El Gobierno deberá ceder en un punto muy importante para poder avanzar en Diputados con su proyecto de Inocencia Fiscal II
El Gobierno Nacional está negociando cambios al proyecto de Inocencia Fiscal para impedir que los funcionarios públicos puedan acceder a los principales beneficios de este régimen, una condición que apareció durante las conversaciones con diputados de bloques aliados para poder avanzar con la iniciativa.
Según la agencia Noticias Argentinas (NA), la propuesta sería que los funcionarios podrían usar el esquema simplificado para cumplir con sus obligaciones tributarias, pero quedarían afuera de las presunciones y efectos liberatorios previstos por el proyecto.
El objetivo del oficialismo es marcar una diferencia entre el tratamiento que recibirán los contribuyentes normales y quienes ejerzan o hayan tenido cargos públicos. Este cambio intenta agilizar el avance del proyecto en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo necesita apoyos para lograr el dictamen. En el proyecto original no se contemplaba una exclusión específica para funcionarios públicos.
Ahora, las modificaciones pedidas serán analizadas en el debate en las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, y son parte de las negociaciones que el oficialismo tiene con sus aliados.
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Otro de los puntos importantes a debatir es la situación de los funcionarios que hayan sido funcionarios públicos en los últimos años. La propuesta busca implementar restricciones específicas para esas personas con el objetivo de que no puedan usar ciertos mecanismos del régimen para justificar o exteriorizar fondos que no hayan sido previamente declarados.
Este proyecto es parte de la estrategia de La Libertad Avanza (LLA) para cambiar el esquema de fiscalización de Ganancias y así simplificar la formalización de ahorros que se encuentran fuera del sistema; sin embargo, su tratamiento legislativo quedó atado a los cambios que se negocian con los bloques aliados.
LLA también analiza otras modificaciones del proyecto para lograr el consenso parlamentario que necesita, incluyendo la revisión de las condiciones para acceder al régimen y de aquellos mecanismos que permitirían regularizar las diferencias encontradas por ARCA.
La ley de Inocencia Fiscal quedó en la mira porque, pocos días antes de abandonar su cargo, el exjefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, formalizaron su solicitud de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en medio de la causa que los investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
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En ese contexto, cuando comenzaron las críticas contra el proyecto de Inocencia fiscal por parte de la oposición, afirmando que se trata de un “blanqueo permanente” que favorecerá a funcionarios públicos y citaron el caso Adorni, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, respondió: “Esto no se trata de un régimen de regularización de activos, sino de una declaración jurada simplificada”.
Y agregó que la iniciativa “no renuncia a la fiscalización” y “no anula la ley antilavado ni la antievasión”.
