados a los pagos que reclamaba Baratta con cada llamado provenían de Techint Finanzas, que contaba con cuentas bancarias en el exterior. “Fue el lugar desde el cual se financió para pagar el millón de dólares, esos fondos eran producto de los dividendos de esa firma”.

Puso como ejemplo que cuando la guerrilla colombiana secuestró a un ingeniero de la compañía, y se exigió el pago de un rescate, “pagamos con dinero de ese fondo que los accionistas habían puesto a disposición”.

Solicitó al banco radicado en el exterior que colocaran “el contravalor a un millón de dólares en las oficinas. El dinero llegó en tres o cuatro tandas”, relató. En ese momento, detalló que realizó seis o siete entregas a Baratta: “se pagaban 100 mil dólares cada quince días. El llamaba e iba pidiendo el dinero” y que había un plazo para concluir la entrega por el millón de dólares, “debía pagarse en el plazo de tres meses o cuatro”.

Cuando Zabaleta y otros ex directivos de Techint fueron sobreseídos por la justicia federal, se argumentó que los pagos realizados a ex integrantes del entonces Ministerio de Planificación Federal no formaron parte del esquema habitual de coimas de la obra pública, sino que se realizaron bajo una situación de urgencia e "inminencia de un peligro concreto".

Todo se sustentó en el conflicto de la compañía en Venezuela. Se comprobó que las entregas de dinero efectuadas a Baratta en 2008 tenían como fin que el gobierno de Cristina Kirchner gestionara e intercediera ante el régimen de Hugo Chávez en Venezuela. En ese momento, Chávez había dispuesto la expropiación de la siderúrgica Sidor (controlada por Techint) y la integridad física y libertad del personal argentino que trabajaba allí se encontraban bajo amenaza o riesgo extremo de detención.

En función de tal circunstancia, en su momento se explicó que los pagos realizados por Techint “no respondían al pago de retornos ilegales para obtener contratos o licitaciones públicas de obras en Argentina,” sino a una exigencia ilegítima formulada por funcionarios para “interceder humanitariamente y repatriar a los trabajadores en riesgo”.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales. [email protected]

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