La ONU: de garante de la paz a maquinaria global de demonización

Las Naciones Unidas nacieron de una promesa que parecía imposible de discutir: después del horror de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, el mundo debía construir instituciones capaces de impedir que semejante barbarie volviera a repetirse.

Pero ocho décadas después, la pregunta incómoda ya no es qué hace la ONU para cumplir ese mandato, sino cuánto se ha alejado de él.

Mi planteo es deliberadamente incómodo: la ONU dejó de comportarse como un árbitro neutral y terminó funcionando como una plataforma de legitimación política de quienes buscan destruir a Israel y debilitar a las democracias occidentales.

No se trata simplemente de una diferencia diplomática, de una votación desfavorable o de una crítica puntual al Estado de Israel. El problema es estructural. Es la existencia de mecanismos institucionales que permiten que Israel sea tratado bajo una vara completamente diferente a la aplicada al resto del planeta.

Durante décadas, la ONU construyó un sistema en el que la condena a Israel dejó de ser una reacción excepcional para transformarse en una rutina.

El símbolo más evidente fue la Resolución 3379 de 1975, aquella que definió al sionismo como una forma de racismo. Aunque fue revocada en 1991, dejó instalada una idea peligrosa: que el movimiento nacional del pueblo judío podía ser presentado como moralmente ilegítimo.

Mientras regímenes autoritarios, dictaduras y países con gravísimas violaciones de derechos humanos ocupan espacios centrales dentro de organismos internacionales, Israel aparece una y otra vez como el gran acusado.

Y aquí aparece una de las mayores contradicciones de todo el sistema: los gobiernos que restringen libertades, persiguen opositores, encarcelan periodistas o reprimen minorías terminan participando de estructuras desde las cuales se pretende dar lecciones de derechos humanos a la única democracia del Medio Oriente.

Hay algo todavía más grave: el denominado Punto 7 del Consejo de Derechos Humanos, dedicado permanentemente a Israel y a los territorios palestinos.

La existencia de una categoría de agenda permanente específica para un solo Estado revela, como mínimo, una selectividad extraordinaria.

El problema no es discutir las acciones de Israel. Ninguna democracia debe estar por encima del escrutinio.

El problema aparece cuando el escrutinio deja de ser universal y se convierte en obsesión.

Otra completamente distinta es construir una arquitectura institucional en la que la condena de Israel parezca formar parte del procedimiento antes incluso de analizar los hechos.

Porque cuando la institución encargada de investigar termina anticipando el culpable, deja de actuar como árbitro y empieza a actuar como actor político.

La agencia fue creada como una estructura específica para los refugiados palestinos y, a diferencia del esquema general de ACNUR, desarrolló un sistema particular en el que la condición de refugiado se transmite de generación en generación.

El resultado es una anomalía que ha contribuido a perpetuar el problema en lugar de resolverlo.

Durante décadas, enormes recursos internacionales fueron destinados a sostener una estructura que terminó convirtiéndose en un actor central de la vida palestina.

Las investigaciones sobre empleados vinculados con Hamás, las acusaciones sobre utilización de instalaciones de la UNRWA por parte de organizaciones terroristas y los señalamientos relacionados con materiales educativos y adoctrinamiento obligaron a Occidente a mirar algo que durante demasiado tiempo prefirió ignorar.

Pero precisamente por eso debe existir una frontera absoluta entre asistencia a civiles y colaboración con estructuras terroristas.

Cuando esa frontera desaparece, el humanitarismo deja de proteger a las víctimas y puede terminar protegiendo a quienes las utilizan como escudos.

En una guerra cognitiva, controlar la interpretación de la realidad puede ser tan importante como controlar el territorio.

Por eso, las cifras sobre hambre, víctimas civiles o crisis humanitarias adquieren una dimensión política extraordinaria.

Determinados mecanismos de evaluación vinculados con Gaza modificaron criterios o utilizaron proyecciones discutibles para sostener diagnósticos que luego eran convertidos en argumentos políticos contra Israel.

La cuestión es otra: ¿qué sucede cuando una institución internacional presenta datos cuya metodología, fuentes o criterios son cuestionables, pero esos números adquieren inmediatamente categoría de verdad incuestionable en medios de comunicación, universidades y gobiernos?

La misión de UNIFIL fue concebida para contribuir a mantener la seguridad en la frontera y evitar que grupos armados operaran libremente en esa zona. Sin embargo, la presencia y expansión de Hezbollah demuestra hasta qué punto el mecanismo fracasó en cumplir ese objetivo.

¿Qué valor tiene una resolución internacional si nadie está dispuesto a hacerla cumplir?

Pero cuando las organizaciones terroristas acumulan armas y consolidan infraestructuras militares, la maquinaria internacional demuestra una enorme dificultad para convertir sus propias palabras en hechos.

Israel es condenado por defenderse de una amenaza que la propia comunidad internacional no consiguió, o no quiso, eliminar.

Uno de los ejemplos más dolorosos fue la respuesta inicial frente a los crímenes sexuales cometidos durante el ataque del 7 de octubre.

Cuando una organización internacional dedicada a promover los derechos de las mujeres calla frente a denuncias de violaciones, torturas y asesinatos de mujeres israelíes, el problema deja de ser solamente comunicacional.

que determinadas estructuras de la ONU han sido capturadas por una lógica política que ha convertido a Israel en un objeto permanente de demonización y ha debilitado la credibilidad del sistema entero.

Pero cuando la selectividad se vuelve sistémica, cuando el terrorismo puede infiltrarse en estructuras humanitarias, cuando las resoluciones se convierten en herramientas de propaganda y cuando la autodefensa de una democracia es sometida a un escrutinio incomparablemente superior al que enfrentan sus agresores, ya no estamos hablando solamente de ineficiencia.

La mayor ironía histórica es que la organización creada después del Holocausto para impedir que el horror volviera a repetirse termina participando de un sistema narrativo en el que la violencia contra los judíos vuelve a ser presentada bajo disfraces políticos.

Necesita que sus crímenes sean relativizados, que sus cifras sean amplificadas sin suficiente escrutinio, que Israel sea presentado permanentemente como el agresor y que la responsabilidad moral se desplace desde quienes iniciaron la violencia hacia quienes intentan detenerla.

Se libra también en las universidades, en los medios, en las redes sociales, en los tribunales internacionales y en los organismos multilaterales.

Por eso, Occidente debe dejar de considerar intocable a una institución por el solo hecho de haber nacido de una buena idea.

Y si la ONU quiere recuperar alguna vez la autoridad moral que perdió, deberá demostrar algo que hoy parece cada vez más difícil:

que los derechos humanos son realmente universales, que el terrorismo nunca puede ser legitimado y que el antisemitismo no vuelve a entrar por la puerta de atrás disfrazado de diplomacia, activismo o supuesto humanitarismo.

¿Cuántas veces más tendremos que repetir la historia antes de admitir que el problema no está solamente en los terroristas, sino también en quienes les construyen el escenario para justificarse?