La prensa, los alertadores y un programa de protección de fuentes

En la democracia son decisivos los alertadores. En Estados Unidos los llaman whistleblowers, que son los informantes que revelan grandes daños públicos que estaban ocultos. En Argentina, el costo personal de hacerlo es enorme.

Denunciar una red de corrupción es traumático. Laura Muñoz, testigo clave en el caso Ciccone, que terminó con el ex vicepresidente Amado Boudou condenado, lo resume así: “Una persona tiene que ser muy tonta para ser testigo denunciante en un caso de corrupción. Uno ingresa en un verdadero infierno. Te queda la vida detonada”. Muñoz, quien habló con periodistas para romper el pacto de silencio que protegía al entonces vicepresidente, vivió bajo la sensación de desprotección, además de ser atacada por sectores de la prensa oficialista. Ese es un elemento que nunca falla: desde la prensa alineada con el sector perjudicado se inicia una cacería y demolición del informante.

Luego, Laura ingresó al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, teniendo ella tres hijos, y no la pasaron bien. No ayuda a los que ingresan en el programa que éste dependa del Poder Ejecutivo. Ahí cuesta diferenciar si las decisiones que se toman con los que están protegidos son burocráticas o teñidas de intencionalidad política. En varios casos, los denunciantes estaban supuestamente protegidos por el gobierno al que denunciaron, y varios optaron por abandonarlo.

El periodismo puede ayudar poco. “Los periodistas no podían estar en el día a día apoyándome”, dice Laura Muñoz. Otros informantes han visto sus carreras destruidas, han sufrido violencia institucional o han terminado en el ostracismo.

La principal forma que tiene el periodista de proteger a la fuente es el anonimato, pero puede no aceptar un off the record si evalúa que el testimonio pierde mucha credibilidad si es anónimo. Cuando Pontaquarto le dio la entrevista a María Fernanda Villosio, entonces en la revista TXT y ahora editora ejecutiva de la revista Noticias, tanto ella como su editor Edi Zunino le ofrecieron un abogado y gestionaron una larga estadía en Uruguay de toda su familia.

Tampoco ayuda que cuando los alertadores llegan al juicio son violentados por los abogados defensores de las partes, algo que se multiplica en el caso del Juicio de los Cuadernos, donde varias decenas de los mejores abogados del país –cuyos altos honorarios podrían ser pagados por el fruto del árbol envenenado de la corrupción– están en la fila de los que intentan descalificar a las fuentes y a los periodistas.

A la fuente que entregó los cuadernos a Cabot, el sargento retirado de la Policía Federal Jorge Bacigalupo, lo cuestionaron porque si era policía tenía que haber hecho directamente la denuncia y no entregarle el material a su vecino, el periodista. Lo acusaron de entregar algo que tenía solo en posesión, no en propiedad. Y lo acusaron de traicionar a un amigo.

Esas son las reglas de un juicio oral, donde el derecho a la defensa es sacrosanto. Pero si el informante, como suele ocurrir, no tiene experiencia judicial, es un proceso de fricción que lo pone al límite, aunque su vida sea un espejo cristalino.

Lo mismo pasa con los periodistas. Además del acoso en redes y los robos que sufrió en su casa, en el juicio el periodista Diego Cabot soportó once horas de interrogatorio y, su entonces rigurosa pasante colaboradora, Candela Ini, otras siete.

En el asedio, a Cabot le pidieron que revelara con qué empresarios habló en su investigación. A pesar de la claridad del artículo 43 de la Constitución Nacional, la negativa de Cabot activó filosas protestas de abogados defensores como Elizabeth Gomez Alcorta, Marcos Aldazabal, Carlos Beraldi o Aníbal Ibarra. Por suerte, el tribunal presidido por Enrique Méndez Signori detuvo la jauría pero, si el tribunal no lo hubiera protegido, Cabot tampoco habría revelado sus fuentes.

Las motivaciones son diversas. Jorge Bacigalupo le entregó los cuadernos a Cabot sin consultar a Oscar Centeno. Según lo que dijo en el 2018 lo hizo porque “estos (los kirchneristas) van a volver si no se los para de alguna manera”. Y, en un fraseo más abstracto, dijo en el actual juicio que lo hizo por razones de bien público.

Entre los arrepentidos, Mario Pontaquarto y Victor Manzanares explicaron sus calvarios personales. Pontaquarto en su libro El arrepentido. Cómo se hace política en la Argentina, describe su proceso personal hasta que decide, en sus palabras, “destapar la olla”, tras un proceso de marginación social que empezaba a sufrir en todos los planos de la vida. Y Manzanares, quien fue contador de la familia Kirchner, en el libro La confesión del contador, que escribió el periodista Hugo Machiavelli, cuenta la introspección interna que lo llevó a una decisión que lo ayudó. “Nadie me puede sacar lo que yo sentí en esos momentos. Esto lo asumo como mi casamiento, el nacimiento de mis hijos, mi promoción”, dijo sobre su decisión.

Pero hay una cultura que estigmatiza al arrepentido. El periodista Santiago O’Donnell, quien dirige el sitio Filtraleaks, dice en su libro Filtraciones. Periodismo, política y servicios, que “ese folklore atenta contra la idea de mostrar y conocer lo que el poder oculta. Lleva a confundir un acto de autodefensa democrática con una traición”.

El abogado José Manuel Ubeira, defensor de un funcionario público imputado, dijo en el juicio de la causa Cuadernos, enfático: “¿Para qué necesitamos la ley del arrepentido?”, interpeló. “Los compañeros míos del arrabal detestaban al buchón, al vigilante, al botón”. En realidad, esa es la lógica del bullying: los terceros tienen que ser “leales” a los poderosos mientras estos oprimen a sus víctimas.

En contraste, en Estados Unidos existe la False Claims Act, que no solo protege sino que otorga recompensas entre el 15 y el 30 % de lo recuperado para los alertadores del robo del dinero público. Desde 1986 hasta el año pasado, se recuperaron 86 mil millones de dólares, según el Departamento de Justicia.

Este modelo es el que impulsa el grupo Soporte, entre los que está la alertadora Laura Muñoz, y se lo han acercado a varios legisladores y funcionarios.

La conclusión es clara: se necesita reducir el riesgo personal de revelar los pactos de silencio que protegen la corrupción. Y, para eso, el periodismo tiene que estar alerta.