El Gobierno blindó la Plaza de Mayo y aplicará el protocolo antipiquetes en la marcha por el endeudamiento de las familias
El Gobierno activó este jueves un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones de la Casa Rosada y del Palacio de Hacienda, con vallado incluido desde mitad de la Plaza de Mayo y una fuerte presencia de fuerzas federales.
La medida comenzó en la previa a la marcha que se realizará durante la jornada de hoy en la que distintas agrupaciones sindicales y sociales reclamarán por el sobreendeudamiento de millones de argentinos y la situación de las PYMES.
La mora en los hogares alcanza niveles récord: según datos del Banco Central (BCRA), en mayo ascendió al 12,8%, el mayor nivel en más de 24 años. En tanto, la mora total del crédito a personas, que incluye el crédito del sistema financiero y no financiero, se quintuplicó en los últimos 18 meses.
En el oficialismo calificaban la marcha como “política” y apuntaban a que el reclamo fue organizado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma.
La idea de los organizadores es marchar hacia el Palacio de Hacienda, ubicado a metros de Balcarce 50, para reclamar soluciones ante el endeudamiento de millones de familias argentinas.
Días atrás, al ser consultado por la situación que afecta a millones de argentinos, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que es un “tema entre privados”, porque el banco le da un crédito a un tercero. “Tampoco hay mucho en lo que nosotros podamos hacer ahí”, dijo en declaraciones a los medios.
En tanto que quien se diferenció por el tema en las últimas horas fue la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. La referente del oficialismo ratificó el rumbo económico, pero reconoció el lento repunte de la actividad. “Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana”, señaló.
En un tweet corregido poco después, Bullrich también incluyó la frase: “Que llegue a las familias. Que llegue a las empresas. Que llegue a cada argentino”.
La situación de morosidad se convirtió en una de las principales señales de alerta de la economía argentina. Y es aún más preocupante por fuera de los bancos: entre los proveedores no financieros de crédito —fintech, tarjetas no bancarias, casas de electrodomésticos, entre otros—, donde los atrasos mayores a tres meses alcanzaron casi un tercio del total.
En cuanto al operativo dispuesto en los alrededores de la Plaza de Mayo, desde el Ejecutivo aseguraban que estará vigente la implementación del protocolo antipiquetes. “Como siempre que hay manifestaciones”, justificaron.
En el Ministerio de Seguridad, además, estará activo el Comando Unificado, donde los representantes de cada fuerza monitorearán el desarrollo de la protesta.
En la última marcha contra el Gobierno se produjeron graves incidentes. Fue el pasado 6 de agosto, mientras en el Congreso se debatía la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que en su tramo principal acelera los procesos de desalojo frente a ocupaciones ilegales y fija límites a las expropiaciones.
La protesta en el Congreso terminó con piedrazos contra la policía, contenedores incendiados y varios heridos, entre policías y manifestantes. Hubo al menos una decena de detenidos.
Tras casi seis horas de manifestación pacífica, la protesta se desvirtuó luego de que la Policía Federal utilizó gases para desalojar a los manifestantes que protestaban contra el vallado que protegía al Congreso nacional.
Los ataques fueron de grupos reducidos de manifestantes que rompieron veredas y cordones para hacerse de escombros y lanzarlos a los uniformados, además de destruir e incendiar cestos y contenedores de basura.
Las fuerzas federales, que desplegaron 820 uniformados, informaron tres manifestantes detenidos y tres efectivos heridos, dos de ellos de gravedad, pertenecientes a la Gendarmería, que fueron trasladados al Hospital Churruca tras recibir pedradas en la cabeza. La Policía de la Ciudad, por su parte, reportó nueve detenidos por atentado y resistencia a la autoridad. En total, hubo 12 detenidos.
Desde el gobierno de Javier Milei respaldaron el accionar policial y defendieron el accionar del comisario mayor Gustavo Antonio Gauna, Director General de Organizaciones Criminales de la Policía Federal, quien –según denunció el diputado socialista Esteban Paulón a través de una foto viralizada en redes sociales- fue visto portando un arma, sin uniforme reglamentario, durante los choques entre policías y manifestantes.
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