Crimen organizado y crisis democrática
La extrema violencia asociada al crimen organizado ha llevado a los sistemas políticos a proponer diversas soluciones al problema de las bandas y los cárteles. No todos los problemas en los países de la región tienen la misma magnitud. Una perspectiva, que tiene que ver con la existencia de los “corredores de la droga” enfatiza el control territorial por parte de las células regionales de narcotráfico, en otros opera sobre la base de círculos de influencia, en otros todavía está en la periferia de la política. La capacidad de respuesta de las instituciones es fundamental para revertir procesos o aun para mantener las condiciones sistémicas. La asociación con el crimen organizado ha sido asimismo un parámetro de acción de las dictaduras de la región, ya sea el narco o el tráfico de personas han visto estas actividades cooptadas por la logística del Estado o apoyadas por la misma.
Ante esta situación, el poder policial suele ver limitada su capacidad para neutralizar la violencia sistémica y la naturaleza de las operaciones de las redes criminales, y, lamentablemente, se ha extendido la idea de no hacerlo dentro del marco del Estado de derecho. Asimismo, se observa que la intervención judicial solo es efectiva cuando la situación adquiere una dinámica de cooperación o de apoyo internacional contra los corredores de la droga. Los efectos de intimidación y corrupción son devastadores para la institucionalidad regional que no tiene en general estructuras fuertes, ni funcionamiento eficiente, ni la profesionalidad requerida para hacer frente a un poder muy bien financiado y excelentemente armado como el del crimen organizado. No todos los narcos se conforman con la idea de un «corredor de cocaína», ni con las violaciones de derechos humanos que acompañan la violencia sistémica que señalan existir. La experiencia del estado de derecho se convierte entonces en una ilusión y prevalecen los golpes que le da el crimen organizado a la estabilidad de la vida política, económica y social de los países.
El concepto de control territorial es fundamental para analizar en detalle la crisis de la democracia en algunos países, debido a los procedimientos que se siguen como respuesta al narcotráfico. Por otro lado, también se da una conjunción de factores en relación con la intimidación política, las actividades partidistas y los factores económicos y financieros que se generan. Esto incide decisivamente en las capacidades de actuación política y en los resultados de las contiendas electorales. Desde esta perspectiva, se debe decir que el Estado de derecho no se define por acciones aisladas, sino por las relaciones entre los actores dentro de un marco institucional y por cómo son capaces de repeler las capacidades del crimen organizado, por un lado, y, por el otro, de juzgar las responsabilidades de las personas sin afectar sus derechos. Así es que, al abordar la respuesta del Estado a las redes criminales, no se puede asumir la existencia de una mentalidad uniforme, las prioridades, la aplicación y ejecutoriedad del Derecho, los derechos humanos dividen a quienes ejercen gobierno e institucionalidad.
Aún aquellos con contacto indirecto con estas redes o aún quienes tal vez no hayan experimentado directamente la violencia sistémica y violaciones sistemáticas de los derechos humanos que comete el crimen organizado, pero sí hayan visto la dimensión política del crimen organizado o escuchado relatos al respecto— perciben la lucha contra el crimen y la respuesta del Estado a través de una perspectiva de la absoluta gravedad que tiene este problema y el marco de crisis en que hay que enfrentarse al mismo.
Esto se puede ilustrar con analogías concretas, consideremos la diferencia entre los recursos financieros de un narco y las necesidades operativas diarias insatisfechas de una estación policial, consideremos asimismo las diferentes capacidades de fuego de la policía y el narco, consideremos las posibilidades del narco de actuar permanentemente fuera de la ley y todo esto nos ayuda a comprender las condiciones permanentes de una guerra asimétrica directa. También consideremos otra perspectiva, como la de un individuo inmerso en la corrupción, para la cual, históricamente, han servido los recursos financieros del crimen organizado. Ese individuo corrompible es la razón por la cual la justicia se aplaza muchas veces, la razón por la cual un partido tiene un candidato y no otro, la razón por la cual se promueve a un policía y no a otro, la razón por la cual un fiscal es asesinado y otro no.
Toda la experiencia sensorial de la lucha contra el crimen organizado está marcada por la fragmentación territorial y la inestabilidad del sistema penitenciario. En estos territorios, para las personas que están en los mismos términos como “seguridad pública”, “guerra de pandillas” o “incompetencia pública” tienen un significado habitual que hace a la vida o a la muerte. Es así como parafraseando a Timothy Snyder podemos ver todas las lecciones de tiranía y como se aplican al crimen organizado, la obediencia por adelantado, la falta de respeto a las instituciones, el poder político ilimitado, las decisiones sin opción que la gente debe tomar, el olvidarse de la ética profesional, el narco-paramilitarismo, el uso irracional de las armas, el seguidismo fácil al poder narco, y un largo etcétera.
En la realidad de determinados sistemas políticos de la región, marcados por la fragmentación territorial y la indisimulada asimilación o compra del sistema penitenciario, la expresión “guerra asimétrica directa” se refiere simplemente a un patrón específico dentro de esa situación. Y también se refiere a la inestabilidad e ineficiencia institucionales que dan origen a estos patrones. La lucha contra la corrupción nunca se ha enfrentado al evento político que genera el crimen especializado en condiciones de igualdad. De manera similar, muchas veces el término recursos financieros se asocia naturalmente a la incompetencia de las fuerzas del orden, al mal funcionamiento judicial y a la financiación electoral por parte del crimen organizado, lo cual constituye una entidad física muy real para la erosión democrática. La corrupción tiene acceso a recursos financieros cuantiosos, y las vacunas del sistema político son ineficaces contra ella.
Las maras o las pandillas simplemente se originaron por la inestabilidad carcelaria, considerándose naturales dada la realidad de su entorno y el contexto en el que esas palabras adquirieron su pleno significado. Derrotarlas se convirtió en una necesidad para varios sistemas políticos regionales. Si bien algunos esquemas de lucha contra el narcotráfico basados en la cooperación internacional y respetando dinámicas institucionales fueron exitosos (como el Plan Colombia), la tentación recurrente ha sido comerse a los caníbales, abandonar las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia o simplemente extender de manera generalizada la captura tan allá de la prueba semiplena como fuera posible. Este método salvadoreño golpea duro a la institucionalidad y establece puntos de difícil retorno para el funcionamiento democrático.
Cuando se realiza la referencia a sistemas financieros, se habla en general de elementos de la realidad financiera en la cual la palabra inestabilidad suele ser un problema regional recurrente. La anatomía de los sistemas financieros globales se alimenta año a año de dinero del crimen organizado por miles y miles de millones, perder eso puede generarles la misma incertidumbre que cualquier crisis financiera o económica. También debe decirse que, muchas veces, estos recursos financieros (y su derrame) representan varios puntos del PBI que algunas economías no están en condiciones de perder.
Las democracias se tienen que fortalecer a través de la cooperación internacional (especialmente con EUA) que resuelva los problemas de asimetrías de recursos que tienen los presupuestos de seguridad de los países de la región con el narcotráfico y el crimen organizado en general, en nuevas eficiencias institucionales a partir de resolver la corrupción, lograr mayor profesionalización de las fuerzas de seguridad, jueces y fiscales, la utilización de la extradición como el elemento temible que es, así como capturar la mayor parte de los recursos financieros del crimen organizado que se puedan. Si prevalece la teoría de la soberanía del narco, si hay leyes financieras permisivas y si hay corrupción endémica, las soluciones necesarias demorarán en llegar o no llegarán nunca.
