Tregua por 15 días: una conciliación obligatoria evitó un paro en los puertos cerealeros, pero hay alerta por un conflicto abierto
Luego de que el Gobierno dictara ayer una conciliación obligatoria para frenar un paro nacional convocado por la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (Urgara), lo que iba a afectar la exportación, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) ratificó su disposición a continuar negociando y defendió la propuesta salarial presentada durante las paritarias. La entidad afirmó que mantuvo “una constante vocación de diálogo” y realizó un “urgente llamado a la responsabilidad institucional” para preservar la paz social y garantizar la continuidad de las operaciones portuarias. En tanto, Urgara señaló que “e𝗹 𝗿𝗲𝗰𝗹𝗮𝗺𝗼 𝘀𝗶𝗴𝘂𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁𝗼”. Agregó: “Lo que perdimos en mayo, junio, julio y agosto no está saldado, y la actividad sigue en niveles récord”. Alertó que la medida de fuerza volverá si tras la conciliación “la Cámara no recompone”.
El paro había sido anunciado por Urgara para comenzar a las 22 de ayer en todas las terminales portuarias del país, luego, según dijeron en el gremio, del fracaso de las negociaciones salariales. Sin embargo, la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo dispuso la conciliación obligatoria, ordenó retrotraer el conflicto y convocó a una audiencia virtual para el próximo 25 de agosto.
Tras esa decisión, la CPPC difundió un comunicado en el que reafirmó su postura frente al conflicto y sostuvo que continuará apostando a una salida negociada. “La Cámara de Puertos Privados Comerciales ratifica públicamente su constante vocación de diálogo y la absoluta razonabilidad de las propuestas económicas presentadas, a la vez que formula un urgente llamado a la responsabilidad institucional para garantizar la paz social y la continuidad operativa de los puertos argentinos”, señaló la entidad.
En el documento recordó que las negociaciones salariales corresponden al período comprendido entre enero y diciembre y aseguró que, desde el inicio de las conversaciones, buscó preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.
“Desde el inicio de las conversaciones paritarias, la CPPC ha demostrado una continua predisposición para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, tomando como parámetro objetivo la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec y las proyecciones macroeconómicas expresadas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM)”, indicó.
Según la cámara empresaria, luego de acordar en enero un incremento inicial del 13,7% y de regularizar las diferencias correspondientes al primer semestre, presentó distintas alternativas para intentar alcanzar un entendimiento con el gremio.
La propuesta final elevada por la entidad contempla un incremento del 16% sobre los salarios básicos de febrero, aplicable desde los haberes de agosto, lo que —según sostuvo— lleva el ajuste acumulado anualizado entre enero y diciembre de 2026 al 31,99%. Para la CPPC, ese porcentaje “supera la inflación anual proyectada por el gobierno nacional y los organismos técnicos (30,2%)”.
Además, indicaron, la oferta incluye el pago de una asignación extraordinaria no remunerativa, equivalente a $359.095 para la tercera categoría, con montos proporcionales para el resto de las categorías, cuyo pago se propuso realizar en dos cuotas consecutivas a partir de agosto.
Otro de los puntos incorporados fue una cláusula de revisión paritaria, destinada a ajustar el acuerdo, “en más o en menos”, si la inflación efectiva difiere de las previsiones al momento de iniciar la negociación salarial de 2027.
Pese a ello, la entidad sostuvo que las posiciones continúan alejadas. “A pesar de los esfuerzos de la CPPC, el gremio Urgara se ha mantenido inflexible en la exigencia de cerrar el ciclo paritario con un incremento del 35,5%, una pretensión que excede en más de cinco puntos porcentuales cualquier proyección económica oficial”, expresó.
En ese sentido, advirtió que aceptar ese porcentaje “impactaría severamente en la base salarial futura de las empresas y alteraría la ecuación económica general, representando un anticipo injustificado de casi un trimestre de inflación estimada”.
La cámara también destacó que aceptó una alternativa planteada por la autoridad laboral para intentar destrabar el conflicto. “La cámara ratifica su total apertura al haber aceptado, de inmediato, la sugerencia de la Autoridad de Aplicación de abonar y saldar en forma separada los reajustes de mayo, junio y julio para paliar la situación de los trabajadores, propuesta que fue insólitamente rechazada por el gremio”, sostuvo.
En el comunicado, además, manifestó su preocupación por las consecuencias que hubiera generado una paralización de la actividad portuaria en plena operatoria del comercio exterior: “La declaración de medidas de fuerza por parte de Urgara coloca a los puertos graneleros del país a las puertas de una paralización altamente perjudicial para el comercio exterior, en momentos en que la actividad busca recuperarse de recientes e imprevisibles interrupciones logísticas en las vías navegables”.
La entidad recordó, además, que considera a la actividad portuaria privada como un servicio esencial para el funcionamiento de la economía, “conforme a los lineamientos del artículo 24 de la Ley 25.877 —modificada por la Ley 27.802—, además de estratégica para la economía nacional”.
Por ese motivo, explicó que solicitó formalmente la intervención del Ministerio de Capital Humano y de la Secretaría de Trabajo para encauzar el conflicto bajo el régimen previsto por la Ley 14.786 de conciliación obligatoria. “La Cámara ha solicitado formalmente a la Autoridad de Aplicación su intervención urgente para que encuadre este conflicto en el marco de la Ley 14.786 y ordene las medidas necesarias que garanticen la paz social y eviten el cese de la operatoria portuaria”, concluyó.
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