Desde hace un mes, el juez Martín Irurzun está en un "limbo" jurídico y espera una señal de la Corte
El juez federal Martín Irurzun, después de más de medio siglo de trabajo en la Justicia federal, atraviesa desde hace un mes un singular “limbo” jurídico. El mes pasado cumplió 75 años y, como el presidente Javier Milei no envió su pliego al Senado para otorgarle una prórroga de cinco años, presentó un recurso que ahora está pendiente de resolución en la Corte Suprema.
En cambio, el gobierno de Milei sí le otorgó una prórroga al padre del ministro de Justicia, Carlos Mahiques, pese a que no tiene una trayectoria judicial tan extensa como la de Irurzun. Algo parecido había hecho Cristina Kirchner con la jueza de Casación Ana María Figueroa, aunque en aquel caso el episodio terminó envuelto en un escándalo político e institucional.
Para muchos, esa facultad constitucional del presidente de turno es discrecional y puede convertirse en una herramienta para favorecer a los jueces “amigos”. El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó en contra de Irurzun y sostuvo que no puede continuar en el cargo después de cumplir los 75 años, la edad máxima que establece la Constitución Nacional para los magistrados.
Los jueces de la Corte, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, ya están en condiciones de votar. Es decir: hace un mes que Irurzun permanece en una suerte de limbo institucional. Dejó de firmar resoluciones, no asiste a su despacho de Comodoro Py y su situación sigue sin definirse porque el máximo tribunal aún no se expidió.
Mientras tanto, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, espera. Una decisión de la Corte que haga suyo el criterio de Casal podría terminar dejando otra vacante en uno de los tribunales más estratégicos de la Justicia argentina: la Cámara Federal porteña que tiene la facultad de ratificar los procesamientos por corrupción a políticos.
Pero, al mismo tiempo, comienzan a multiplicarse las voces que reclaman la permanencia de Irurzun.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, recordó este fin de semana que “la base de las causas por corrupción contra Cristina Kirchner y muchos de sus funcionarios la dieron los jueces Martín Irurzun y Horacio Cattani durante el mismo gobierno de los Kirchner. Y ahora parece que todos se olvidan”.
Desde 2003, Cristina Kirchner y sus principales dirigentes y aliados políticos impulsaron pedidos de juicio político contra Irurzun y promovieron denuncias judiciales que no prosperaron. El motivo de fondo era conocido: los fallos con los que el magistrado mantuvo abiertas algunas de las investigaciones de corrupción más resonantes de los gobiernos kirchneristas, aun frente a las presiones políticas de cada época.
Mucho antes de convertirse en uno de los jueces más poderosos de Comodoro Py, cuando todavía era juez de instrucción, investigó la conexión argentina de la Tangentopoli italiana, intervino en la causa que terminó con la condena del ex jefe de Montoneros Mario Firmenich a 30 años de prisión -pena que luego fue indultada por Carlos Menem-, actuó en el caso de la prohibición de la solicitada a favor de Videla y en la investigación por el secuestro y asesinato del financista Osvaldo Sivak, entre otros expedientes de enorme repercusión.
También procesó al dictador Jorge Rafael Videla y a su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, por el secuestro de los hermanos Gutheim.
Menem lo ascendió a la Sala II de la Cámara Federal. La operación política, según se interpretó entonces en los tribunales, tenía un objetivo evidente: sacar a Irurzun del lugar desde el cual investigaba a funcionarios del poder. Pero ocurrió algo distinto.
Desde el tribunal de alzada, Irurzun continuó dictando fallos en causas sensibles de derechos humanos y corrupción.
Uno de los más trascendentes fue el reconocimiento del derecho a la verdad de los familiares de desaparecidos, cuando las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos de Menem parecían haber sepultado cualquier posibilidad de avanzar sobre los crímenes de la última dictadura.
En esa misma línea, ratificó los procesamientos contra jefes de la Armada por los secuestros y desapariciones vinculados con la Iglesia de la Santa Cruz, entre ellos dos monjas francesas. También confirmó el procesamiento del ex ministro de Bienestar Social de Juan Domingo Perón, José López Rega, por los crímenes de la Triple A.
A fines de los años 90, Irurzun confirmó el procesamiento por asociación ilícita que el juez Jorge Urso y el fiscal Carlos Stornelli habían impulsado contra Menem y varios de sus funcionarios por la venta ilegal de 6.500 toneladas de armas a Ecuador y Croacia.
Lo hizo pese a las presiones provenientes de funcionarios del entonces presidente y a las amenazas que rodearon aquella investigación. También intervino en la causa conocida como la Mafia del Oro.
El mismo criterio mantuvo en otras investigaciones que tocaron intereses poderosos: la venta ilegal de terrenos de Radio Nacional atribuida a María Julia Alsogaray, los sobresueldos del menemismo financiados con fondos reservados de la SIDE y la llamada Mafia de los Medicamentos, que terminó con el procesamiento del entonces poderoso secretario general de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola.
En los tribunales de Comodoro Py siempre se afirmó que Irurzun mantenía buenos vínculos con la Unión Cívica Radical. Sin embargo, cuando llegó el momento de juzgar a uno de los principales referentes de ese partido, no dudó.
Confirmó el procesamiento del ex presidente Fernando de la Rúa por la causa de los sobornos pagados a senadores del PJ a cambio de la aprobación de una ley de reforma laboral. Años después, el ex presidente terminaría absuelto por un tribunal oral.
El expediente atravesó gobiernos, partidos, alianzas y presidentes. Irurzun quedó. Y cuando llegó la hegemonía del kirchnerismo, tampoco cambió su manera de decidir.
En 2017, en pleno auge de la teoría del “lawfare” y cuando el poder político cuestionaba duramente a los jueces que investigaban a funcionarios kirchneristas, Irurzun avaló la prisión preventiva del ex ministro de Planificación y entonces diputado sin fueros Julio De Vido.
De aquel fallo nació lo que luego se conoció como la “doctrina Irurzun”: la consideración del poder residual de los ex funcionarios como un factor que podía incrementar el riesgo de entorpecimiento de una investigación.
En realidad, el juez no había inventado una nueva ley. Había aplicado un artículo del Código Procesal Penal de la Nación que muchos no se atreven a usar. El problema era que durante años buena parte de los jueces había evitado aplicar con la misma severidad las normas de prisión preventiva en causas de corrupción y delitos de “cuello blanco”, especialmente cuando no había violencia ni hechos de sangre.
En la causa Vialidad, que terminó con la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión, Irurzun confirmó, como integrante suplente de la Sala I de la Cámara Federal, el procesamiento por asociación ilícita y fraude contra el Estado. También intervino en la causa de Lázaro Báez y la llamada Ruta del Dinero K.
Pero hubo una causa que probablemente explique mejor que ninguna otra la dimensión política de sus decisiones: la investigación por el encubrimiento de los ciudadanos iraníes acusados por el atentado contra la AMIA, conocida como “el Pacto con Irán”, iniciada a partir de la denuncia del fiscal Alberto Nisman.
Irurzun confirmó los procesamientos en esa causa, entre ellos el de Cristina Kirchner. Y también intervino en las decisiones judiciales vinculadas con los acusados por el crimen del propio Nisman.
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