Mora récord: por qué el Gobierno rechaza asistir a las familias endeudadas
El debate por la falta de intervención estatal en la problemática de la mora se convirtió en uno de los ejes centrales de la agenda pública en los últimos días. Es que el Gobierno reconoce el problema pero decidió no implementar medidas de asistencia directa para las casi 6 millones de personas con problemas de endeudamiento, a pesar del crecimiento de la morosidad a niveles récord en más de 20 años.
La primera plana del elenco gobernante considera que intervenir implicaría trasladar recursos públicos para resolver “una cuestión entre privados” y generaría un “riesgo moral” al utilizar fondos de los contribuyentes para salvar a bancos y deudores.
En ese contexto, el Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) monitorean la situación junto con el sector financiero y anticipan que, según los últimos datos disponibles, la mora bancaria se encuentra ante un punto de inflexión con leves señales de reversión tras quintuplicarse en el último año y medio.
En el plano operativo, el equipo económico mantuvo en la última semana una reunión con referentes del segmento bancario para seguir de cerca la evolución del problema y analizar los datos más recientes, aunque sin interceder de forma directa.
Desde el Banco Central descartaron la posibilidad de fijar tasas de interés máximas, como ocurría en gobiernos anteriores. La apuesta es a que la recuperación del crédito reduzca el índice de irregularidad del financiamiento en pesos y, a la vez, a que los bancos otorguen planes de refinanciación que sean sostenibles para las familias que sufren el atraso en los pagos. Según estimaciones de Economía, las entidades bancarias están ofreciendo tasas de entre 20% y 25% anual a tres años de plazo para los morosos.
Además, en el BCRA plantean que existe un rezago entre la mejora efectiva en el pago de los créditos y su reflejo en las estadísticas oficiales. El sistema de calificación y registro implica que, aunque la situación de mora comience a resolverse en la práctica, la baja en los indicadores tarda varios meses en materializarse por cuestiones operativas y de registro.
Por eso, esperan que, con la reactivación del crédito y la mayor predisposición de los bancos a refinanciar, los índices de morosidad muestren una mejora sostenida.
La postura oficial parte de la premisa de que la crisis de mora en los créditos familiares tuvo su origen en la volatilidad de tasas de interés que ocurrió en la previa electoral del año pasado. En palabras del presidente Javier Milei, “es uno de los efectos colaterales de los ataques del kirchnerismo” antes de las elecciones legislativas de 2025.
El mandatario remarcó que trasladar la resolución al Estado equivale a “pasarle la cuenta a todos los demás”. Y fue categórico al atribuir la responsabilidad de la deuda a quien decide asumirla: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?”.
El jefe de Estado también valoró la actitud de los bancos, que, según describió, están avanzando en procesos de refinanciación con los deudores: “La refinanciación que están haciendo la mayoría de los bancos es un problema entre privados. De hecho, nosotros fomentamos la refinanciación”, aseguró Milei en diálogo con LN+.
En ese sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, profundizó sobre el enfoque oficial: “No hay que confundir la empatía con las políticas públicas. Hemos sido empáticos desde el día menos uno, pero nosotros manejamos la plata de la gente. Si hiciéramos eso, alguno podría decir que estamos usando la plata de los contribuyentes para salvar a los bancos porque dieron un crédito mal”.
Caputo subrayó la restricción fiscal y la asignación de recursos, diferenciándose del modelo kirchnerista. “En nuestro esquema, la plata es finita: es la de los impuestos. Si usamos tu plata para compensar a un banco, es plata que no podemos usar para aumentarle el sueldo a las Fuerzas Armadas o a los universitarios. Una cosa es la empatía y otra la responsabilidad en las políticas públicas”, argumentó en la conferencia de prensa en la que anunció la flexibilización de créditos en dólares para empresas no generadoras de divisas.
Por su parte, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, descartó cualquier solución que implique una transferencia directa de recursos entre sectores o una monetización de la problemática y deslizó que la morosidad se encuentra en un “punto de inflexión”, a partir de datos difundidos por la consultora 1816, que, en base a información oficial del BCRA, detectó en junio la primera baja en 19 meses del índice de irregularidad del crédito a las familias: de 12,8% a 12,7 por ciento.
Bausili destacó que “es raro que los índices de morosidad sufran saltos discretos o cambios muy acentuados en el corto plazo. Llevan tiempo y se mueven más como ondas”. Como referencia, una persona con un crédito refinanciado demora nueve meses en pasar de la categoría 5 (deuda incobrable) a la categoría 1 (deuda al día).
Este argumento fue utilizado por las principales voces del Gobierno para explicar por qué la morosidad no baja más rápido.
El sistema de calificación y registro crediticio actual, basado en una escala del 1 al 5, implica que, aun cuando la situación de mora comienza a corregirse, la baja en los indicadores tarda varios meses en reflejarse en las cifras oficiales, debido a procedimientos administrativos y operativos.
También se expresó sobre el tema el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien reafirmó la ausencia de planes de asistencia directa: “Acá no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen mora y que con eso paguen. Esto nos ha llevado a muchos problemas en el pasado, no queremos volver ahí”.
Al mismo tiempo, Ravier subrayó la sensibilidad del Gobierno frente a la situación, aunque impuso límites claros a la intervención estatal: “Por supuesto somos sensibles al problema; no hay duda de que es un problema”, explicó, aunque aclaró que el regreso del crédito al mercado local puede contribuir a la mejora de la morosidad.
Luis Caputo también destacó el rol del Banco Nación, que ofreció distintas líneas de refinanciación para personas con dificultades para hacer frente a sus compromisos financieros.
El agente financiero del Estado promocionó activamente un “kit” de alternativas y, hasta julio, concretó más de 62.000 refinanciaciones por un monto superior a $310.000 millones. En contraste, los bancos comerciales privados optaron por evitar campañas masivas y prefieren abordar cada caso de manera personalizada, según el perfil crediticio y la situación particular de cada cliente.
En el sector bancario, se multiplican las advertencias sobre el “efecto de arrastre”, un fenómeno que describe cómo una persona con antecedentes positivos de pago en su banco puede ingresar en mora al asumir préstamos a través de billeteras virtuales, a menudo con tasas elevadas que dificultan el cumplimiento. Si el prestatario incumple con la fintech, el indicador de riesgo general aumenta y, ante un deterioro económico, puede dejar de cumplir también con sus compromisos bancarios.
El último informe de 1816 detalló los datos correspondientes a junio y cuantifica la evolución de la mora: la tasa general bajó de 7,7% a 7,6%, mientras que en el segmento de familias el descenso fue de 12,8% a 12,7% de la cartera.
Según el análisis de la consultora, esta variación se debió no solo a la aplicación de criterios más rigurosos en el otorgamiento de créditos, sino también a una menor velocidad en el crecimiento del saldo de financiaciones en situación irregular y a un incremento real en el saldo total de crédito en pesos.
No obstante, unas 6 millones de personas quedaron fuera del acceso a nuevos préstamos por mantener deudas impagas y más de una cuarta parte de quienes obtuvieron créditos en los últimos años perdió la condición de sujeto de crédito.
A pesar de esto, los analistas de 1816 advirtieron que no puede descartarse un repunte de la morosidad durante el tercer trimestre, por tres motivos:
