La violación judicializada de derechos humanos como arma del socialismo del siglo 21 debe terminar en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia
Cometer delitos para tomar y detentar indefinidamente el poder con impunidad y atribuirlos a las víctimas violando judicialmente sus derechos humanos, es metodología de la dictadura de Cuba expandida como terrorismo de Estado en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y en sus gobiernos para dictatoriales. El uso de fiscales y jueces como arma del socialismo del siglo 21, judicializando la violación de derechos humanos está vigente, ha producido muertes, miles de presos, millones de exiliados políticos y debe terminar sin impunidad.
Para institucionalizar su sistema dictatorial del socialismo del siglo 21 o castrochavismo reemplaza todos los elementos esenciales de la democracia por mecanismos de “terrorismo de Estado”: cambia leyes que protegen la libertad y los derechos fundamentales por “leyes infames” que violan los derechos humanos, creando un sistema de normas que falsifica la estructura del estado de derecho; controla todos los órganos del Estado copando el judicial, extinguiendo la separación e independencia de poderes; así, judicializa la represión política anulando oposición real y libre asociación política, con lo que construye su “oposición funcional” para operar la “dictadura electoralista” en la que el pueblo vota pero no elige.
La normativa impuesta por la llamada izquierda o castrochavismo con constituyentes, cambio de leyes, de códigos, de tipos delictivos, de procedimientos, de sistemas, violación de principios universales de derecho, liquidación de la rendición de cuentas y de transparencia, en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador con Correa, Argentina con los Kirchner, Brasil con Lula, México con López Obrador y más, ha producido la barbarie que se resume en la “violación judicializada de derechos humanos”.
Este iter criminis de destrucción de la libertad y la democracia ha generado “fiscales sicarios” o acusadores contra inocentes, falsificadores de pruebas, violadores derechos humanos y matones con competencia para disponer de la vida y la hacienda de la gente; y ha producido “jueces infames” que carecen de honra porque aplican leyes que violan los derechos humanos desconociendo principios, valores y la normativa jurídica y moral universal, dictando sentencias y fallos soporte del terrorismo de Estado, que dan impunidad a los detentadores del poder. No son justicia, son parte del grupo criminal narcoterrorista.
Es el régimen de “indefensión”, definido como “la situación en que se coloca a quien se impide o se limita indebidamente la defensa de su derecho”, se trata de la “alteración injustificada de la igualdad”. Los ciudadanos bajo regímenes dictatoriales viven en situación de indefensión y por eso empobrecen, migran o se someten a la miseria.
Este escenario de la normalización del crimen organizado detentando el poder político está hoy vigente plenamente en Cuba y Nicaragua cuyas dictaduras permanecen intactas; y presenta indicios de desmontaje en Venezuela y en Bolivia. Para terminar las dictaduras hay que quitar el poder -no solo el gobierno- a la delincuencia organizada que es dueña del sistema normativo dictatorial que han creado.
El cambio de la geopolítica en las Américas iniciado el año 2025 con su mayor señal la captura de Nicolas Maduro el 3 de enero 2026 produce la expectativa de terminación de las dictaduras de Cuba y Nicaragua, muestra crecientes avances en Venezuela bajo la tutela de Estados Unidos y abre espacios para iniciativas de libertad en Bolivia cuyo gobierno se mantiene hasta ahora como continuista en el sistema del narcoestado plurinacional.
En este marco, jueces y tribunales constitucionales en Bolivia, atendiendo “acciones de libertad” que es el sustituto plurinacional del “habeas corpus”, han empezado a restituir parcialmente la vigencia de derechos humanos como “el derecho a la libertad personal”, “las garantías judiciales”, “el principio de legalidad y de irretroactividad”, “la presunción de inocencia”, “la igualdad jurídica”, “el debido proceso”, “el juez imparcial”, y más, consagrados por la Declaración Universal de Derechos Humanos y obligatorios por los artículos 7, 8 y 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José.
Es el caso de los procesos planteados por ex ministros del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada que han merecido dos fallos en tribunales de Santra Cruz y uno en Cochabamba que ANULAN el juicio y la persecución judicializada desatada por los autores de los hechos delictivos disfrazados de acusadores, testigos o víctimas. La justicia constitucional “reconoció violaciones al debido proceso, la igualdad ante la ley, la verdad material e investigación integral al haberse perseguido solo a las ex autoridades sin investigar a los actores beneficiados por la amnistía dictada por Carlos Mesa”.
Se abre en Bolivia la verdadera investigación del inicio de la crisis de Bolivia con el golpe de estado que los conspiradores y beneficiarios llaman “la guerra del gas”. Que produjo la dictadura castrochavista de Evo Morales y Arce, la suplantación de la República de Bolivia por el narcoestado plurinacional, más 20 masacres sangrientas, más de 300 presos políticos, más de 27.000 exiliados, la desaparición de la riqueza del gas, la inexistencia de gasolina, diésel, dólares y reservas de oro, más del 60% de pobreza nacional, entreguismo, traición a la Patria, confrontación, impunidad y más.
Es una brisa de libertad, que puede ser suprimida por el Tribunal Constitucional Plurinacional -órgano del sistema dictatorial- en la revisión de los fallos, pero sigue la instancia de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La lucha por la libertad sigue.
