Venezuela: cambiar de régimen, reconstruir una nación
Hay una realidad que acompaña a todas las transiciones democráticas y que rara vez aparece en los libros de historia: una transición no comienza realmente cuando cae un dictador, sino cuando una sociedad empieza a preguntarse cómo quiere volver a convivir. El final de un régimen puede tener una fecha, una fotografía y hasta una hora precisa; la reconstrucción de una democracia, en cambio, es un proceso mucho más largo, contradictorio y lleno de decisiones difíciles.
No se trata solamente de sustituir a quienes ejercen el poder, sino de reconstruir las reglas, las instituciones y, sobre todo, la confianza que permite que una sociedad vuelva a reconocerse como una comunidad.
Venezuela parece haber entrado ahora en ese terreno incierto. El proceso de negociación entre el régimen interino de Delcy Rodríguez y la Asamblea Nacional elegida en 2015, la última institución nacional legítimamente electa que mantiene el reconocimiento de Estados Unidos, ha generado reacciones encontradas. Para algunos representa un paso audaz hacia una salida democrática; para otros, un riesgo de concesiones que podría terminar legitimando estructuras del pasado.
Ambas posiciones son comprensibles porque las transiciones producen casi siempre sentimientos contradictorios: esperanza y desconfianza, ilusión y temor. Quienes han vivido durante años bajo un régimen autoritario quieren que termine cuanto antes, pero también temen que, en nombre de la estabilidad, se termine sacrificando aquello por lo que tantos lucharon.
La historia demuestra que ninguna transición importante ha sido un camino recto. España tuvo que desmontar el franquismo sin destruir el Estado; Chile debió recuperar la democracia mientras convivía con instituciones y actores heredados de la dictadura; Polonia tuvo que transformar la fuerza moral de Solidaridad en instituciones capaces de gobernar; Sudáfrica encontró en la Comisión de la Verdad una fórmula imperfecta para intentar reconciliar a una sociedad profundamente herida; y los países de Europa del Este descubrieron que derribar los viejos sistemas comunistas era mucho más sencillo que construir las nuevas democracias.
Venezuela tendrá que encontrar su propio equilibrio. No podremos copiar ninguna transición anterior porque cada país tiene su historia, sus heridas y sus circunstancias, pero sí podemos aprender de quienes ya recorrieron ese camino. Ninguno de esos procesos fue perfecto. Todos fueron profundamente humanos y llenos de contradicciones, de concesiones difíciles y de principios irrenunciables.
En el caso venezolano existe, además, una circunstancia que sería ingenuo ignorar. Estados Unidos tiene hoy una influencia extraordinaria sobre el proceso político, económico y militar que se desarrolla en Venezuela. Desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, la administración del presidente Donald Trump y, particularmente, el secretario de Estado Marco Rubio, han diseñado una hoja de ruta cuyo objetivo declarado es conducir al país hacia una etapa de estabilización, transición y posteriormente elecciones democráticas. Nos puede gustar más o menos esa realidad, podemos discutir sus condiciones y cuestionar sus alcances, pero no podemos construir una estrategia nacional a partir de una ficción. La influencia de Washington es una realidad y debe ser reconocida precisamente para que Venezuela pueda recuperar progresivamente su capacidad de decidir por sí misma.
La mesa venezolana tiene, por eso, una configuración particular. En ella están el poder provisional encabezado por Delcy Rodríguez y la representación de la oposición democrática vinculada a la Asamblea Nacional de 2015, pero existe también una tercera presencia que tiene un peso extraordinario: Estados Unidos.
Incluso podría decirse que es una mesa con dos cabeceras y que Washington tiene una silla en ambas. Reconocerlo no significa renunciar a la soberanía venezolana. Significa comprender el punto de partida. El objetivo de la transición, precisamente, debería ser que Venezuela pueda volver a gobernarse a sí misma, de manera democrática y soberana, y que ninguna potencia extranjera termine ocupando el espacio que durante años ocuparon las estructuras autoritarias internas.
Por eso la transición no puede convertirse simplemente en una negociación sobre quién ocupa Miraflores. El desafío es mucho más profundo. Venezuela necesita reconstruir su Estado y recuperar instituciones que durante años fueron utilizadas como extensiones del poder político. Necesitamos una democracia gobernante y no una democracia gobernada; un sistema donde el voto vuelva a decidir quién gobierna, donde exista un árbitro electoral confiable, un Tribunal Supremo verdaderamente independiente y donde las libertades civiles y políticas dejen de depender de la voluntad de quienes ocupan temporalmente el poder.
También tendremos que recuperar la libertad de expresión en un país donde medios de comunicación fueron cerrados o confiscados, periodistas perseguidos, plataformas digitales restringidas y el miedo convertido en una forma de política pública. Una democracia no puede funcionar si sus ciudadanos tienen miedo de hablar, de organizarse, de protestar o incluso de compartir información. La libertad no consiste solamente en poder votar cada cierto número de años; consiste en poder vivir cotidianamente sin que el Estado determine qué se puede pensar, decir, publicar o discutir.
La reconstrucción económica será igualmente decisiva. Venezuela necesita abandonar definitivamente un modelo estatista que destruyó productividad, inversión, propiedad y oportunidades, y construir una economía basada en la iniciativa privada, la seguridad jurídica y la confianza. Pero tampoco deberíamos caer en la ilusión de que el crecimiento económico resolverá automáticamente las heridas sociales de estos años.
Millones de venezolanos fueron condenados a la pobreza, muchos tuvieron que abandonar el país y otros aprendieron a sobrevivir en medio de una economía devastada. La nueva Venezuela tendrá que producir riqueza, pero también oportunidades; tendrá que recuperar la inversión, pero también reconstruir la movilidad social. Una democracia que no consiga mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos terminará generando nuevamente frustración y desconfianza.
Habrá, además, una cuestión especialmente delicada: cómo enfrentar los crímenes y abusos cometidos durante estos años. La reconciliación no puede significar amnesia, pero la justicia tampoco puede convertirse en una prolongación de la guerra política por otros medios.
Venezuela tendrá que construir una justicia transicional capaz de investigar, reconocer responsabilidades, reparar a las víctimas y establecer garantías para que los abusos no vuelvan a repetirse. No será sencillo. Habrá quienes pidan castigos ejemplares y quienes pidan pasar la página. Probablemente ambas posiciones tendrán que ceder en algo. La reconciliación auténtica no consiste en olvidar lo ocurrido, sino en lograr que el pasado deje de determinar inevitablemente el futuro.
Lo mismo ocurrirá con las Fuerzas Armadas. Venezuela necesitará reconstruir una institución militar profesional, moderna y respetada, subordinada a la Constitución y no a un partido, una ideología o un proyecto personal. La Fuerza Armada debe volver a pertenecer a la República. Su misión no puede ser garantizar la permanencia de un gobierno, sino defender la soberanía nacional y el orden constitucional. Esa reconstrucción será fundamental porque ninguna democracia puede consolidarse mientras exista una institución armada que se considere por encima de las reglas que deben cumplir los demás ciudadanos.
El petróleo también tendrá que recuperar su verdadero significado. Durante demasiado tiempo dejó de ser una riqueza nacional para convertirse en un instrumento de dominación política. El petróleo no debería servir para comprar lealtades ni para financiar estructuras de poder; debería ser utilizado para financiar educación, infraestructura, salud, seguridad, tecnología y desarrollo. La riqueza petrolera pertenece a los venezolanos y debe ser administrada bajo reglas de transparencia y control ciudadano. El petróleo puede volver a ser una oportunidad, pero solamente si deja de ser el dueño de la política venezolana.
Todo esto ocurre, además, en un país profundamente herido. El terremoto reciente volvió a demostrar la fragilidad de nuestras instituciones y nos recordó que reconstruir Venezuela no significará únicamente levantar carreteras, hospitales, escuelas o viviendas. También habrá que reconstruir confianza. La confianza del ciudadano en el Estado, del empresario en la justicia, del trabajador en el futuro y del venezolano que emigró en la posibilidad de regresar. Un país no se reconstruye solamente con cemento. Se reconstruye cuando sus ciudadanos vuelven a creer que vale la pena invertir su vida en él.
Por supuesto, nada de esto será fácil. Existen enormes diferencias dentro de las fuerzas democráticas y la decisión de María Corina Machado de no participar directamente en este proceso revela precisamente la profundidad de esas tensiones. Pero una transición será más fuerte mientras mayor sea la capacidad de incorporar a los distintos sectores que forman parte de la Venezuela democrática. Nadie debería pretender convertirse en propietario de la transición. Ni el gobierno provisional, ni una organización política, ni una persona, ni siquiera quienes han sufrido más directamente la persecución. La transición debe pertenecer a todos los venezolanos porque, si algo debería quedar claro después de tantos años, es que la democracia no puede ser el premio de un grupo sobre otro.
Las nuevas generaciones tendrán una responsabilidad todavía mayor. Tendrán que hacer algo que otras generaciones hicieron antes en España, Chile, Polonia, Sudáfrica y Europa del Este: cambiar de piel sin perder el alma. Tendrán que construir instituciones que no conocieron, recuperar una cultura política que fue destruida y aprender a convivir con quienes piensan diferente. Eso será quizás más difícil que derrotar electoralmente al viejo sistema, porque la democracia no solamente exige cambiar a los gobernantes; exige cambiar la forma en que una sociedad entiende el poder.
Por eso este proceso que hoy comienza debe ser visto apenas como el primer tramo de una carrera larga. Habrá tropiezos, concesiones, contradicciones y seguramente momentos de enorme frustración. Pero el destino debe permanecer claro: una Venezuela donde la democracia vuelva a pertenecer a los ciudadanos, donde la ley esté por encima del poder, donde el voto tenga consecuencias, donde disentir no sea un delito, donde las Fuerzas Armadas respondan a la Constitución y donde la riqueza nacional vuelva a servir al desarrollo.
Una Venezuela donde quien se fue pueda regresar, donde quien decidió quedarse pueda volver a soñar y donde ningún joven tenga que elegir entre abandonar su país o abandonar sus aspiraciones.
Porque quizás esa sea la verdadera definición de una transición democrática: no el momento en que cambia un gobierno, sino el momento en que una sociedad decide que ya no quiere volver a vivir como antes.
La transición venezolana no tendrá éxito simplemente porque caiga un régimen. Tendrá éxito cuando podamos volver a convivir.
