Visitó Argentina una referente internacional de la lucha por la abolición universal de la maternidad subrogada
El lunes 10 de agosto, Buenos Aires recibió por primera vez a Olivia Maurel, referente internacional de la lucha por la abolición universal de la maternidad subrogada y voz global de la Declaración de Casablanca.
Maurel es defensora de los derechos de las mujeres basados en el sexo, y autora de ¿Dónde estás mamá?, libro en el que cuenta su historia de abandono como hija producto de la subrogación, y la difícil tarea de reconstruir su identidad. Durante su visita, dio charlas en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Austral, el Congreso de la Nación y la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de concientizar sobre la grave violación a la dignidad de mujeres y niños que esta práctica supone.
La maternidad subrogada constituye un mercado transnacional de tráfico de madres e hijos que mueve actualmente unos 28.000 millones de dólares y proyecta multiplicarse por 9 en una década. En Argentina, la producción y entrega de un hijo cuesta entre 55 y 90 mil dólares incluyendo servicios de captación y traslado, trámites jurídicos, gestión médica, etc. Unos 10 mil del total son pagados a la madre a título de “compensación” por producto entregado. El mercado humano de la subrogación convierte a las madres en meras portantes gestacionales, a los niños, en objetos de contrato y producción, y al vínculo materno-filial en un servicio comercial que cotiza en el mercado global.
El grave daño a la dignidad humana que supone la industria filial hizo que países como España, Italia, Francia, Alemania, Austria, Suecia o Suiza la prohibieran hace décadas. Argentina aún no lo ha hecho, a pesar de que su legislación sólo reconoce la filiación por parto y prohíbe expresamente el comercio de seres humanos, órganos, tejidos, fluidos, biomateriales o funciones vitales. Los contratos que tienen por objeto la entrega de un niño mediante la locación del cuerpo materno deben ser, por lo tanto, ilícitos y nulos.
Sin embargo, la presión del lobby reproductivo en conjunción con la narrativa edulcorada del wokismo han trabajado por capturar la administración de la norma y la opinión pública. Lograron instalar así que el vínculo filial depende de la autopercepción identitaria y quien se siente profundamente mamá o papá –cualquiera sea su género– debe tener acceso al servicio tercerizado de la producción filial. Hasta diciembre de 2023, ese relato hegemonizó el imaginario cultural e instaló la delegación reproductiva en la “portante” como un acto de justicia, igualdad reproductiva y ampliación de derechos. La propaganda woke replicó por todos los medios el relato angelical de la familia diversa gracias al amor sacrificial de mujeres pobres, que por necesidad se someten a embarazos de alto riesgo, hiper-medicalizados e hiper-hormonados. Bajo este marco de tolerancia edulcorado de solidaridad y progresía, Argentina produjo para venta local o exportación centenares de niños registrados a nombre de los contratantes, mientras que el relato del altruismo permitía desregular el mercado, invisibilizar el pago, e incrementar la precariedad y riesgos obstétricos de las mujeres.
Un fuerte cambio de paradigma legal se produjo a partir de diciembre de 2023, cuando el Estado argentino comenzó a perseguir por primera vez el delito penal de trata por reducción a la servidumbre y compraventa de niños vinculado a esquemas de gestación subrogada. A partir de entonces, las causas penales abiertas por explotación se acumularon. Actualmente, hay 80 mujeres víctimas de presunta trata que esperan sentencia, 30 profesionales en la mira, 11 casos elevados a procesamiento en CABA, 9 con pedido de elevación a juicio en Córdoba y más de 200 causas factibles de abrirse.
El país restituye así su larga tradición abolicionista, de reconocimiento de los derechos humanos y de respeto por sus compromisos constitucionales con las mujeres y los niños. Argentina se colocó además a la altura de los estándares internacionales de derechos humanos que exigen condenar la maternidad subrogada como una nueva forma de esclavitud y trabajar por la abolición de todas sus formas. Un informe del 2025 de la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer concluye que la gestación subrogada se caracteriza por la explotación y exhorta a los Estados a avanzar hacia su abolición. El Consejo de Europa y el Parlamento Europeo incluyeron la explotación de la gestación subrogada en la Directiva 2024 contra la trata de seres humanos. En mayo de este año, la Organización de los Estados Americanos, por iniciativa de nuestro país, recomendó a los 35 países del hemisferio investigar la “trata reproductiva”, categoría que Argentina introdujo en la agenda internacional.
No obstante tales esfuerzos, la presión del comercio reproductivo, sumada a la narrativa identitaria de quienes pretenden establecer la filiación por autopercepción, contrato y producción comercial, no ha dejado de crecer, capturando la voluntad de los jueces y la necesidad de las mujeres más vulnerables. En este contexto, resulta imperativo que Argentina tipifique el delito de explotación reproductiva y compraventa de niños. Quienes tengan un legítimo deseo de construir una familia, no dominado por narcisismos genéticos, deben saber que adoptar en lugar de comprar es siempre posible y digno.
Olivia Maurel vino a recordarnos que es hora de actuar porque los más débiles y vulnerables no pueden esperar. Su visita nos invita a reflexionar sobre la sociedad que queremos construir juntos, una en la que los hijos se fabriquen y entreguen por contrato mediante la locación de mujeres pobres, o en la que la condición naciente y el apego materno sean el modelo relacional de nuestra existencia. Que el 2026 sea el año en que Argentina avance en la tipificación de la trata reproductiva y el comercio de madres e hijos. Ninguna otra regulación hará aceptable lo que es por principio deshumanizante e indigno.
