El acelerado clima electoral potencia el foco sobre los gobernadores: presiones de la Casa Rosada y del PJ/K

El Gobierno y una decena de jefes provinciales exponen abiertamente en estas horas hasta qué punto se aceleró el clima electoral. Comparten una mesa para discutir los alcances de una propuesta -en rigor, una promesa no efectivizada- sobre políticas diferenciadas para el consumo eléctrico en zonas cálidas. No es el único gesto, con final abierto, de las tratativas con gobernadores, especialmente después del sacudón sufrido en el Senado para aprobar lo que quedó en pie del proyecto sobre propiedad privada. Y lo que empieza a perfilarse como novedad es que el juego de presiones suma al peronismo/K, empujado por los crujidos en su más reducido terreno del Congreso.

Las necesidades son diferentes, pero parece claro que el movimiento con vistas a las elecciones del 2027 -temprano, al menos para el común de la gente- ya no es sólo un tema de contraprestaciones para sumar votos en las dos cámaras legislativas. El oficialismo encamina algunas de sus iniciativas -Banco Central y segunda entrega de Inocencia Fiscal, en Diputados- pero tiene problemas con otros proyectos, especialmente la intención de eliminar las PASO. Y las negociaciones incluyen cada vez más demandas de las provincias, de fondos y en materia de definiciones electorales. El peronismo/kirchnerismo da señales de querer influir sobre todo en ese terreno, por lo menos en provincias en manos del PJ y “amigos”.

Diego Santilli es el funcionario que opera centralmente en ese terreno. Los tiempos corren para todos. Y en las tratativas van exigiendo decisiones que superan la lógica de los acuerdos puntuales, es decir, apoyo a proyectos de ley a cambio de mayores fondos. Esos tratos suelen variar según el caso: partidas discrecionales, atención a cajas jubilatorias, alguna obra. El planteo que atiende este martes el Gobierno es más complejo. Santilli, posiblemente Luis Caputo y funcionarios de Energía reciben a representantes del Norte Grande, un conjunto regional de diez provincias, donde conviven peronistas dialoguistas y duros, radicales y expresiones de espacios locales.

El jefe de Gabinete pudo registrar el clima, sin intermediarios, en la reciente reunión regional. El tema central fue la demanda de una resolución concreta para morigerar costos de energía eléctrica en los meses más calurosos. El cuadro no es igual para todas las provincias. De todos modos, esa cuestión asomó en el primer renglón del listado, que además incluye obras viales y viejos reclamos sobre infraestructura de servicios.

Más allá de las versiones difundidas por canales violetas del Congreso, nadie esperaba que de ese encuentro surgiera un compromiso automático de respaldo a los proyectos más complicados del Ejecutivo. Sobresale la reforma electoral -con ensayos o tanteos caídos, como el ofrecimiento de añadir listas colectoras- y la norma sobre zonas cálidas es difundida como pago para aprobar el recorte de subsidios al consumo de gas en zonas frías. Ese proyecto, frenado desde mayo en la Cámara alta, apunta a modificar la norma aprobada durante la gestión de Alberto Fernández y CFK. Pero no reúne consenso suficiente y enfrenta el problema de la imagen de trueque.

Se verá cómo sigue el tema en sí mismo. Por lo pronto, es difícil uniformar un criterio de negociación para todos los integrantes del Norte Grande. Fuera de la cuestión energética, que de algún modo unifica posiciones -aunque podría haber diferencias a la hora de precisar alcances provincia por provincia-, el panorama político expone cuadros con trazos muy propios.

Con la mirada puesta en los comicios del año que viene, sólo dos gobernadores no pondrán en juego su permanencia en el cargo, porque asumieron en el 2025 y sus provincias están desacopladas del calendario del resto de los distritos: el correntino Juan Pablo Valdés, radical, y el santiagueño Elías Suárez, que responde al caudillo local, Gerardo Zamora, aliado del peronismo, aunque con espacio propio. En términos políticos, el tema es diferente para todos los demás.

La última cita del Norte Grande fue motorizada por el misionero Hugo Passalacqua, que está en proceso de consolidar su propio proyecto después de quebrar la hegemonía de Carlos Rovira, en general alineado con la Casa Rosada. El bloque regional es realmente heterogéneo. Vale el repaso de sus integrantes. Dos radicales, el chaqueño Leandro Zdero y el jujeño Carlos Sadir, tienen buen vínculo con el Gobierno y tejen a nivel local, pero sin ceder a la identificación violeta. Dos del PJ se mantienen en la oposición dura, aunque mandan representantes a las citas con el poder central: el formoseño Gildo Isndrán, que suma reelecciones desde 1999, y el riojano Ricardo Quintela, autor de frases inquietantes y extemporáneas. Completan el cuadro tres exponentes del peronismo dialoguista: el tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz.

En esas tres últimas provincias, el peronismo/K podría operar más que en otros distritos en la perspectiva de la batalla nacional de año que viene. Es clave cómo juegan los gobernadores -es decir, los legisladores que le responden- frente al proyecto de reforma electoral. Está dicho: el kirchnerismo, que impulsó las PASO y que no las aplicó con CFK, ahora apuesta a mantener las primarias como alternativa para dirimir su interna, en principio entre Axel Kicillof y el sector encuadrado con la ex presidente.

Jaldo y Sáenz deben resolver algunas cuestiones de interpretación legal para competir por la reelección y es posible que allanen el camino. Jalil debería resolver un tema vinculado con compromisos internos. Pero más allá de eso, reaparece la posibilidad de algunas movidas del kirchnerismo para evitar que apuesten a Milei en el plano nacional: nada indica que tengan chances de dar pelea por la gobernación, pero siempre está la posibilidad de complicar las listas para las legislaturas locales.

También en ese plano se anotan los movimientos libertarios para sostener el plan de continuidad de Javier Milei. Y por supuesto, el punto es cómo conviven con las necesidades de cada jefe provincial. Dicho de otra forma: los gobernadores demandan que LLA no haga nada que pueda poner en riesgo sus planes electorales.

En el juego de presiones cruzadas, surgen versiones sobre condiciones libertarias para pactar acuerdos electorales en provincias “amigas”. Son atribuidas a oficinas “karinistas” y anotan demandas sobre cargos de vicegobernador, ministerios locales, algunas intendencias, además de la integración de las listas provinciales y nacionales. Son gestos que buscan indicar una posición de fortaleza en los umbrales de la negociación de fondo. Es algo que no se corresponde necesariamente con la realidad más amplia de gestión, frente a un cuadro económico realmente complicado.