Ley de Tierras: un debate empobrecedor
La Argentina acaba de cerrar un nuevo capítulo de su vieja querella sobre la propiedad de la tierra. El disparador de la discusión fue el proyecto de reforma de la ley 26.737, la norma sancionada en 2011 que impuso límites a la propiedad del suelo en manos extranjeras.
En nombre del mercado, el gobierno de Milei quiso anular esas restricciones. Pero la sensibilidad nacionalista despertada por el debate terminó infligiéndole una sonora derrota política.
En Argentina, hablar de tierra es también hablar de nación. Y lo que el debate mostró es que la visión que subraya el poder creador del mercado no tiene músculo político y arraigo social suficientes como para doblegar una movilización convocada contra la “extranjerización de la tierra”, incluso si esta se apoya en una visión arcaica y desajustada del significado de la soberanía nacional.
La ley de Tierras de 2011 es una mala ley, que ataca con instrumentos inapropiados un problema en gran medida imaginario. Para entender su sanción hay que recordar el clima en que fue concebida, marcado por una fuerte alza global del precio de los alimentos.
Motorizado por la expansiva demanda de China, en esos años la seguridad alimentaria se convirtió en un tópico de enorme relieve. Y ello suscitó temores de que Estados extranjeros o fondos de inversión internacionales avanzaran sobre la tierra argentina, ya fuese con el fin de asegurarse la provisión de alimento o para lucrar con una actividad que prometía ofrecer gran rentabilidad.
A quince años de la ley 26.737 podemos decir que la inquietud que la motivó era exagerada. Ni antes ni después de sancionada hubo mucho interés foráneo en la tierra argentina. Pero nos quedó una ley que aborda mal la cuestión crucial de la calidad de la inversión extranjera, tan necesaria para impulsar el crecimiento. Pues la ley impone un tope a los propietarios extranjeros, pero no discrimina entre el valor relativo de los proyectos productivos, y tampoco permite monitorear quién compra, con qué fin y con qué efectos sobre el ambiente, las fronteras y las comunidades vecinas.
Le otorga el mismo tratamiento a un proyecto que desarrolla un gran proyecto forestal, que implican inversiones de largo plazo muy beneficiosas para el país, que a una compra especulativa de un fondo de inversión de turbios antecedentes.
La iniciativa oficial no se ocupó de estos temas, pues apuntó todos sus cañones hacia la necesidad de liberalizar para atraer inversión. Se enfocó en eliminar o reducir el tope, dejando de lado cuestiones más relevantes como el tipo de incentivos capaces de promover un uso socialmente valioso del suelo.
Tampoco mostró interés en los resguardos necesarios para asegurar el cuidado del ambiente y el control estatal en zonas estratégicas. Abrazado al mercado, dejó muchos flancos abiertos y esto, en un país en el que el nacionalismo territorial es una fuerza poderosa, significó firmar su acta de defunción.
Debido quizás a nuestra peculiar historia de nación de inmigrantes, el territorio ocupa un lugar de relieve en nuestra manera de concebir la nación. En un país que para 1910 tenía la mitad de sus varones adultos nacidos en el extranjero, era difícil que el lazo que nace de un pasado común o de un idioma compartido sirviera de base para la construcción de un “nosotros” capaz de contener a todos los argentinos. De allí que la geografía, quizás más que la historia o la lengua, constituye un registro especialmente propicio para imaginar el lazo nacional.
Aluvional y magmática, Babel de lenguas y tradiciones, la Argentina de Roca y de Perón se imaginó como un proyecto lanzado hacia el futuro antes que como una herencia del pasado. Y en esa construcción la tierra y el paisaje desempeñaron un papel de importancia superlativa como cimiento de la nación.
A la luz de esta historia, y en el clima de fervor patriota desatado por el campeonato mundial de fútbol, que el propio gobierno torpemente contribuyó a alimentar, ¿a quién puede sorprenderle que la consigna “la patria no se vende” trascendiese ampliamente a los sectores más politizados para alcanzar una vasta convocatoria popular? Surfeando esa ola, una oposición huérfana de ideas le dobló el brazo al gobierno, echando por tierra su proyecto desregulador.
La movilización contra la Ley de Tierras muestra que el nacionalismo territorial es una fuerza poderosa en nuestra vida pública. Y muestra también que “las ideas de la libertad” están lejos de haber conquistado los corazones de las mayorías. Cuando las ideas pro-mercado chocan con otros valores más centrales a nuestra cultura política, sus limitaciones se vuelen evidentes.
La derrota de una iniciativa legislativa tan deficiente como no merece ser lamentada. Pero lo verdaderamente triste es que los pobres argumentos en torno a los cuales se organizó el debate –“mercado vs. soberanía” – representan un paso atrás en el camino hacia una ley de tierras superior a la que la que hoy tenemos.
Para crecer y mejorar el nivel de vida de las mayorías, nuestro país necesita más, no menos, inversión extranjera. Sobre todo, inversión de calidad. Por eso debería ir más allá de discutir si abre o cierra la puerta a los extranjeros. En la era de los gigantes tecnológicos y la inteligencia artificial, de la guerra con drones y la tecnología digital, la idea de que la soberanía se protege restringiendo la presencia extranjera es una quimera.
Una buena Ley de Tierras debe promover la inversión externa de calidad, que es una palanca fundamental de desarrollo, mientras a la vez fortalece los instrumentos estatales y ciudadanos de control del ambiente y los procesos productivos.
Ojalá en las próximas décadas logremos dejar de lado tanto las nuevas doxas que promueven un mercado desregulado como las vetas más anacrónicas del nacionalismo territorial y nos animemos a concebir la relación entre tierra y nación a la altura de los desafíos del siglo XXI.
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