Nueva reunión por el Súper RIGI en el Senado: no hubo representantes del Ejecutivo ni indicios de dictamen
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, no asistió este miércoles al plenario de comisiones que realizó el Senado para continuar con el debate del Súper RIGI -el funcionario de Economía avisó sobre el faltazo a horas de realizarse el convite-, donde se oyeron expositores invitados por la oposición que observaron y criticaron el articulado del Gobierno libertario, que ya fue aprobado por Diputados y que, por ahora, no avanza en la Cámara alta.
La iniciativa es analizada por las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional; y Legislación General. El objetivo de texto es atraer proyectos de al menos USD 1.000 millones en sectores que la Casa Rosada considera “industrias del futuro”. Si se activaran modificaciones en el Senado, la ley deberá volver en segunda revisión a la Cámara baja.
El primero en disertar fue el director de Economía Fundar, Guido Zack, quien dijo: “Es necesario que haya un control anual en materia de cumplimiento ambiental, consumo hídrico, consumo energético, auditado y publicado en un registro público de las inversiones realizas”.
Sobre ese punto, Zack valoró los aportes realizados en Diputados, aunque preguntó “qué pasa si no se cumple, con multas de hasta $600 millones, una penalidad máxima que sería el 0,04% del valor mínimo de los proyectos que promociona el Súper RIGI”. “Son necesarias las garantías, pero no es lo mismo que concesiones ilimitadas”, agregó.
En tanto, la ex secretaria de Innovación Pública de la Nación Micaela Sánchez Malcolm -hoy, titular de una ONG- señaló que “lo que no queda claro son las condiciones que se exigen en término de los eventuales impactos que pueda tener los centros de datos”. Se sumó el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense, Ariel Aguilar, quien advirtió que “30 años de estabilidad sin condiciones ningún país ofrece un plazo comparado”.
Según Aguilar, “antes de votar este Súper RIGI, el Congreso debería pensar” en cuestiones como “una evaluación oficial de gasto tributario, porcentajes mínimos vinculantes de integración local” y “de inversión”. El primer libertario en responder fue el sanjuanino Bruno Olivera Lucero. “Son 30 años porque venimos de 100 años de inestabilidad. Hay que tener en cuenta de dónde se viene”.
Olivera Lucero sumó: “Siempre hemos incumplido las reglas. Tenemos que hacer esto para salir del pozo en el que estamos, de una manera acelerada. Esto es para proyectos que no existen en el país. Es una de las ideas y no sabemos qué va a venir, pero sí generamos las condiciones. Veo que las críticas se centraron en data centers, pero uno podría ser una refinería de cobre. ¿Por qué no pensar en eso para exportar un mineral final y no una roca?”.
El sanjuanino además dejó en claro que, en el articulado, se sostiene la obligación “de un informe donde que no comprometan los recursos y la infraestructura existente”. Lo siguió después su colega de bancada Nadia Márquez (Neuquén), que pidió no “poner fantasmas” ni hablar sin conocer la historia de Vaca Muerta, donde se explotan recursos con medidas ambientales.
Márquez luego hizo mención a la contradicción de ser “millonarios debajo de la tierra” y “pobres arriba de la tierra” y denostó los dichos de “vienen por los ríos, las montañas, el agua, la tierra”. En esa línea, enfatizó: “Siempre lo mismo. No vienen por nada porque el gobierno kirchnerista se robó todo”.
El kirchnerismo tampoco dejó pasar las alocuciones mileístas. Por caso, el porteño Mariano Recalde manifestó que durante los últimos cuatro gobiernos -de distintos signos políticos- “hubo inversión extranjera directa, a diferencia del actual mandato de la administración central, con USD 596 millones negativo”.
“Todas las inversiones en Vaca Muerta se hicieron sin RIGI. Petronas iba a venir a invertir USD 35.000 millones sin RIGI y el gobierno de ustedes hizo que se fueran. Tengan un poco menos de soberbia”, sostuvo Recalde.
Por la mañana, la comisión de Legislación General siguió con el debate de la nueva ley de Sociedades que empuja el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, hoy en la mira de varios legisladores.
Durante el cónclave, la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Capital Federal), anunció la idea del oficialismo y de aliados de “hacer mucho más pétrea la responsabilidad de las sociedades automatizadas, con responsables físicos”. Es decir, tocar el texto.
“Pensamos que va a dar más seguridad jurídica que el órgano de administración esté integrado al menos por una persona jurídica con idoneidad suficiente para el control de sistemas automatizados”, aseguró Bullrich.
En junio pasado, Sturzenegger no sólo despejó este punto, sino que el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Alejandro Ramírez, enfatizó que el articulado especificaba que quienes pretendan no identificar a beneficiarios finales “no serán recibidos”. A pesar de las precisiones, habrá modificaciones sobre lo enviado por la Casa Rosada.
