Después de Miami y Panamá, ¿existe una nueva alianza entre EEUU y Latinoamérica?

El 7 de marzo de 2026, en el complejo Doral de Donald Trump tuvo lugar la cumbre “Escudo de las Américas” con el objetivo de “establecer un marco de cooperación para combatir a los carteles del narcotráfico, controlar la migración irregular y coordinar inteligencia compartida”, a la cual llegaron una docena de líderes latinoamericanos, convocados por su afinidad política. El 12 de agosto fue el secretario de Guerra Pete Hegseth quien se reunió con representantes de 19 gobiernos en Panamá, ya que, en esos mismos días, del 3 al 13, con el respaldo del Comando Sur del Pentágono se llevaban a cabo los ejercicios de protección del Canal, llamados PANAMAX 2026.

Como continuación del anterior, en esta última oportunidad, el comunicado habló de “un foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles con el objetivo de unificar estrategias contra organizaciones criminales transnacionales”. Ambos encuentros tuvieron un marcado enfoque geopolítico, reafirmando temas de interés para la administración Trump, enfatizando el deseo de contrarrestar la presencia de potencias extracontinentales, fundamentalmente China. Fue notoria la ausencia de dos pesos pesados regionales como son México y Brasil, consecuencia de su orientación ideológica izquierdista, tanto por haberse autoexcluido como que se les hizo saber que no eran bienvenidos. Sobre todo, las dos reuniones son una expresión del importantísimo documento que en noviembre había definido la estrategia internacional de EE. UU.

Una primera lectura diría que por rara vez en este siglo XXI, la Casa Blanca ha estado tan alineada con un número sustancial de gobiernos latinoamericanos, que parecen estar gozando de un momento excepcional para la derecha, tendencia que ha encadenado un triunfo detrás de otro, con el abierto respaldo de la Casa Blanca y después de un periodo de predominio izquierdista, consecuencia de un notorio vuelco electoral y del fracaso de recetas progresistas, que podría fortalecerse aún más, si Lula es derrotado en octubre en Brasil.

Los comunicados posteriores a las dos reuniones se han caracterizado por su optimismo y un lenguaje que parece proclamar una “nueva etapa” en las relaciones de la región con EE. UU. Pareciera que somos testigos de la existencia en América Latina (AL) de una derecha diferente, que adscribe a postulados geopolíticos que han llevado a EE. UU. a redefinir totalmente los acuerdos internacionales que habían predominado después de la segunda guerra mundial.

Como jefe del Pentágono, el discurso de Hegseth fue duro, ya que les habló que EE. UU. esperaba que participaran en operativos conjuntos contra el narcotráfico, de la necesidad de un incremento sustancial de sus presupuestos de Defensa, de renunciar a la muy desprestigiada Corte Penal Internacional, de operaciones terrestres contra los cárteles, que no esconden que podrían tener un enorme parecidos con tácticas militares que se usaron contra ISIS y Al-Qaeda.

En este nuevo escenario, aunque nadie lo haya dicho oficialmente, diferentes analistas han coincidido en que tarde o temprano podrían verse tropas actuando en México, aunque no se cuente con la participación o el visto bueno de ese gobierno.

Sin embargo, a pesar del optimismo de las declaraciones conjuntas y de las reuniones bilaterales, ¿estarían disponibles muchos de los gobiernos presentes para apoyar a EEUU en todo lo que ha pedido? Ahí es donde yo hago presente mis dudas, porque todo indica que es un camino lleno de dificultades para los gobiernos latinoamericanos, incluso en aquellos casos donde hay total concordancia ideológica. Y las dificultades hoy no solo provienen de la previsible oposición en países donde todavía se hace presente un marcado sesgo contra EEUU, sino que se presentan objeciones presupuestarias y legales. No creo que ello se ignore, pero considero que es una expresión de un problema que ha conducido al fracaso en el pasado, donde al existir recursos, no se dice nunca no a la potencia, pero tampoco hay voluntad para apoyarla en aquellas decisiones que podrían afectar elecciones, es decir, EEUU sigue sin entender del todo a Latinoamérica, pero la región aún menos entiende cómo se toman las decisiones en EEUU.

Los obstáculos son de todo tipo para consolidar la participación de AL. No solo se debe a dificultad financiera, ya que aquellos que vencieron a la izquierda, lo hicieron en condiciones en que el mal manejo económico fue un denominador común de los gobiernos progresistas que fueron derrotados, por lo que los triunfadores se han comprometido a gastar lo menos posible. En común, existen además restricciones legales al uso de las FF.AA. para operaciones policiales, toda vez que, en algunos casos, la participación con otros ejércitos tiene restricciones constitucionales y necesita, en casi todos, aprobación del Congreso, a veces, dominado por la oposición. Cultural y políticamente existe también una actitud de desconfianza de raíces históricas hacia EEUU, que ha sido acompañada estos últimos años por una alta impopularidad de Trump.

Sin embargo, quizás un problema de igual o superior entidad es la polarización que se vive, y la dificultad para llegar a acuerdos no solo al sur del Río Grande, sino también en el propio EEUU, lo que yo llamo la “latinoamericanización” de la política estadounidense, importando desde hace años, no lo mejor, sino lo peor de la región, polarización que podría aparecer si los demócratas ganan las elecciones de medio término, donde una mayoría podría conducir a una acusación constitucional contra Trump, y si no fuera así, una derrota el 2028 haría que tal como ocurrió con el presidente Biden, por la vía de órdenes ejecutivas, se modificara todo lo hecho, ya que los grandes cambios que han tenido lugar en política nacional e internacional, no son fruto de ninguna ley como tampoco de acuerdos bipartidistas, por lo que podría desaparecer en un gobierno de signo distinto.

En lo que a drogas se refiere, con la excepción de países como Ecuador y Colombia, la mayoría de los países tienen inscrita en la constitución, como también es doctrina de sus instituciones armadas, una concepción de orden público, donde existe separación entre las funciones policiales y las propiamente militares, donde el tema de las drogas está reservado exclusivamente para las áreas de salud y policial.

A cambio de ello, EEUU es parte de una minoría de países donde desde la Administración Nixon, es decir, fines de los 60 y principios de los 70, las FF.AA., quizás presionados por la forma como el consumo de drogas penetró en las tropas desplegadas en Vietnam, fueron incorporadas al combate en su contra, tanto que es de los pocos que por años ha considerado que esta confrontación es una guerra, además que Washington relaciona hoy a las drogas y a los Cárteles con la inmigración ilegal, lo que representa un claro elemento de diferenciación con algunos de los países que han sido invitados a incorporarse, que siguen sin vincular el tráfico de drogas con un objetivo militar, incluso negándose a utilizar fuerzas especiales en territorios distintos al propio.

La verdad es que la administración Trump hizo muy bien en advertir del peligro de los Cárteles y en reconocer la existencia de una delincuencia transnacional, que en países como Venezuela era el gobierno mismo, pero lo anterior no significa que se den las condiciones para que instituciones militares educadas en otro tipo de conflicto y que no consideraban al tráfico de drogas como elemento militar se vayan a incorporar inmediatamente, por mucho que algunos de los gobernantes recién electos concuerden en todo con la Casa Blanca.

Por lo demás, las drogas son un tema lleno de complejidades, por ejemplo, Hezbolá y la Guardia Revolucionaria iraní encontraron en el Cartel de los Soles venezolano un alma amiga con la cual establecieron relaciones de alianza, ya que en el medio oriente el tráfico de drogas es un conocido mecanismo de financiación de organizaciones terroristas. Además, desde el punto de vista militar, a diferencia de lo policial, que a veces no es un tema en blanco y negro lo demuestra la presencia de EEUU en Afganistán que se prolongó por dos décadas, donde en varios de esos años la cosecha de amapolas se incrementó, ya que su cultivo fue la forma que se encontró para asegurar el apoyo de los señores de la guerra, toda vez que ellos enviaban vía países vecinos la droga a Europa.

Por lo demás, nada va a cambiar en las calles de EEUU si es que no hay un cambio en el consumo de drogas, ya que cuando se creía estar avanzando en el control de la cocaína, los últimos años han dejado de manifiesto el rol del fentanilo, otra droga, aún más mortal, en lo que también influyó la capacidad de los carteles para adaptarse con enorme velocidad a los cambios de escenario, toda vez que el actual predominio de los carteles mexicanos en la frontera de EEUU se debió a varios factores. Primero, que el éxito del Plan Colombia condujera a que el debilitamiento de los Cárteles colombianos cediera protagonismo a los mexicanos. Segundo, que, como consecuencia de decisiones políticas en Colombia, tal como una negociación muy favorable a las guerrillas bajo Santos permitió que aquellas que no renunciaron a las armas se transformaran ellas mismas en narcoguerrillas. Tercero, la política de fronteras abiertas del gobierno de Biden permitió un fortalecimiento de los carteles mexicanos en la frontera sur, como también un veloz aprovechamiento de las facilidades que otorgaba la frontera canadiense para el mismo objetivo.

Desde el momento que hay varios países de AL y del Caribe, donde el consumo de drogas es un mal igual o superior a lo que ocurre en EEUU, la propuesta estadounidense tiene mucho sentido. Es además verdad que todo el continente está penetrado por el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, sin embargo, pasar de los acuerdos generales a operaciones militares conjuntas plantea muchas dificultades, sobre todo, en países donde regiones enteras están en manos delincuenciales como ocurre en México, Colombia y Venezuela. De partida, muchos países no tienen la misma voluntad política, estabilidad ni recursos económicos. Tampoco tienen sistemas judiciales sólidos y a todo nivel predomina la corrupción, lo que va a dificultar incluso poder compartir información o que esta pudiera ser de dudosa utilidad.

Por cierto, el crimen organizado es responsable de buena parte de la violencia, partiendo por el caso del Comando Conjunto brasileño, que desde el interior de las cárceles llegó a controlar las calles, lo que obliga a preguntar cuánto se puede avanzar sin incorporar a dos actores claves como son Brasil, y, sobre todo, México. Incluso, con estos países participando, lo que es dudoso mientras Sheinbaum y Lula estén en el poder, además de otras situaciones como la de Bolivia, donde ya no están en el gobierno, pero en ese país quienes perdieron las elecciones siguen conservando tal poder, que ha resultado imposible ejecutar el arresto de Evo Morales ordenado por la justicia, es decir, cambió el gobernante, pero todavía no se modifica la estructura del narcoestado que protege a Morales. A lo dicho, hay que agregar la situación de Venezuela, donde desde el 3 de enero, el dictador está preso en Nueva York, pero todavía no hay transición y la dictadura se mantiene con varios miembros del Cártel de los Soles en posiciones de poder.

Por lo demás, en varios países de la región existe incapacidad para producir inteligencia de calidad, bases de datos incompletas, dificultad para rastrear las finanzas y las cadenas logísticas de los cárteles. Por otra parte, el sistema financiero estadounidense sigue siendo ampliamente utilizado para lavar activos que después posibilitan su producción en AL; además que, para algunos, el poder del narcotráfico también en EEUU sería tal, que ni siquiera se conoce el nombre del equivalente estadounidense al Chapo Guzmán.

Por lo tanto, aun existiendo las mejores intenciones, la dificultad para que la región pueda actuar en forma conjunta fuera del territorio de cada país es tal, que no se puede esperar que la propuesta de la Casa Blanca opere como solución mágica, por lo que se debe aceptar, que aun en el mejor escenario, se va a lograr menos de lo que se espera. Quizás es mejor esperar que funcione en algunos países como Ecuador, El Salvador o Colombia más que en la región entera, además que es razonable no tener grandes expectativas, es decir, por qué esperar que soluciones que no han tenido éxito en EEUU lo tengan en otros países que ni siquiera tienen el mismo armado institucional, además que tampoco funcionaron en los años que EEUU ocupó Afganistán o Irak.

En lo militar, hay toda una trayectoria donde Colombia aparece como un país particularmente bien equipado y con el apoyo institucional y político para ser parte de una iniciativa de este tipo, pero no es la realidad del conjunto del continente. Lo común para la región son circunstancias donde EEUU ha pasado por distintas etapas y en cada una ha buscado influir en cada país y en sus FF.AA. Por cierto, primero existió aquella etapa de despliegue para transformarse en superpotencia, incluyendo intervención militar en algunos países, sobre todo el siglo XIX en Centroamérica y el Caribe, además de las guerras con México, que perdió parte importante de su territorio, hoy varios Estados de EEUU.

En el siglo XX, por cierto, la segunda mitad fue copada por la Guerra Fría que tuvo un coletazo en las acciones desarrolladas por Washington durante el gobierno de Allende en Chile como también del apoyo dado a los países que fueron agredidos desde Cuba a través de las guerrillas. Herencia de esa época fue la Doctrina de Seguridad Nacional que estuvo detrás de las dictaduras militares que en sus inicios recibieron respaldo de Washington.

Este siglo XXI ha sido testigo de los procesos paralelos de aumento de las dictaduras como también de democratización, que coincidieron con un desinterés de EE. UU., iniciado en Obama hasta ahora, con el “corolario Trump”, donde la utilización de la “Doctrina Monroe” explica muchas cosas, ya que es un nombre no bien recibido, debido a los abusos que trajo consigo en el pasado. En este siglo, varios países democráticos de la región han vivido una verdadera lotería electoral entre izquierda y derecha, sucediéndose los gobiernos cual olas, quizás porque no era tanto un problema ideológico como entender que los electores siguen buscando aquello que no han encontrado, ya que solo excepcionalmente ha habido buenos gobiernos, lo que explica los cambios, ya que muchos electores no siempre votan siempre por los mismos de la vez anterior, existiendo, por lo tanto, el voto castigo a los que mal lo hicieron.

La región tiene experiencias que ayudan a proponer la cautela como herramienta para observar lo que está pasando, toda vez que, a pesar de la total irrelevancia y descrédito de la OEA, cada vez que se ha querido aprovechar las olas izquierdistas o derechistas para que los gobiernos busquen alianzas, estas prontamente fracasan, siendo ejemplos de ello no solo la izquierda financiada por Chávez, sino también el llamado Grupo de Lima de los gobiernos de derecha.

Chile es un buen ejemplo de los problemas que existen para hacer lo que EEUU ahora desea. De partida, el país no cuenta con una legislación que permita que sus FF AA lleven a cabo operaciones en el extranjero como la actual iniciativa de Washington de una Fuerza Operativa Conjunta del hemisferio occidental. En Chile se necesitarían reformas de ley y constitucionales para que puedan participar sus militares, y para lo cual no existen ni deseos ni los quórums para ser aprobadas, además de necesitarse un incremento presupuestario.

Algunos países comparten otras similitudes, como que no todos tienen mayoría en el Congreso, como que también varios han sido electos en segunda vuelta, lo que indica que fueron votos prestados, que no necesariamente van a estar disponibles para estas iniciativas. Coinciden también en otro hecho, que las mayorías se pierden rápidamente, ya que tal como lo demuestra lo que ocurrió con el gobierno laborista del Reino Unido, en ese caso un gobierno de izquierda, debido a las RRSS. hoy existe escasa paciencia con los nuevos gobiernos, que con rapidez pierden apoyo como ocurriera con el gobierno de Kast en Chile, que fue electo con la mayor cantidad de sufragios, para que rápidamente, por errores propios, su apoyo disminuyera a un tercio, por lo que el desafío sigue siendo ser buenos gobiernos.

Por último, en el tema de China va a ser difícil cortar lazos, ya que es importantísimo inversionista y socio comercial, y como ejemplo, Beijing construyó un puerto muy moderno para Perú. Al respecto, ni siquiera la trampa china de control vía préstamos sirve de argumento, ya que la deuda también ha tenido consecuencias negativas en lo político, cuando ha terminado en manos de Wall Street.

En resumen, todo invita a la cautela, ya que como lo demuestra el caso de Chile, un aliado estrecho de EEUU, pero donde el actual gobierno ha fracasado en explicarle a Washington la importancia que reviste mantener buenas relaciones con Beijing, quizás porque no entiende que hoy para EEUU de igual o mayor importancia que lo económico es la geopolítica, por lo que más que socios busca aliados, y, quizás por vez primera, hoy la participación latinoamericana exige que estos países pongan además dinero de sus presupuestos, o si no, pregúntenles a los europeos de la OTAN.

Por ahora, no hay nada semejante a la oferta bipartidista de los gobiernos de Bush y Clinton que se hiciera en Miami, en la primera Cumbre de las Américas de 1994, de ofrecer conjuntamente democracia y un mercado común con lo que hoy no va a ser fácil convencer a los que todavía no lo están.

Máster y PhD en Ciencia Política (U. de Essex), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), candidato presidencial (Chile, 2013)