“Una persona que muera es nuestra responsabilidad”: los explosivos chats entre dos ex funcionarias por el fentanilo contaminado
Pocas veces en una causa penal los presuntos involucrados en graves delitos, en este caso contra la salud pública —funcionarios y empresarios farmacéuticos— dejan por escrito, en audios de voz o mensajes de WhatsApp, una operatoria que la fiscalía califica con tres expresiones precisas: “maridaje”, “manto de cobertura estatal” y “cobertura estatal a los laboratorios” que fabricaron y vendieron el fentanilo adulterado vinculado con la muerte de 90 pacientes y que dejó secuelas en otros 41.
La presunta complicidad en lo que el propio dictamen llama “la trama sanitaria trágica” queda expuesta, entre muchos otros intercambios, en un mensaje que una funcionaria -sin identificar- del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) le escribió a la entonces directora de ese organismo, Gabriela Mantecón Fumado, cuando los productos elaborados en Laboratorios Ramallo S.A. y distribuidos por HLB Pharma, propiedad de Ariel García, ya circulaban en hospitales de todo el país:
[Funcionaria INAME]: “Es peligroso. Una persona que reporte evento adverso o se muera, es nuestra responsabilidad.”
Las dos ex funcionarias imputadas en la causa son Nélida Agustina Bisio, ex administradora nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y Gabriela Mantecón Fumado, ex directora del INAME. Esta última, subordinada de la primera. Ambas fueron detenidas y luego liberadas bajo el pago de una fianza de 75 millones de pesos cada una y la prohibición de salir del país. En los próximos días, el juez Ernesto Kreplak deberá resolver su situación procesal. En caso de ser procesadas, la expectativa de pena por los presuntos delitos por los que se las indagó es de 10 a 25 años de prisión.
El dictamen firmado por la fiscal federal de La Plata María Laura Roteta y Sergio Leonardo Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que sustenta esos cargos, se apoya en un universo de mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y audios extraídos de los teléfonos celulares secuestrados a lo largo de la investigación. Esas comunicaciones, según la fiscalía, revelan una trama de acuerdos entre las máximas autoridades del organismo de control y los directivos de los laboratorios que les permitió a estos últimos seguir produciendo pese a las reiteradas alarmas sanitarias. La causa ya acumula 13 procesados, todos vinculados a HLB Pharma Group S.A. y a Laboratorios Ramallo, las dos firmas controladas por los hermanos Ariel y Diego García que elaboraron y comercializaron el fentanilo contaminado con Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.
Antes de continuar con la lectura de este relato —basado íntegramente en las pruebas que recabó la fiscalía contra las dos funcionarias que estaban a cargo de los máximos organismos de control sobre medicamentos e insumos médicos— es imprescindible conocer el quién es quién: es decir los nombres y cargos de los representantes del Estado que intercambiaron mensajes con los responsables y empresarios de los laboratorios investigados por la mayor tragedia sanitaria del país.
La fiscalía dedica un capítulo entero del dictamen a lo que denomina “La cobertura estatal previa a la producción de fentanilo” —que se contaminó en la línea de producción— y concluye que Mantecón Fumado “habría proporcionado, al menos desde el año 2023, un manto de cobertura estatal a las empresas HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo S.A.”.
Más adelante, al analizar los correos y chats que surgieron de la reunión del 14 de enero de 2025 entre las funcionarias y los dueños del laboratorio -desarrollada en la sede de la ANMAT, Avenida de Mayo 869-, el dictamen afirma que el correo enviado al día siguiente por la gerenta de calidad de Ramallo a Mantecón Fumado “es sumamente ilustrativo de este maridaje y de los ‘acuerdos’ de la reunión”. Y agrega que las conductas de las funcionarias tuvieron como norte “no aquella misión sino una cobertura estatal a los laboratorios que les permitió continuar con su actividad productiva, hasta que finalmente tuvo lugar la elaboración del fentanilo contaminado”.
El primer eslabón de esa trama está fechado el 27 de noviembre de 2024, la víspera de la inspección no programada que el INAME realizó en la planta de Laboratorios Ramallo, ubicada en la localidad bonaerense del mismo nombre. Esa tarde, Javier Tchukran —director general y de Manufactura de HLB— le escribió a Ana Laura Canil, jefa de la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgos del INAME:
Javier: “¿Ana Laura cómo estás? Me comentó Antonio (por Maiorano, director técnico de HLB) que mañana van a ir a Ramallo, ¿tenés idea del motivo? Un abrazo grande. Soy Javier Tchukran el director de HLB”
Ana: “Hola Javier, sí, es una inspección que deviene de reportes de productos. Saludos.”
Para la fiscalía, esa respuesta confirmó la inspección y su motivo, y le dio al laboratorio tiempo suficiente para encubrir irregularidades. Esa misma noche, Tchukran convocó a través del grupo de WhatsApp “Equipo Ramallo” —integrado por Wilson Pons, Edgardo Sclafani, Eduardo Darchuk, Carolina Ansaldi, Adriana Iúdica, María Victoria García y Arwlidys Dayana Astudillo Bolívar, entre otros— a una jornada de trabajo de emergencia:
Javier: “Estimados. Me acaban de avisar que mañana el ANMAT va a estar viniendo a la planta. Les pido por favor que además de estar todos en tiempo y en forma vengan antes de lo normal”
Según el dictamen, el grupo intercambió mensajes hasta las dos de la madrugada para ejecutar al menos 18 acciones de encubrimiento: colocar carteles de “fuera de uso” en máquinas no registradas en los batch records, sacar materia prima rechazada, masillar paredes, completar planillas de seguimiento y descartar desechos tóxicos y reactivos vencidos, entre otras maniobras.
La fiscalía señala que el nivel de incumplimiento en la planta de Ramallo era tan grave que ni siquiera ese operativo nocturno alcanzó para ocultar todas las deficiencias críticas ante las inspectoras Sandra Fabiana Chico y Sandra Judith Berndt, quienes el 28 de noviembre detectaron fallas sistémicas en producción, control de calidad, recursos humanos y depósitos.
Antes de la inspección de noviembre, el dictamen reconstruye un patrón de protección que la fiscalía rastrea hasta enero de 2024. El 17 de enero de ese año, José Antonio Maiorano —director técnico de HLB— le reenvió a Victoria García un mensaje que la propia Mantecón Fumado le había enviado para que llegara al laboratorio:
Antonio (reenvía mensaje de Mantecón Fumado): “Te escribo xq es muy importante que respondan a los correos de Ana Laura Canil. Sino voy a tener que tomar urgente otras medidas. Y no las voy a poder moderar después. Te ruego respondan. Después es más difícil remontar”
Antonio: “Buen día. Vicky, estamos al horno. Esto es de Mantecón. Pásame porfa urg el listado sin los de 100 y 2000 y vemos qué pasa... q no será nada bueno. Te lo pedí por mail tamb.” (sic)
Para los fiscales, el contexto del mensaje es el siguiente: se refiere al listado de productos farmacéuticos que Victoria García debía recortar antes de enviarlo al organismo de control, y que luego quedó reducido a “solo los de 500”. La interpretación es que se refiere a presentaciones o volúmenes de envase —los de 100 ml y los de 2.000 ml—, dejando únicamente los de 500 ml, como por ejemplo soluciones salinas, entre otros.
La fiscalía interpretó ese mensaje como evidencia de que Mantecón Fumado actuaba como intermediaria entre el organismo de control y los laboratorios, frenando el avance de las medidas regulatorias. El dictamen califica esa conducta como parte del “maridaje previo entre las funcionarias con los cargos más altos del organismo estatal y los laboratorios”.
En esa misma conversación, la fiscalía detectó que Victoria García, siguiendo instrucciones de Diego García, manipuló documentación antes de enviarla al INAME:
Victoria: “Hola Antonio, recién abro la computadora. Dale perfecto, ahí hago lo que dijo Diego, saco todo y dejo solo los de 500” (audio transcripto)
Días después, Maiorano le solicitó un nuevo recorte del listado, esta vez por indicación de Ariel García:
Antonio: “Vicky cómo estás? Disculpa que te vuelva a molestar, pero Ariel García habló con Ariel Cons y pidió que le mandaran a partir de febrero, porque antes de eso habían tenido una conversación con Mantecón, que ella sabía que estaban usando eso, entonces te pido por favor que me lo mandes, habría que sacar enero del año pasado, o sea a partir de febrero” (audio transcripto)
Victoria: “Dale perfecto, ahí saco eso y te lo vuelvo a mandar. Seguimos con el mismo concepto, dejo solo los de 500 y a partir de febrero” (audio transcripto).
El 16 de enero de 2024, Canil le informó a Mantecón Fumado, a través de WhatsApp, que había llegado una nueva notificación por un sachet de HLB contaminado con un hongo, y que el laboratorio no respondía los correos del organismo:
Ana: “Gaby (por la directora del INAME), cambiando de tema. Llegó otra notificación por Sachet contaminado de HLB. Todavía no respondieron el correo electrónico con lo solicitado”
Ana: “Cómo estás Gaby? Mira, la verdad es el mismo producto y viene ahora de otra provincia. Este es el envase de sachet sistema abierto. No responden los correos electrónicos. Yo ahora redacté un correo poniendo también en copia al elaborador que es Ramallo...”
La fiscalía señala que, tras analizar el intercambio completo, pudo concluir que Mantecón Fumado le pidió al ex director técnico de HLB, Ariel Cons, que contestara los correos vinculados a ese reporte de contaminación, en lugar de impulsar una inspección formal. El sachet, además, se comercializaba en envases no aprobados por ANMAT.
Tras la inspección de noviembre de 2024, el equipo técnico del INAME elaboró dos proyectos de carta de advertencia: uno para prohibir la producción en Ramallo y otro —elevado el 8 de enero de 2025— para prohibir la comercialización de todos los productos marca HLB. La normativa vigente fijaba un plazo de dos días para firmar ese tipo de instrumento.
El 14 de enero de 2025, con ambos proyectos sobre su escritorio, Mantecón Fumado y Bisio convocaron a una reunión en la sede central de ANMAT en Avenida de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires. Participaron Ariel García, Tchukran y Victoria García por los laboratorios. La fiscalía señala que ambas funcionarias “hablaban con uno de los dueños reales del laboratorio: Ariel García. Y acordaban con él cómo dejar sin efecto ese —proyecto— de carta de advertencia”, lo que el dictamen identifica como una de las expresiones más nítidas del “maridaje” entre el organismo de control y los privados.
Lo que allí se acordó quedó registrado al día siguiente, en la conversación del 15 de enero de 2025 entre Maiorano y Victoria García:
Antonio: “Buen día Vicky, ¿cómo les fue ayer? Vos fuiste a Av. de Mayo? Me resultó raro q los hagan ir allá” (sic)
Victoria: “Hola Antonio, ¿cómo estás? Discúlpame ahí agarré el teléfono, estaba con una cosita. Mira, ayer era para avisarnos, va en realidad para avisarles a ustedes, más que nada porque los citados eran ustedes, no Ramallo, que nos iban a emitir una carta de advertencia en la que no íbamos a poder seguir fabricando acá. Pero bueno, al final quedamos que le presentábamos, ya lo teníamos hecho al plan de acción, gracias a dios ya estaba, lo veníamos viendo con Javi de antes y con las chicas acá, entonces le presentamos el plan de acción. Entonces con eso quedó, que ella con ese plan de acción baja la carta y no nos inhibe la fabricación y todo eso. (...) también me va a conseguir otra información de algunos escritos, estuvimos hablando con ella de los prospectos, los rótulos, que no tenemos, que no podemos conseguir, que no figuran en ANMAT, ella va a intentar por otro lado también conseguirnos. Estuvimos hablando un rato, la verdad que re bien predispuestas ambas, las dos. Muy bien para poder ayudarme y todo, Ariel les explicó algunas cosas también, Javi también, estuvimos hablando bastante, pero bastante bien con ellas. Pero sí la idea era esa, hacer que Ramallo deje, hasta tanto levante todos los ítems de la GMP que tuvimos, deje de producir. Pero bueno, con esto del plan y todo eso como que quedó todo más calmado.” (audio transcripto)
Más adelante, en la misma conversación, Victoria García describió con mayor precisión el mecanismo acordado con Mantecón Fumado:
Victoria: “...acción que me estás dejando, y yo emito la carta y al mismo tiempo que emito la carta la anulo con tu plan de acción, y listo. Bueno perfecto, tengo que mandar un par de cosas que me pidió, y en la semana nos va a decir en qué momento pasamos por ahí, sea esta semana o la que viene, a ver punto por punto con ella” (audio transcripto)
Javier (quien también participaba de la conversación): “No, la directora del INAME y del ANMAT”.
Para la fiscalía, ese intercambio coloca en escena directa a Mantecón Fumado y a Bisio, y demuestra que la reunión del 14 de enero tuvo como objeto real acordar con los laboratorios de qué manera neutralizar la carta de advertencia antes de que tuviera efecto. El correo que Victoria García le envió a Mantecón Fumado al día siguiente —con el plan de acción y un listado de rótulos y prospectos que el laboratorio no tenía, entre ellos los de Propofol y Diazepam— dejó constancia por escrito de que ambas firmas fabricaban medicamentos sin los documentos aprobados por el ente regulador. La fiscalía señala que ese correo “es sumamente ilustrativo de este maridaje y de los ‘acuerdos’ de la reunión”.
El 10 de febrero de 2025, Mantecón Fumado y Bisio firmaron la carta de advertencia que prohibía la producción en Ramallo, 38 días después de que el equipo técnico la elevara, cuando la normativa fijaba un plazo de dos días. Se publicó recién el 24 de febrero. En ese lapso, el fentanilo contaminado ya había comenzado a distribuirse: el primer remito data del 30 de enero de 2025.
La carta de advertencia para prohibir la comercialización de los productos HLB, en cambio, nunca se firmó. Mantecón Fumado la devolvió a Canil el 12 de mayo de 2025 —el mismo día de la denuncia penal por las muertes— con el argumento de que primero debía realizarse una inspección de Buenas Prácticas de Fabricación en HLB.
Dos días después de la publicación de la carta de Ramallo, el 26 de febrero de 2025, una funcionaria del Departamento de Vigilancia Post Comercialización le advirtió a Mantecón Fumado sobre el peligro que representaban los productos en circulación. El intercambio es el siguiente:
[Funcionaria INAME]: “Serían todos los lotes de todos los productos elaborados por RAMALLO para HLB. Porque los procesos productivos no se realizaron bajo BPF.”
[Funcionaria INAME]: “Es peligroso. Una persona que reporte evento adverso o se muera, es nuestra responsabilidad. No podemos demorar la respuesta.”
La fiscalía señala que ese pasaje revela que la preocupación de Mantecón Fumado no fue proteger la salud pública de la población sino evitar pérdidas económicas para las empresas de los hermanos García.
El dictamen califica esa conducta como parte de las acciones y omisiones cuyo norte fue “una cobertura estatal a los laboratorios que les permitió continuar con su actividad productiva”. Las alertas continuaron también el 26 de marzo de 2025, cuando Bisio y Mantecón Fumado tomaron conocimiento de un informe técnico que señalaba que los incumplimientos de HLB representaban “un riesgo para la salud de los potenciales pacientes” y “un alto riesgo sanitario para la población”. Tampoco actuaron.
El 6 de marzo de 2025, mientras el organismo evaluaba la posibilidad de inhibir a los laboratorios, se habría producido una nueva reunión entre Mantecón Fumado y personal de los laboratorios en la sede del INAME. La conversación entre Bisio y Mantecón Fumado hallada en el teléfono de Bisio ese día revela que la administradora nacional estaba al tanto del encuentro y pidió que se manejara con discreción:
La fiscalía pregunta en el dictamen: “¿Cuál era el interés de la administradora nacional para ocultar la presencia de gente del laboratorio en el organismo y por qué no hay registro formal de la existencia de dicha reunión?”
La investigación fiscal también resalta que, mientras se demoraban las medidas contra los laboratorios de los García, el director técnico de HLB, Maiorano, asesoraba a Carolina Ansaldi —directora técnica de Laboratorios Ramallo— sobre cómo manejar la documentación de producción para que no quedara registro de que el laboratorio seguía fabricando durante la clausura. El 26 de febrero de 2025 le escribió:
Antonio: “Como un consejo te digo, lo que tenés que tener cuidado es, si siguen produciendo, porque ANMAT ya dijo que no, pero me imagino que no habrán cortado, todo lo que hagan de acá hasta que le habiliten de vuelta, ojo con las fechas que ponen en la documentación, en los batch records. O sea, si siguen produciendo ojo la fecha que ponen, no pongan la fecha de ahora que supuestamente no pueden hacer nada” (audio transcripto)
Días antes, en la misma conversación, Maiorano había revelado la lógica con la que los laboratorios manejaban su relación con las distintas funcionarias del INAME:
Antonio: “Ana Laura Canil, no se lleva con García... la teníamos controlada con Cons, la llevábamos bien... no sé si es buena idea, García se lleva mejor con Mantecón”.
El patrón de alertas previas a las inspecciones se repitió en mayo de 2025. El 11 de mayo, un día antes de que ANMAT concurriera a los laboratorios, Maiorano reenvió a empleadas de HLB el siguiente mensaje:
“Me acaba de avisar Ariel que mañana cae inspección, no se tiene que presentar nadie por esta semana porque está cerrado el laboratorio.”
Para la fiscalía, alguien del INAME volvió a alertar al laboratorio, lo que habría facilitado la destrucción de evidencias que luego fue presentada como una “vandalización”. El 13 de mayo de 2025, en el grupo de WhatsApp “Garantía”, Maiorano confirmó lo que estaba ocurriendo:
[Otro integrante]: “¿Pero no entiendo qué es lo que están tirando Tony? ¿Están tirando las cosas de depósito? ¿Lo que tenían ahí? ¿O qué?” (audio transcripto)
Al día siguiente, el 14 de mayo, Sclafani le confirmó a Victoria García que habían quemado todo:
Edgardo Sclafani: “Hoy quemamos todo.... 🔥 Seguro en ese galpón no hay ni mosquitos ni palomas.... 😅 😅 😅”
Esa misma jornada, el jefe de Mantenimiento de Laboratorios Ramallo le escribió a su pareja:
La orden de borrar los servidores fue ejecutada por Tchukran. Una filmación de las cámaras de seguridad de su propio domicilio —obtenida en el allanamiento del 4 de julio de 2025— lo registró el 18 de mayo de 2025 en una reunión con los hermanos García:
Javier Tchukran: “...además de los mails hice borrar todo lo que estaba... por suerte gracias a Dios [...] todo lo que tenemos en los servidores de información... y lo borramos todo, o sea que no hay un solo gramo de información...”
El mismo 12 de mayo de 2025, día en que ANMAT realizó la denuncia penal por las muertes en el Hospital Italiano de La Plata, la fiscalía halló en el teléfono de Bisio un mensaje que sintetiza, según el dictamen, la lógica con la que las funcionarias manejaron la crisis hasta el final:
La fiscalía lo interpreta así: “Evidentemente, se procuró poner las cosas en orden. La de los laboratorios primero y la de INAME/ANMAT después.”
El dictamen fiscal establece que si la carta de advertencia que prohibía la comercialización de todos los productos HLB se hubiera firmado en el plazo legal de dos días desde su elevación —el 8 de enero de 2025—, el fentanilo contaminado nunca habría llegado a los pacientes. Entre esa fecha y el primer remito del lote 31.202 a una droguería transcurrieron 23 días; hasta la primera aplicación a un paciente, 31 días.
La primera víctima fatal, según el auto de procesamiento del 13 de mayo de 2026, ingresó a un sanatorio el 7 de febrero de 2025 y recibió la primera ampolla del fentanilo HLB lote 31.202 al día siguiente. Falleció el 12 de febrero de 2025, con 50 años. En total, el lote 31.202 fue distribuido a cinco droguerías entre el 30 de enero y el 12 de febrero de 2025, con un total de 105.000 ampollas; el lote 31.244 sumó otras 120.000 ampollas entregadas el 14 de marzo.
La fiscalía concluye que Mantecón Fumado “no tenía intenciones de solicitar la prohibición de la comercialización de productos a HLB ni conducir o ejecutar ningún tipo de medida preventiva”, y que “probablemente, si el Hospital Italiano de La Plata no hubiese formulado el reporte por desvío de calidad, el proyecto de carta de advertencia seguiría en el buzón de la funcionaria”. El dictamen agrega que, de haber actuado en tiempo y forma, “se podría haber evitado la muerte de casi un centenar de personas y las distintas lesiones graves que padecieron otras”.
Los 13 procesados vinculados a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo incluyen a los hermanos Ariel y Diego García, a Javier Tchukran, a José Antonio Maiorano, a Carolina Ansaldi y a Edgardo Sclafani, entre otros. Bisio y Mantecón Fumado aguardan ahora la decisión del juez Ernesto Kreplak sobre su situación procesal, que podría resolverse la próxima semana.
Este texto es más extenso de lo habitual y lo aconsejable, pero es la única manera de ser fiel a la minuciosa investigación judicial y a la más compleja pesquisa sobre salud pública y la presunta complicidad entre funcionarios que deberían controlar y la poderosa industria de medicamentos.
