El Gobierno incluyó una "cláusula anti-China" en la privatización del Belgrano Cargas: qué es y cómo funciona
La gestión de Javier Milei busca avanzar con venta de activos estatales y pone el foco sobre el transporte ferroviario de cargas. Si bien la normativa no apunta solo contra el gigante asiático, es vista como un gran freno para inversiones de dicho país.
El Gobierno avanza con la privatización de la red ferroviaria del transporte de cargas.
El Gobierno incorporó una condición específica al proceso de privatización del Belgrano Cargas: las empresas que estén bajo control directo o indirecto de gobiernos extranjeros no podrán competir por la concesión de las vías ferroviarias.
La restricción fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y dentro del proceso es conocida como la “cláusula anti-China”, aunque el pliego no menciona expresamente al gigante asiático ni establece una prohibición para las compañías chinas. El criterio alcanza, en términos generales, a sociedades controladas por Estados soberanos extranjeros.
La red comprende actualmente 7.594 kilómetros distribuidos en 16 provincias. El esquema contempla además un modelo de “open access”, por el cual el concesionario estará a cargo de la infraestructura, mientras que otras empresas podrán utilizar las vías mediante el pago de un peaje.
La red actual del Belgrano Cargas comprende un total de 7.594 kilómetros distribuidos en 16 provincias.
La condición funciona como un filtro previo de la licitación. Quedarán excluidas las compañías cuyo control esté en manos de un gobierno extranjero, ya sea de manera directa o mediante otras sociedades. La definición también incluye organismos públicos, empresas estatales y sociedades vinculadas con esos gobiernos.
El mismo criterio alcanza a empresas estatales argentinas, tanto nacionales como provinciales, de acuerdo con las condiciones establecidas en la documentación licitatoria.
El nombre surgió porque uno de los principales efectos de la medida es limitar la participación de empresas estatales chinas en la concesión de la red ferroviaria.
Quedarán excluidas las compañías cuyo control esté en manos de un gobierno extranjero.
Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, la restricción tiene un alcance más amplio. No está dirigida exclusivamente contra compañías de China, sino contra cualquier empresa que se encuentre bajo control de un Estado extranjero.
Por eso, una compañía privada extranjera podrá participar de la licitación siempre que cumpla con los requisitos del pliego. La exclusión se produce cuando detrás de esa sociedad existe control estatal, ya sea por participación directa del gobierno o mediante otras empresas.
La administración de Javier Milei ya había aplicado un criterio similar en otros procesos vinculados con infraestructura estratégica, como la concesión de la Hidrovía y el proyecto de transporte eléctrico AMBA I.
En este caso, la condición fue incorporada al pliego que contempla la concesión por 50 años de las vías y los inmuebles vinculados con las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.
La competencia tampoco se definirá únicamente por el monto ofrecido al Estado. Las empresas deberán presentar propuestas que combinen inversiones comprometidas y el peaje que cobrarán por el uso de las vías. En términos generales, tendrá ventaja la oferta que combine mayores inversiones con menores costos de utilización de la infraestructura.
El Gobierno estima que el proceso podría movilizar alrededor de u$s1.000 millones en inversiones para las tres líneas y contempla que determinados proyectos puedan acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La incorporación de la cláusula establece así un nuevo límite dentro del proceso de concesión: priorizar la participación privada y excluir a compañías bajo control estatal extranjero o argentino de la competencia por la infraestructura ferroviaria.
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