Créditos en dólares para todas las empresas: qué oportunidades abre la flexibilización y cuáles son los riesgos
El Gobierno busca generar movilizar los depósitos en dólares e incentivar el crédito. Sin embargo, la apreciación cambiaria y la proximidad de las elecciones generan dudas entre algunos expertos.
El Gobierno busca que el crédito en dólares sea un motor de la actividad económica y el empleo.
La decisión del Gobierno de ampliar el acceso al crédito en dólares para todo el universo de empresas abrió una nueva discusión entre los economistas. Mientras algunos destacan que la medida permitirá aprovechar una masa creciente de depósitos en moneda extranjera que hoy permanece sin utilizar y puede contribuir a financiar inversión y producción, otros advierten que el mayor endeudamiento en dólares llega en un momento delicado, con un tipo de cambio real bajo y perspectivas de mayor volatilidad hacia 2027.
La medida anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, habilita a los bancos a otorgar préstamos en dólares a empresas que no necesariamente tengan ingresos en esa moneda. La flexibilización tendrá un límite: las entidades podrán destinar hasta el 15% de sus depósitos en dólares a este tipo de financiamiento. Además, el Banco Central (BCRA) estableció un tratamiento prudencial más exigente, con mayores requerimientos de capital y la obligación de evaluar la capacidad de repago de los deudores frente a distintos escenarios de variación del tipo de cambio.
El objetivo oficial es doble. Por un lado, ampliar el crédito para sectores como la construcción y la industria. Por otro, generar incentivos para que los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero permanezcan depositados en los bancos.
La decisión se da en un contexto en el cual los depósitos en moneda estadounidense alcanzaron un récord en 26 años, superando los u$s40.000 millones.
Para Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, la medida corrige una restricción que había quedado como herencia de la salida de la convertibilidad y la pesificación de 2002. Según explicó, la regulación redujo prácticamente a cero el riesgo cambiario para las entidades, porque los dólares sólo podían prestarse a quienes generaban ingresos en esa moneda, pero también terminó dejando una parte de los fondos depositados sin capacidad de ser canalizados hacia la economía.
"Ahora queda una gran cantidad de crédito disponible que nadie puede tomar", señaló. Por eso, consideró que la flexibilización "es muy buena", ya que permite que los bancos utilicen una parte de esos fondos para financiar inversión y producción sin asumir un nivel de riesgo excesivo.
El Gobierno entiende que, si los bancos reciben depósitos en dólares pero sólo pueden prestarles a empresas con ingresos en esa moneda, una parte importante de esa liquidez queda subutilizada. Según su visión, eso generaría más inversión, más actividad y más empleo.
Por su parte, Pablo Moldovan expresó, en diálogo con Ámbito, que la medida debe leerse en dos planos. Por un lado, marcó que se trata de un estímulo al crecimiento del crédito en dólares, que viene siendo fundamental para el equilibrio del mercado del dólar. Por otro lado, subrayó el estancamiento del crédito en pesos, resultado de que "los esquemas monetarios que se enfocan en el control de agregados enfrentan siempre la amenaza de una gran volatilidad de tasa de interés y esto atenta fuertemente contra el crédito".
Desde esta perspectiva, el Gobierno estaría intentando resolver dos problemas al mismo tiempo: darle más financiamiento a la actividad y fortalecer una fuente de oferta de dólares hacia adelante. Vale aclarar, al respecto, que los préstamos deben liquidarse en el Mercado Libre de Cambios (MLC), por lo que el crédito bancario se convierte en una fuente adicional de oferta de dólares.
Sin embargo, Moldovan considera que "es una decisión que abre una puerta peligrosa, en un contexto en el que el tipo de cambio real está en niveles históricamente bajos y sostenido por un mix de flujos financieros y shocks de términos del intercambio que es difícil prever cuánto se mantendrán".
"El Gobierno sabe que, de acá a las elecciones, la tasa en pesos estará siempre presionada por la necesidad de evitar la dolarización o el desarme de posiciones en pesos. Por lo tanto, es difícil imaginar una baja significativa de tasas que permita estimular el crédito en pesos. Se busca entonces una cláusula de escape que ponga a disposición de los agentes económicos un volumen adicional de crédito, pero denominado en dólares. ¿Qué puede salir mal? El problema es conocido: frente a cualquier salto del tipo de cambio provocado por un evento negativo, muchos de esos deudores caerían masivamente en mora o directamente en default", alertó el economista Jorge Carrera, exdirector del BCRA.
La regulación intenta limitar ese riesgo mediante regulaciones macroprudenciales. Sin embargo, desde la mirada de los críticos, el riesgo no desaparece: simplemente se traslada parcialmente desde el sistema financiero hacia los balances de las empresas.
Federico Machado, economista de OPEN, comparte una parte de esa preocupación, aunque reconoce el potencial expansivo de la medida. "Puede ayudar a la recuperación de la actividad", sostuvo, pero consideró que es "demasiado temeraria", teniendo en cuenta que el apalancamiento de los préstamos en dólares ya es elevado y que hacia 2027 podría presentarse un escenario de mayor volatilidad.
La clave no estará sólo en cuánto crédito adicional puedan otorgar los bancos, sino en quiénes lo toman, para qué lo utilizan y qué proporción de sus ingresos queda expuesta a una eventual suba del dólar. Los economistas más cautelosos creen que el contexto cambiario obliga a mirar con atención la velocidad con la que crezca el endeudamiento en moneda extranjera.
En el fondo, la discusión es la misma que atraviesa buena parte del programa económico: cómo aprovechar la recuperación del ahorro en dólares y convertirlo en financiamiento para la actividad sin que esa misma herramienta termine convirtiéndose, ante un cambio de escenario, en una nueva fuente de vulnerabilidad para la economía.
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