La deuda como pregunta política
En entrevistas recientes, con la morosidad de las familias en niveles récord, el presidente Javier Milei volvió a descartar cualquier medida para aliviar a los deudores. Planteó la cuestión como un simple problema contractual entre partes privadas: si alguien no puede cumplir un compromiso asumido libremente con un banco o una financiera, dijo, no le corresponde al Estado “pasarle la cuenta a todos los demás”. Preguntó, retóricamente, si a esos deudores “alguien les puso una pistola en la cabeza” para tomar el crédito, y atribuyó buena parte del deterioro a los “ataques del kirchnerismo”.
Días antes, el propio ministro de Economía, Luis Caputo, había usado casi la misma fórmula -“un acuerdo entre privados”- para explicar por qué el Gobierno no contempla ningún rescate a las familias endeudadas.
La secuencia de datos que motivó esas declaraciones es contundente. Según el Banco Central, la mora del sector privado no financiero alcanzó en mayo de 2026 su nivel más alto en veinticuatro años, tras diecinueve meses consecutivos de aumento; recién en junio se registró una leve baja, del 7,7% al 7,6%, con la mora de las familias cediendo apenas de 12,8% a 12,7%. Frente a esos números, la respuesta oficial no fue de política pública sino de filosofía moral: la deuda, para el Gobierno, es un asunto que se dirime entre dos privados y en el que el Estado no tiene por qué intervenir.
Sin embargo, esta respuesta -y el fastidio que generó- no es un exabrupto aislado. Es la expresión más nítida de una inflexión profunda de las democracias contemporáneas: cada vez más las deudas de los hogares enlazan la política y la sociedad, y, por lo tanto, se han convertido con el tiempo en una de las arenas centrales donde se juzga el apoyo de los gobiernos.
La filosofía moral de Milei (“acuerdo entre privados”) choca con esta realidad sociológica de la deuda.
La deuda de las familias no se limita a organizar el consumo o el presupuesto doméstico: también organiza la percepción y el juicio políticos. La capacidad -o la incapacidad- de honrar los pagos se vuelve una prueba cotidiana de la credibilidad del Estado, de la competencia del gobierno y del valor de las promesas colectivas. En ese sentido, las familias endeudadas no reproducen simplemente lógicas financieras: interpretan y evalúan el desempeño político de los gobiernos democráticos a través de sus obligaciones financieras.
En Una historia de cómo nos endeudamos (Siglo XXI editores) muestro que la deuda de las familias ha sido una arena fundamental a través de la cual los ciudadanos le atribuyeron crédito o culpa a los gobiernos democráticos de la Argentina desde 1983, mediando la relación entre ciudadanos y Estado y moldeando tanto las condiciones materiales como las expectativas morales y políticas con que los argentinos evaluaron a sus sucesivos gobiernos.
Cada ciclo político desde el retorno de la democracia puede leerse en esa clave -incluido el que llevó al gobierno al actual presidente.
Mis investigaciones de 2023 mostraban ese estado de ánimo difundido transversalmente: quien había pedido prestado para comer y la clase media que no llegaba a fin de mes compartían la sensación de que el esfuerzo propio no encontraba retorno institucional -de que las deudas no eran el precio de algo, ni el escalón hacia ningún lugar, sino simplemente el precio de permanecer en el lugar. Para no caer.
La Argentina no está sola en este cuadro. Basta mirar a Brasil, donde en abril de 2026, por primera vez desde que el indicador se mide, más de cuatro de cada cinco familias declararon tener algún tipo de deuda. El 80,9% marcó el máximo histórico de la serie de la Encuesta de Endeudamiento e Incumplimiento del Consumidor (Peic), realizada por la Confederación Nacional de Comercio, y no fue un pico aislado: fue el quinto mes consecutivo de récords, con el índice avanzando aún más en mayo, al 81,6%. Según el Banco Central brasileño, la porción del ingreso familiar comprometida con el pago de deudas saltó de cerca del 22% en 2019 al 29,7% a fines de 2025 —casi un tercio del presupuesto doméstico ya reservado antes de llegar a la heladera, al alquiler o a la factura de luz. Frente a ese cuadro, el gobierno federal relanzó en mayo el Novo Desenrola Brasil, un programa de renegociación de deudas para familias, estudiantes y pequeños negocios asfixiados por el crédito caro —una respuesta, se podría decir, en las antípodas de la que ensaya el gobierno argentino.
La deuda de las familias volvió a infiltrarse en la disputa electoral brasileña, como seis años antes ya había atravesado la elección que llevó a Lula a su tercer mandato -y reaparece ahora que busca la reelección. Las finanzas domésticas ocupan un lugar cada vez más central en la política contemporánea, los ejemplos se acumulan más allá de Argentina y Brasil: difícilmente se entienda el ascenso de Gabriel Boric en Chile sin el malestar del endeudamiento exorbitante de las familias chilenas, herencia de un modelo que privatizó la educación, la salud y la previsión social y empujó al crédito a llenar el vacío dejado por el Estado. Del mismo modo, la crisis política española que proyectó a Podemos al gobierno no se explica sin las movilizaciones de hipotecados, cuya indignación contra los desalojos le dio a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca una centralidad que ningún partido tradicional supo anticipar.
La democracia no se manifiesta solo en las instituciones, los partidos o las elecciones, sino también en la vida monetaria íntima de las familias. Es allí, en la frontera donde los significados morales y políticos del endeudamiento se encuentran con las expectativas dirigidas al Estado, donde la confianza —o la desconfianza— en la promesa democrática se decide día tras día.
La sociología de la deuda enseña algo que la economía suele olvidar: el momento en que una familia no puede pagar no es solo un evento financiero, sino el momento en que se activa la pregunta sobre la responsabilidad. ¿Quién tiene la culpa, el deudor que no supo administrarse, el gobierno que no controló la inflación, o el sistema que prometió lo que no podía cumplir?
En la Argentina de hoy, esa pregunta vuelve a estar disponible: los hogares que se endeudaron para sobrevivir, que esperaron que el ajuste de Milei trajera estabilidad y ven acumularse la morosidad sin que el horizonte se abra, están en ese umbral moral en el que el sufrimiento privado busca una explicación pública y un responsable político. Que el propio Presidente responda a esa pregunta diciendo que no es asunto del Estado sino “un acuerdo entre privados” no cierra la discusión: la reabre, porque son millones de hogares los que, todos los días, deciden si esa respuesta les resulta creíble o buscarán devolver a esas palabras un rechazo tan profundo como el que llevó al propio Milei a la presidencia.
