El Gobierno amplió a las cárceles provinciales el bloqueo de celulares para evitar delitos coordinados desde los penales
El Gobierno amplió a las cárceles provinciales el procedimiento para bloquear teléfonos celulares que sean activados dentro de los establecimientos penitenciarios. El objetivo de la medida es impedir que los dispositivos sean utilizados para planificar, coordinar o ejecutar maniobras ilícitas desde los penales.
La decisión fue oficializada este jueves mediante la Resolución 734/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), publicada en el Boletín Oficial. La normativa modifica el procedimiento vigente para el bloqueo de equipos denunciados por robo, hurto o extravío y suma específicamente a los establecimientos penitenciarios provinciales.
A partir de la modificación, las empresas que brindan servicios de comunicaciones móviles deberán bloquear tres elementos vinculados con los dispositivos detectados dentro de las áreas de detención: el IMEI, que identifica al equipo; el IMSI, correspondiente a la tarjeta SIM; y la línea telefónica asociada.
El mecanismo ya había sido autorizado para las cárceles y unidades penitenciarias federales. Ahora podrá aplicarse también en establecimientos provinciales, siempre que las jurisdicciones adhieran al protocolo aprobado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
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Los bloqueos no serán realizados automáticamente por las compañías telefónicas. Para que un dispositivo sea inhabilitado deberá existir una solicitud expresa del Ministerio de Seguridad, que será la autoridad encargada de enviar a las empresas los datos necesarios para llevar adelante el procedimiento.
En el caso de las provincias que adhieran al sistema, los pedidos también deberán ser comunicados a las prestadoras exclusivamente a través de la cartera nacional de Seguridad. De esta manera, el Gobierno busca centralizar el mecanismo y establecer un procedimiento uniforme para las distintas jurisdicciones.
La normativa también establece condiciones técnicas para evitar que el bloqueo de las comunicaciones se extienda fuera del perímetro de los establecimientos penitenciarios. El objetivo es que la medida afecte únicamente a los dispositivos que se encuentren dentro de las áreas alcanzadas por el protocolo.
Además, las compañías deberán registrar y conservar información sobre cada bloqueo efectuado. Esto permitirá mantener la trazabilidad de las operaciones y disponer de los datos ante eventuales consultas o requerimientos de las autoridades.
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La incorporación de las cárceles provinciales se produjo luego de una presentación realizada por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza ante el Enacom. Desde esa cartera habían advertido sobre la problemática vinculada con el uso de teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios y solicitaron que la normativa contemplara expresamente a las jurisdicciones provinciales.
Hasta ahora, el procedimiento estaba limitado al sistema penitenciario federal. Con la nueva resolución, las provincias que decidan adherir podrán utilizar la misma herramienta para bloquear los teléfonos activados dentro de sus cárceles.
La medida apunta a uno de los principales problemas de seguridad vinculados con el uso irregular de celulares en prisión: la posibilidad de mantener comunicaciones con personas del exterior y coordinar actividades delictivas sin necesidad de abandonar el establecimiento.
El Gobierno busca así ampliar el alcance del sistema de bloqueo y reducir el uso de teléfonos no autorizados dentro de los penales. Sin embargo, la aplicación en cada provincia dependerá de la adhesión correspondiente y de que los pedidos sean realizados mediante el procedimiento establecido por el Ministerio de Seguridad.
