Una por una, todas las prepagas y obras sociales que inhabilitó el Gobierno: los motivos detrás de la medida
Durante el proceso de revisión y depuración del sistema de salud privado, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) eliminó recientemente a 18 entidades de medicina prepaga y mutuales del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP). Así, la cantidad total de prepagas y obras sociales excluidas desde el inicio de la gestión de Javier Milei supera las 180 entidades.
La medida forma parte de la política nacional para asegurar que solo las organizaciones que cumplen la normativa y ofrecen servicios efectivos permanezcan en el registro.
La SSS justificó la decisión en la necesidad de garantizar un padrón transparente y confiable. Las auditorías detectaron entidades que no realizaban actividades incluidas en la Ley N° 26.682, carecían de afiliados activos o no presentaban la documentación requerida. Tras notificar e intimar a las empresas a regularizar su situación sin obtener respuestas adecuadas, el organismo rechazó sus inscripciones y eliminó sus registros provisorios.
La comunicación oficial se realizó a través de edictos publicados en el Boletín Oficial, donde se informó sobre el inicio y la resolución del procedimiento de baja. El organismo aclaró que la decisión no afecta a los usuarios del sistema, ya que las entidades dadas de baja no tenían beneficiarios activos ni ofrecían servicios al momento de la inspección.
Las 18 entidades recientemente excluidas incluyen empresas, mutuales y cooperativas identificadas por la Superintendencia. Según la información oficial, esta depuración busca fortalecer los controles y mejorar el funcionamiento del sector. Además, la SSS remarcó que el saneamiento del registro es una herramienta para “garantizar reglas claras para los agentes y mayor seguridad para los usuarios”.
La depuración del padrón comenzó en los primeros meses de la actual administración, cuando se detectó la existencia de numerosas entidades inscriptas sin estructura operativa, afiliados ni documentación básica. En muchos casos, se trataba de agentes inscriptos formalmente pero sin actividad real.
Las resoluciones publicadas alcanzaron a organizaciones de distintos perfiles y jurisdicciones que no cumplieron con los requisitos para permanecer en el registro. La SSS detalló que la exclusión implica la imposibilidad de operar y ofrecer servicios en todo el territorio nacional bajo cualquier modalidad.
Algunas de las entidades excluidas contaban con un registro provisorio. El proceso incluyó notificaciones formales y plazos para presentar la documentación, pero la falta de respuesta o el incumplimiento derivó en la exclusión definitiva. El organismo de control sostiene que “el objetivo es contar con un registro transparente, integrado únicamente por agentes que compitan libremente y brinden prestaciones de calidad a sus afiliados”.
En simultáneo, la Superintendencia declaró en situación de crisis a la Obra Social de Operadores Cinematográficos (R.N.A.S. Nº 1-0460-3) por incumplimientos graves a los parámetros fijados por el Decreto N° 1400/2001. Se detectaron irregularidades en las prestaciones, en los aspectos jurídico-institucionales, contables, de atención al beneficiario, y en los indicadores económicos y de capacidad de repago. La entidad deberá presentar un plan de contingencia con medidas concretas para corregir su situación.
