Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Gobierno busca retomar la iniciativa en el Congreso y reactiva la mesa política
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
En el contexto de un operativo contra el narcotráfico que inició en las aguas del Río Paraná a la altura de San Nicolás y continuó con diversos allanamientos en distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires, la Prefectura Naval Argentina secuestró casi 500 kilos de cocaína y detuvo a cinco personas.
Según informó el Gobierno mediante un comunicado, la investigación permitió determinar el accionar de una organización criminal trasnacional que estaría vinculada un hallazgo de 34 kilos de cocaína en un bolso estanco ocurrido a inicios de año.
Con la inflación más tranquila y el consumo todavía lejos de recuperar los niveles de otros años, las grandes cadenas de supermercados están rediseñando su estrategia comercial. Después de décadas apostando a los hipermercados, las grandes superficies y el stockeo como argumento de venta para ganarle a los aumentos, ahora el foco vuelve a los formatos chicos: locales de cercanía, compras rápidas y surtidos acotados, pensados para resolver las necesidades del día a día del consumidor.
La última novedad llegó de la mano de GDN Argentina, el grupo que opera las marcas ChangoMâs e Hiper ChangoMâs. La compañía lanzó Mâs Go, un nuevo formato de proximidad con locales de hasta 200 metros cuadrados y un surtido de más de 2000 productos en categorías básicas como almacén, frescos, bebidas, limpieza y perfumería.
Los primeros tres puntos de venta ya funcionan en Villa del Parque, Monte Castro y Belgrano, y la empresa anticipó nuevas aperturas en la Ciudad y el Gran Buenos Aires antes de fin de año.
Los gobernadores de un puñado de provincias, beneficiadas por el Ministerio de Economía, que les giró más de $33.000 millones en concepto de obras viales durante los primeros cinco meses de este año, oscilaron entre el rechazo y el silencio, e intentaron desligar esas transferencias de fondos del voto de sus legisladores, que horas después acompañaron las iniciativas del oficialismo en el Congreso.
Según publicó ayer LA NACION, durante los primeros cinco meses de este año, el Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo giró más de $33.000 millones para obras viales, siendo Jujuy, Santa Cruz, Misiones, Tucumán, Salta (con gobernadores de buenos vínculos con la Casa Rosada) y Santiago del Estero las principales beneficiadas. Las erogaciones, vía Banco Nación a través del “Sistema Vial Integrado” (SisVial), se hicieron durante tres “ventanas” legislativas que ocurrieron entre enero y mayo de este año, en fechas que coinciden con debates de leyes clave como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Ficha Limpia, la suba jubilatoria y la emergencia en discapacidad, entre otras.
Según la información obtenida, el 92,5% de los $18.045,4 millones del SisVial que cobraron cuatro vialidades provinciales (Tucumán, Salta, Santa Cruz y Santiago del Estero) coincidieron con las “ventanas” legislativas de febrero, abril y mayo. Y el 41,5% de todos los desembolsos efectuados por el SisVial durante los primeros cinco meses de este año se concentró en apenas tres jurisdicciones: Jujuy (la empresa José J. Chediack recibió $11.987 millones, el 14,1% del total), Misiones (la UTE Enríquez–Albano cobró $13.493 millones, el 15,8%) y Santiago del Estero (Vialidad Provincial recibió $9886 millones, el 11,6%).
La oscuridad es el manto que tendieron sobre la Justicia. La primera responsable de esa opacidad es la política; la segunda cae sobre los propios jueces. Un juez bueno, Martín Irurzun, que fue uno de los magistrados que con más convicción condenó la corrupción política, está en un limbo que seguramente se resolverá, más vale pronto que tarde, en los propios tribunales. Irurzun cumplió 75 años, que es el límite etario que marca la Constitución para ser juez en la Argentina desde la reforma de 1994; antes no existía ninguna limitación que surgiera del mandato constitucional. De hecho, hemos visto aquí como el exjuez de la Corte Suprema Carlos Fayt fue miembro del tribunal supremo hasta los 98 años; renunció poco antes de morir. Tampoco en los Estados Unidos existe esa restricción impuesta por la edad. Hemos visto de igual modo al exjuez senior del tribunal sur de Nueva York Thomas Griesa, célebre en la Argentina por ser quien resolvía sobre el caso de los holdouts (los bonistas que persistían en considerar en default la deuda argentina), morir en el cargo a los 87 años.
Con la presencia de ocho de los diez gobernadores de la región, se desarrolla en Misiones la asamblea general de los mandatarios del Norte Grande. En bloque, los mandatarios reforzarán ante Diego Santilli, jefe de Gabinete de Javier Milei, sus demandas por infraestructura vial y subsidios para la energía en las zonas cálidas.
Los ausentes a la convocatoria fueron los dos referentes del peronismo, Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja), ambos enfrentados con la Casa Rosada y con los puentes rotos desde que el año pasado decidieron no ser parte del denominado “Pacto de Mayo” al que había llamado el Presidente.
Santilli, que negocia con los gobernadores apoyo legislativo para intentar suspender las elecciones primarias en 2027, recibirá en la jornada varias demandas de los mandatarios vinculadas a infraestructura vial, ampliación de la hidrovía y subsidios para energía por zonas cálidas, según informaron fuentes vinculadas a los jefes provinciales. Habrá un pedido para contemplar una tarifa diferenciada por “zonas cálidas”.
En un contexto de debate sobre la soberanía territorial y el uso de los recursos naturales, la provincia de Neuquén impulsa una serie de medidas legislativas destinadas a garantizar el control provincial sobre sus tierras, restringir la extranjerización y preservar los valles productivos frente al avance urbano. El viernes pasado ingresó a la Legislatura provincial el proyecto de ley 18.512 para crear el Régimen de Protección al Dominio Provincial sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. La iniciativa, presentada por Leonardo Jakus y Nanci Parrilli –ambos integran Casa Patria Neuquén, organización adherida a la Coalición Federal en Defensa de la Tierra–, busca establecer un marco regulatorio estricto para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
Entre sus puntos principales, el proyecto propone identificar a los beneficiarios finales de sociedades y fideicomisos que posean inmuebles rurales, así como establecer límites a la titularidad extranjera y condiciones especiales en zonas estratégicas por su valor ambiental o recursos naturales. Asimismo, se contempla crear un Registro Provincial de Tierras Rurales para controlar el cumplimiento de la norma y realizar un relevamiento catastral.
El Gobierno avanzó en la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el instrumento que estará destinado a financiar las indemnizaciones de los trabajadores. Mientras se espera que en noviembre entre en vigencia esta herramienta, hoy el Ministerio de Economía estableció cómo deberán administrarse e invertirse los recursos que las empresas deberán aportar obligatoriamente.
A través de la Resolución 1276/2026, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, se estableció que las inversiones deberán seguir seis principios: seguridad, liquidez, diversificación, transparencia y preservación de capital, además de mantener una adecuada correspondencia entre los activos de la cartera y las obligaciones que deberá afrontar el fondo. Es decir, la prioridad no será maximizar el rendimiento de los recursos, sino preservar el valor real de los aportes y “asegurar la disponibilidad de fondos” para pagar las prestaciones laborales.
Por esa razón, el Ministerio de Economía restringió el universo de inversiones a cuatro grandes categorías. Los fondos podrán invertir en títulos de deuda emitidos por el Estado Nacional, deuda de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, depósitos en entidades financieras autorizadas por el Banco Central (BCRA) y obligaciones negociables (ON) emitidas en la Argentina por empresas privadas. En todos los casos, los activos deberán estar integrados y ser pagaderos en pesos.
Buenos Aires habría recibido $166.359 millones; Santa Fe, $67.704 millones, y Córdoba, $67.266 millones. Ese sería el resultado de un ejercicio que calcula cuánto dinero adicional habría llegado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre enero y julio si los recursos equivalentes al 35,44% del impuesto a los combustibles líquidos, actualmente destinados a fondos fiduciarios de infraestructura y a la compensación del transporte público, se hubieran distribuido según los coeficientes de coparticipación federal. El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, no ejecutó ese reparto porque decidió retener la recaudación en inversiones financieras, tal como reveló LA NACION el domingo pasado.
El monto total del ejercicio realizado por la consultora Galois, que dirige Rodolfo Correa Becker, alcanza los $784.290 millones en el primer semestre. La cuenta parte de una recaudación acumulada del impuesto de $3.839.125 millones entre enero y julio. Luego de descontar el 1,9% correspondiente a ARCA, el 35,44% equivale a $1.334.735 millones.
Si se aplica el régimen de coparticipación, las 24 jurisdicciones recibirían en conjunto $784.290 millones y el resto correspondería al componente nacional del esquema.
El mapa corporativo argentino está siendo redibujado. En los últimos dos años, un grupo de empresarios locales -entre los que se destacan José Luis Manzano, Marcelo Mindlin, Miguel Galuccio, los hermanos Neuss y Leonardo Scatturice- protagonizó algunas de las operaciones más grandes del país, y avanzó sobre activos que hasta hace poco estaban en manos de compañías internacionales. El fenómeno se concentra sobre todo en la energía, el sector que más creció, más atrajo inversiones y más activos cambió de manos desde fines de 2023.
José Luis Manzano sumó ayer la pieza que le faltaba para completar su avance sobre el sector energético, al quedarse con el control accionario de Metrogas, la principal distribuidora de gas del país, con una oferta de US$780 millones que le hizo a YPF. Manzano ya tenía un pie adentro de Metrogas, al ser accionista con el 9,23% del capital a través de Integra Gas Distribution, una participación que le permitirá capitalizar la experiencia previa al asumir el control operativo.
El empresario participó de la operación a través de Edenor, la principal distribuidora eléctrica del país, con 3,41 millones de clientes en el AMBA norte, que controla junto a Daniel Vila y Mauricio Filiberti mediante el consorcio Edelcos.
Producir en la Argentina sigue siendo en la actualidad más caro que en varios países de la región, aun cuando los precios locales mantienen “una cierta convergencia respecto de los que rigen en los países vecinos”.
Así lo detectó un relevamiento que, con una frecuencia cuatrimestral, vienen realizando los investigadores de la Fundación Mediterránea (FM), a partir de una comparación internacional de precios de insumos industriales —tanto bienes como servicios y mano de obra— para tratar de dimensionar los problemas de competitividad general que se presentan para fabricar bienes o proveer servicios en el país.
Juan Tomás Rodríguez Ponte, el nuevo juez del caso en que se investiga al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde y a su exesposa Jesica Cirio por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, jurará este jueves en la Corte Suprema de Justicia.
Rodríguez Ponte es el actual titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que es un organismo técnico dependiente de la Corte encargado de ejecutar las interceptaciones de comunicaciones con orden judicial y los peritajes complejos en investigaciones.
Es habitual que se haga en la Corte la jura de funcionarios que trabajaron en el tribunal o dependiendo de él, explicaron fuentes judiciales sobre la ceremonia del jueves.
Todas las miradas políticas estarán puestas este miércoles en la Comisión de Acuerdos y, más precisamente, en la presentación en audiencia pública de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, que concurrirán al Senado este miércoles a las 11 a defender sus nominaciones como jueces de la Cámara Federal porteña, cargos para los que fueron impulsados por el presidente Javier Milei a propuesta del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
La importancia de estas designaciones radica en el hecho de que en el caso de obtener el acuerdo del Senado, ambos jueces se convertirán en miembros de un tribunal penal clave, ya que tiene la misión de revisar todas las decisiones adoptadas por los jueces federales con asiento en Comodoro Py.
CÓRDOBA.- Lo que el vocero presidencial Adrián Ravier admitió respecto a que buena parte de lo recaudado por el fondo fiduciario “Sistema Vial Integrado” (SisVial) se usa para “lograr el equilibrio fiscal”, es la misma situación que hace casi un año unió a todos los gobernadores a hacerle frente a la Casa Rosada. En ese momento firmaron proyectos de ley para que se les girara el porcentaje del impuesto a los combustibles que debe destinarse al mantenimiento de las rutas y una nueva distribución los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Los 23 mandatarios provinciales y el jefe de gobierno porteño lograron consensuar esas iniciativas. Para que los aliados de los libertarios se sumaran, el argumento clave fue que no estaban reclamando que Nación pusiera recursos de su bolsillo.
Sin embargo, la presión sobre la Casa Rosada fue diluyéndose al ritmo de acuerdos individuales y de giros de montos bajos pero que le servían para salir del paso, a la vez que al oficialismo le eran útiles en la formación de mayorías en el Congreso.
Producir en la Argentina sigue siendo en la actualidad más caro que en varios países de la región, aun cuando los precios locales mantienen “una cierta convergencia respecto de los que rigen en los países vecinos”.
Así lo detectó un relevamiento que, con una frecuencia cuatrimestral, vienen realizando los investigadores de la Fundación Mediterránea (FM), a partir de una comparación internacional de precios de insumos industriales —tanto bienes como servicios y mano de obra— para tratar de dimensionar los problemas de competitividad general que se presentan para fabricar bienes o proveer servicios en el país.
La exinterventora de Osprera, la obra social de los empleados rurales, Virginia Montero, declaró ante la Justicia y buscó desligarse de la decisión de contratar a una empresa de sistemas informáticos de un socio del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que en ese momento se desempeñaba como su asesor.
En su indagatoria ante el juez Sebastián Casanello, Montero resaltó que había un “colapso informático y organizativo” en la obra social, que supuestamente justificaba la contratación, y que el expediente pasó por todas las áreas administrativas internas.
Montero tuvo dos etapas como interventora de Osprera, la segunda obra social más importante del país, con 500.000 afiliados: del 12 al 21 de agosto de 2024 y luego regresó el 26 de octubre. Apenas tres días después, el 29 de octubre, reclamó la contratación de Htech para realizar un trabajo de auditoría en los sistemas informáticos de la obra social.
El conflicto universitario vuelve a reactivarse. Los gremios docentes y no docentes pararán este miércoles por 24 horas nuevamente en reclamo por el financiamiento.
Los primeros en anunciar la medida fueron los gremios de la Universidad de Buenos Aires (UBA): Aduba, que nuclea a sus profesores, y Apuba, a los trabajadores del sector no docente. Pero también adhirieron a la medida las federaciones nacionales de Docentes de las Universidades (Fedun), de Docentes Universitarios (Conadu), Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).
Sumaron, además, otro paro de 48 horas el 27 y el 28 de agosto, y una semana de movilizaciones y protestas del 18 al 21 de agosto con “carpas por la universidad y la soberanía” frente al Palacio Sarmiento (ex-Pizzurno) y en todo el país.
La escalada del precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente, que actualmente se mantiene en torno a US$87 según la cotización Brent, encontró a YPF en el mejor momento para aprovecharla. La petrolera presentó ayer resultados financieros con ingresos récord para el segundo trimestre y, sobre todo, con una caída fuerte de su deuda, que el año pasado había llegado a niveles altos en medio de la transición económica de la compañía.
Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, encabezó hoy la conferencia con inversores en la que contó los futuros pasos de la empresa y dio detalles de los proyectos de exportación de petróleo y gas natural licuado (GNL) que la firma tiene en danza.
La petrolera obtuvo una ganancia neta de US$1200 millones, el segundo mejor resultado trimestral de su historia, solo detrás del tercer trimestre del año pasado. El resultado operativo llegó a US$1800 millones, un nuevo récord, sobre ingresos de US$6600 millones, un 42% más que un año atrás. El Ebitda ajustado totalizó US$2800 millones, 2,5 veces el de igual período de 2025.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, respondió este martes una consulta sobre cuáles eran los fundamentos de la acusación de Javier Milei contra el gobierno de Brasil, al que señaló por haber destinado dinero para financiar una “campaña antiargentina”. El funcionario nacional sostuvo que las fuentes de aquella información provenían de “las redes”.
En el marco de una conferencia de prensa, un periodista le preguntó al funcionario en qué elementos se había basado el Presidente para realizar las afirmaciones contra Brasil, que provocaron que desde el Palacio de Itamaraty, en Brasilia, decidieran retirar al embajador brasileño de la Argentina.
La oscuridad es el manto que tendieron sobre la Justicia. La primera responsable de esa opacidad es la política; la segunda recae sobre los propios jueces. Un juez bueno, Martín Irurzun, que fue uno de los magistrados que con más convicción condenó la corrupción política, está en un limbo que seguramente se resolverá, más vale pronto que tarde, en los propios tribunales. Irurzun cumplió 75 años, que es el límite etario que marca la Constitución para ser juez en la Argentina desde la reforma de 1994; antes no existía ninguna limitación que surgiera del mandato constitucional. De hecho, hemos visto aquí cómo el exjuez de la Corte Suprema Carlos Fayt fue miembro del tribunal supremo hasta los 98 años; renunció poco antes de morir. Tampoco en los Estados Unidos existe esa restricción impuesta por la edad. Hemos visto de igual modo al exjuez senior del tribunal sur de Nueva York Thomas Griesa, célebre en la Argentina por ser quien resolvía sobre el caso de los holdouts (los bonistas que persistían en considerar en default la deuda argentina), morir en el cargo a los 87 años.
El Senado retomó esta tarde el debate del proyecto de ley General de Sociedad, iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que busca modernizar el marco normativo, que rige desde 1972, reconociendo la existencia de sociedades gobernadas en su totalidad por tecnología y el uso de la inteligencia artificial (IA) para la ejecución de funciones operativas.
Esta fue la segunda reunión sobre el tema que celebra la Comisión de Legislación General, que preside la libertaria Nadia Márquez (Neuquén), tras un largo intervalo provocado por la crisis generada por el caso de Manuel Adorni y el trabajoso debate del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.
El Gobierno reunió a su mesa política durante casi tres horas. El encuentro fue el primero después del revés en el Congreso con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que terminó saliendo, pero con dos capítulos cercenados. Esa situación motivó revisiones internas y cuestionamientos a las decisiones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien hoy fue sumado -sin foto oficial y por primera vez- a los cónclaves de la Casa Rosada.
La presencia de Sturzenegger se caía de madura desde el mismo momento en que el Gobierno buscaba digerir los cambios forzados por la oposición en el Senado, donde cayeron la extranjerización de tierras y la reforma de la ley de manejo del fuego. La mesa política será, de acuerdo a las fuentes consultadas por LA NACION, la que dictamine la viabilidad de las iniciativas gubernamentales.
El gobierno de La Rioja volvió a reflotar los “Chachos”, los Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade) con los que buscará reactivar la economía y el consumo local ante una situación de “crisis profunda”.
La administración del peronista Ricardo Quintela justificó la medida a través de un comunicado en el que culpó directamente al gobierno nacional por el “no envío de los fondos” coparticipables, además de “la devaluación, el ajuste y la profunda crisis que están atravesando todas las provincias”.
Una notebook y un teléfono móvil con información acerca de un tema sensible: los movimientos comerciales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde 2017 hasta el presente ya están en poder del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Ambos dispositivos pertenecen a Leandro Petersen, exdirector de Marketing de la entidad de la calle Viamonte, que los habría entregado en los últimos días a fiscales del Estado de Florida que investigan estos negocios, según informaron a LA NACION fuentes al tanto de las operaciones.
Un escándalo se registró este martes en la Comisión de Cultura de Diputados, en el marco del debate por la disolución del Coro de Niños, medida que impulsó el Gobierno. El espacio cultural interpretó una canción en medio de la audiencia y el padre de uno de los niños explotó contra un grupo de legisladores de La Libertad Avanza (LLA), a quienes acusó de haber estado hablando durante la actuación: “¡Caraduras!”
El hecho se dio en el contexto de un intercambio entre los diputados por las “implicancias derivadas del Decreto Nº 687/2026″, por el cual se dispuso la eliminación del mismo Coro de Niños.
POSADAS.- Los diez gobernadores del Norte Grande se reunirán este miércoles desde las 10 en Posadas, Misiones, para consensuar una agenda de demandas en común a Nación, donde el pedido para una tarifa diferenciada por “zonas cálidas” estará entre las principales solicitudes.
También se evaluará el impacto del fenómeno de El Niño, por el cual se prevén fuertes lluvias y crecidas de los ríos en casi toda la región del Norte, a partir de septiembre próximo.
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