Edgardo Kueider presentó la apelación de su condena por contrabando en Paraguay
Los abogados de Edgardo Kueider y de su pareja, Iara Guinsel, presentaron a principios de semana la apelación contra la condena por tentativa de contrabando, según indicaron a Infobae fuentes judiciales de Paraguay.
El exlegislador entrerriano recibió una pena de 2 años mientras que a su ex secretaria le impusieron un año y 10 meses. Las sanciones se dictaron con suspensión de la ejecución, por lo tanto, no irán a la cárcel.
Ambos cumplen arresto domiciliario desde el 4 de diciembre de 2024. En las primeras horas de ese día, intentaron ingresar a Ciudad del Este desde Foz do Iguaçu con USD 200 mil sin declarar. Fueron detenidos en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad.
El fallo del Tribunal especializado en delitos económicos fue dictado el 13 de julio. La apelación ingresó a ese mismo juzgado el lunes pasado.
Ahora, el Tribunal girará el planteo de la defensa de Kueider a la Fiscalía a fin de que exprese su opinión. El Ministerio Público tendrá 10 días para emitir dictamen. Una vez que tenga esa respuesta, el trámite se girará en el plazo de 5 días al Tribunal de Apelación Especializado - Primera Sala.
En los fundamentos de la decisión, los jueces paraguayos Elsa García (presidenta); Adriana Planás y Matías Garcete Piris hicieron un repaso de los hechos. El relato se basó en la documentación labrada durante el secuestro, videos del sistema de seguridad y la información que aportaron los funcionarios aduaneros y policiales al momento de la detención.
En la resolución unánime, el Tribunal consideró que el control sobre la Chevrolet Trailblazer en la que se trasladaba la pareja fue “aleatorio”. Les consultaron si llevaban divisas y no obtuvieron respuesta. Y que, tras detectar el dinero en la mochila que estaba en el asiento trasero, les preguntaron si lo habían declarado. Tampoco hubo contestación.
“De estas pruebas valoradas, se desprende que Kueider y Guinsel ingresaron al país dinero en efectivo que supera los 10 mil dólares americanos sin la declaración”, consignó García al momento de la lectura. Más adelante, recordó que ya habían ingresado en otras 5 oportunidades y que conocían el mecanismo reglamentario.
El Tribunal también avaló la interpretación de la Fiscalía en el sentido de que el ingreso de divisas sin declarar constituye el delito de contrabando. En este caso, en grado de tentativa ya que se los interceptó antes de entrar al territorio paraguayo. La defensa postulaba la postura de que, al no ser mercadería en un sentido restringido, este tipo legal no era aplicable.
En junio, la Justicia del Paraguay imputó a Kueider y a Guinsel por el delito de lavado de dinero. Rodrigo Estigarribia, juez penal de Garantías del país vecino, dictó también el embargo de seis departamentos. El magistrado entiende que el exlegislador los adquirió con dinero que presume de origen ilícito.
Según la acusación de las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdéz, existen indicios que los imputados ingresaron fondos ilícitos al sistema financiero comercial legal de Paraguay. Con estos recursos se habrían adquirido seis departamentos y sus respectivas cocheras.
Todos los inmuebles están localizados en el edificio Innova Las Mercedes. El complejo de lujo se ubica en la avenida General Santos esquina Marco de Brix en Asunción.
Uno de los departamentos es la unidad “G” en el séptimo piso, tiene dos dormitorios y dos baños. Se suman cinco unidades con una habitación y un sanitario. Dos en el sexto (“C” y “D”) y otros tantos en el segundo (“B” y “C”). El último está en el primer piso “B”.
La Justicia decretó la prohibición de innovar y contratar sobre estas unidades.
El juez puntualizó que el circuito de operaciones bajo investigación se habría instrumentado mediante la utilización de la firma Golsur S.A. “como estructura de fachada, caracterizado por la recepción, administración e introducción al sistema económico de fondos de presunto origen ilícito”. Este dinero pertenecería de forma original a “los imputados extranjeros -Kueider y Guinsel- pero colocados a nombre de la citada razón social con el fin de ocultar su verdadera propiedad y trazabilidad”.
“La descripción del mecanismo utilizado, así como el volumen de las transacciones, permiten inferir razonablemente una relación directa entre los inmuebles cuya afectación se pretende y los encausados”, agregó el juez. Esto “torna verosímil la hipótesis fiscal en cuanto a la utilización de dicha ingeniería jurídica y patrimonial como instrumento para la comisión del hecho punible o como receptores de sus efectos económicos”, añadió.
En la Argentina, en tanto, hay dos Tribunales que lo investigan por enriquecimiento ilícito. Uno es el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado. El otro es el Juzgado de Garantías 2 de Concordia, Entre Ríos. La Corte Suprema tiene en trámite un recurso para definir cuál de los dos continuará con la investigación.
