El dilema de cara a las elecciones: el país que exporta crece, el que consume y produce para el mercado interno está estancado
El cambio de régimen económico que la Argentina inició a fines de 2023 implica que el país atravesará, durante varios años, una economía en transición. No se trata únicamente de estabilizar algunas variables macroeconómicas, sino de modificar la manera en que la Argentina produce, invierte, se financia y genera riqueza. La lógica misma para ganar dinero comenzó a cambiar y seguirá haciéndolo a medida que la economía se adapte al nuevo esquema. Pero una transición de esta naturaleza reclama, por encima de cualquier otra condición, continuidad.
Para que ese proceso llegue a consolidarse, resulta imprescindible sostener el rumbo emprendido y sus principales lineamientos, esto es, el equilibrio fiscal y externo, una orientación favorable al mercado, la apertura de la economía, el respeto por los derechos de propiedad y reglas de juego previsibles. Y hoy esa continuidad depende, en los hechos, del resultado de la elección presidencial de 2027.
De ahí que prácticamente cualquier decisión relevante del sector privado, ya sea invertir, ampliar la capacidad productiva, incorporar personal o encarar proyectos de largo plazo, termine atravesada, de manera explícita o implícita, por una única pregunta, la de si el actual presidente será reelecto o no.
Sobre ese trasfondo se advierte un deterioro del humor social y de la valoración de la gestión que conviene no minimizar. Tras una mejora transitoria en junio, el índice de confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella volvió a caer un 6,5% en julio, alcanzó el menor nivel de la administración y acumula un retroceso superior al 20% respecto de un año atrás. En sintonía, la mayoría de las encuestas ubica hoy la imagen positiva del presidente entre el 35% y el 40%, por debajo de los registros del inicio de la gestión. Y algo igualmente significativo, la inflación dejó de ser la principal preocupación de la población y fue desplazada por problemas mucho más ligados a la economía cotidiana, como el empleo y los salarios reales.
Es aquí donde aparece lo que puede denominarse el trilema del corto plazo, integrado por tres vértices que conviene pensar como un triángulo: el orden macroeconómico, la inflación y el nivel de actividad. Los tres importan, pero no pesan por igual a la hora del voto. Y el vértice donde la actual administración exhibe hoy mayores dificultades, el nivel de actividad, es precisamente el que probablemente tenga mayor influencia electoral.
El orden macro y la fuerte desaceleración de la inflación constituyen los principales logros de la gestión. La actividad, en cambio, sigue mostrando un desempeño débil, sobre todo en los sectores vinculados con la demanda interna y más intensivos en empleo, como la construcción, la industria, el comercio y buena parte de los servicios.
El dato que sintetiza el problema con mayor crudeza es el siguiente. En los primeros cinco meses de 2026, el PBI creció un 1,7% interanual, pero ese avance se explica íntegramente por el agro, la energía y la minería, tres sectores que en conjunto representan apenas el 13% de la economía y que se expandieron un 12,3%.
El 87% restante, aquello que bien puede llamarse la “economía de la calle”, prácticamente no creció, con un magro 0,2%. He aquí la raíz de la disociación entre las estadísticas agregadas y la percepción social. El país que exporta crece con vigor, pero el país que consume, trabaja y produce para el mercado interno permanece estancado.
La consecuencia política de esa disociación es directa. Después de convivir durante el último año con una inflación crónica en torno al 30% anual, y sin un plan que permita reducirla con rapidez a un solo dígito, la elección de 2027 dependerá mucho más de la recuperación de la actividad que de que la inflación termine en el 25% o en el 30%. Conviene, de todos modos, una precisión sobre el vértice macroeconómico. Hoy resulta poco probable que el principal obstáculo provenga de ese frente, porque con superávits gemelos y una macro considerablemente más ordenada, haría falta cometer errores importantes de política económica para que el país vuelva a enfrentar una crisis de magnitud suficiente como para inclinar la elección.
La pregunta decisiva, entonces, es qué hacer para apuntalar la demanda agregada. Y la respuesta, examinada frente por frente, no es alentadora. Desde el plano fiscal, el margen de maniobra es prácticamente inexistente. El superávit primario acumulado en los últimos doce meses se redujo a apenas un 1% del producto, muy por debajo del 1,8% con que había cerrado 2024. Ese deterioro respondió a la pérdida de dinamismo de la recaudación, golpeada por la debilidad de la actividad y por las propias rebajas impositivas dispuestas por la gestión.
Las restricciones ya se reflejan en las decisiones oficiales. El Ejecutivo debió postergar la reducción de las contribuciones patronales vinculadas al Fondo de Asistencia Laboral, cuyo costo anual ronda el 0,3% del producto, y a diferencia de años anteriores, el Presidente optó esta vez por no anunciar una nueva baja de retenciones en la Exposición Rural, una señal elocuente del escaso espacio disponible.
Donde sí existiría margen para actuar es en el terreno de la gestión. Después de treinta y un meses de mandato, la administración aún no logró poner en marcha un plan ambicioso de infraestructura financiado por el sector privado mediante concesiones y asociaciones público-privadas. Un avance en esa dirección permitiría no solo estimular la actividad, sino también apuntalar la productividad al eliminar los cuellos de botella en infraestructura, transporte y logística, uno de los pilares que los propios organismos internacionales señalan como indispensables, junto con la educación y el respeto por la ley, para que la Argentina pueda transformarse en una economía desarrollada.
Otra alternativa sería habilitar una política monetaria algo más expansiva. Tras nueve meses con una base monetaria prácticamente congelada en torno a los 41 o 42 billones de pesos, en los últimos dos meses pareciera observarse una expansión algo mayor de la oferta de dinero primario, aunque todavía no está claro si se trata de un giro deliberado o de factores transitorios. El problema es que, en una economía que aún no se ha remonetizado, buena parte de los pesos emitidos regresan al sistema financiero y los bancos terminan prestándoselos al Banco Central o al Tesoro, de modo que solo una fracción se transforma en crédito al sector privado. La elevada morosidad agrava el cuadro, con una irregularidad que alcanza el 12,8% en los préstamos a las familias y el 15,9% en los personales.
Algo semejante ocurre con la política cambiaria. Tras retroceder en los primeros meses del año, el dólar mayorista subió un 5,3% en junio y otro 1,1% hasta fines de julio, lo que sugería cierta disposición a tolerar una corrección del tipo de cambio. Un dólar algo más alto aliviaría a los sectores más expuestos a la competencia importada y favorecería una recuperación más equilibrada.
Pero cuando la divisa se acercó al umbral de los 1.500 pesos sobre el final de julio, se endureció su intervención, con ventas de títulos atados al dólar por parte del Banco Central y una fuerte colocación de cobertura cambiaria por parte del Tesoro. Todo indica que la autoridad económica priorizó contener el tipo de cambio, en la convicción de que la desinflación sigue siendo la prioridad y de que esa prioridad seguirá limitando cualquier deslizamiento cambiario.
El diagnóstico que se desprende de este recorrido es sobrio. No se visualiza una política económica claramente orientada a apuntalar la actividad de aquí a 2027. Si la economía de la calle llegara a la elección creciendo en torno al 2% anualizado, las probabilidades de reelección serían elevadas, pero ese escenario no luce como el más probable. Ello no significa que el oficialismo no pueda revalidar su mandato. Significa, más bien, que probablemente la economía real no juegue a su favor, y que si la continuidad se impone, será por otros factores, como el deseo de buena parte del electorado de no retornar al esquema pasado, o una oposición fragmentada, antes que por el impulso de una recuperación cotidiana que, hasta ahora, no termina de llegar.
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