Paro de la UTA: en qué provincias no habrá servicio de colectivos
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) resolvió suspender el paro nacional de transporte urbano de pasajeros que había anunciado para este viernes 14 de agosto, lo que evita una parálisis que amenazaba con afectar a gran parte del interior del país. La decisión, confirmada por fuentes sindicales a LA NACION, se formalizó tras una serie de gestiones ante el Ministerio de Capital Humano, donde se acordó retomar el diálogo para destrabar el conflicto salarial que mantiene el gremio con las cámaras empresarias. Según la información oficial suministrada por la cartera que conduce Sandra Pettovello, la medida de fuerza quedó sin efecto a la espera de una nueva oferta por parte de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP).
El conflicto, que mantuvo en vilo al sector durante los últimos 90 días, tiene como eje central la profunda disparidad salarial existente entre los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus pares de las provincias. El gremio, bajo la conducción de Roberto Fernández, había calificado la situación como “insostenible” y sostenía que no aceptaría que los salarios de los trabajadores del interior quedaran subordinados indefinidamente a las actuales condiciones financieras del sector. La exigencia principal del sindicato consiste en la homologación a nivel nacional de los números acordados a finales de julio para el AMBA, donde se estableció un salario mínimo de $1.645.721 para julio, con subas escalonadas que llevan el básico a $1.676.990 en agosto y a $1.707.175 en septiembre.
Desde la óptica empresarial, la respuesta fue de firme negativa ante la posibilidad de equiparación. Según detalló el vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), Jorge Berretta, el aumento salarial no constituye una cuestión de falta de voluntad, sino que la crisis financiera del sector impide asumir compromisos similares a los capitalinos sin un refuerzo en los subsidios o un incremento significativo en las tarifas. En esta misma línea, el prosecretario de FATAP, Gerardo Ingaramo, señaló que el problema radica en la falta de respuesta de los gobiernos provinciales y municipales ante la mesa de negociación. “Ninguna provincia se presentó en la discusión paritaria y tampoco lo hizo ningún municipio. Si no tenemos los ingresos necesarios y suficientes, no podemos afrontar el pago de los salarios”, afirmó Ingaramo en declaraciones a Cadena 3.
El escenario de tensión incluyó manifestaciones de diversos actores políticos: en Tucumán, el gobernador peronista Osvaldo Jaldo se posicionó en contra de la medida de fuerza con el argumento que su administración realizó un esfuerzo económico extraordinario para sostener el servicio. “Para nada estamos de acuerdo con un paro, porque estamos haciendo, tanto desde el municipio de la capital como en muchos municipios del interior, aportes y colaborando en líneas locales”, subrayó el mandatario, con lo que destacó que el pago de los haberes a los más de 3500 empleados del transporte público en su jurisdicción depende directamente de estas compensaciones locales.
Ante la posibilidad de un paro que habría sumado una complejidad logística significativa en la antesala del fin de semana largo, el Ministerio de Capital Humano intervino para encauzar el conflicto. El compromiso asumido por FATAP ante las autoridades nacionales consiste en convocar a las jurisdicciones provinciales para buscar alternativas que permitan financiar el requerimiento sindical. Por ello, se fijó una nueva audiencia para el próximo jueves 20 de agosto a las 12 horas, instancia en la cual se espera que los empresarios presenten una propuesta concreta.
Por el momento, la resolución ministerial de no avanzar con la huelga permite que el transporte urbano en las provincias funcione con normalidad durante este viernes, lo que posterga el desenlace de una pulseada que evidenció las profundas grietas en la estructura del transporte público argentino y la disparidad en la asistencia estatal, la cual cubre el 60% de los costos en el AMBA frente a apenas el 10% en el interior.
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