El Gobierno revisa su plan legislativo, otra vez: problemas con la política de alianzas y tensiones internas

La “mesa política” del oficialismo vuelve a su rutina por partida doble. La reunión de los martes es hábito libertario y eso no genera sorpresa como ámbito de decisión libertaria, naturalmente un escalón por debajo del círculo más estrecho de Olivos. En cambio, repetir el tema convocante expone problemas irresueltos: otra vez, se trata de revisar la agenda legislativa para intentar avances concretos. El desgaste exhibido el último jueves en el Senado, con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, alimenta esa necesidad. Y eso supera la idea repetida de fijar prioridades en cada ala del Congreso, al menos si es tomado en cuenta el crujido en su política con gobernadores y espacios dialoguistas.

Esta instancia de decisión oficialista, bastante por encima del Gabinete, tiene como eje a Karina Milei, aunque por lo general también participa Santiago Caputo, cuyo circuito de todas maneras es otro. La mesa no es un ámbito homogéneo, exclusivamente político. Es compartida por Diego Santilli, los Menem -Martín y Eduardo “Lule”- y también Patricia Bullrich, además de Luis Caputo, en lugares destacados. Esta vez, sumaría a Federico Sturzenegger, apuntado en el frente doméstico.

No es una novedad que la “mesa política” trate de procesar tensiones internas, aunque este capítulo tiene otras características. Fueron repetidas las fotos para mostrar durante tres meses el respaldo a Manuel Adorni -cuyo caso acaba de ser repuesto en el terreno judicial, con el requerimiento de explicaciones sobre sus saltos patrimoniales- y también para dar imagen de distensión entre Karina Milei y Patricia Bullrich, o entre la secretaria General y el principal asesor presidencial.

La diferencia es sustancial. En primer lugar, porque Sturzenegger estaba fuera de esa lógica y, en segundo lugar -y sobre todo- porque el enojo con el ministro fue extendido en todos los espacios del oficialismo. Los dos motivos son conocidos: el decreto sobre el practicaje, que paralizó durante cuatro días todos los puertos -hasta que el Gobierno se vio obligado a dar marcha atrás- y el desgaste provocado por el proyecto sobre propiedad privada. La iniciativa fue podada en varias entregas y, finalmente, logró la votación con alto costo para LLA.

Por eso mismo, y después de un fin de semana cargado de cuestionamientos al ministro de Desregulación -apenas cubiertos por la vía de los trascendidos-, resultó significativa la difusión desde el Gobierno sobre la convocatoria al encuentro de este martes. Se supone que expondría acerca de cuáles son a su juicio las prioridades en materia de reformas. Pero está claro que su presencia, en espejo, expone que las decisiones sobre el impulso legislativo serán tomadas en ese ámbito, encargado de “filtrar” -según el verbo elegido- las propuestas para ubicarlas, o no, en los primeros renglones del listado.

En ese contexto, como señal hacia la mesa, no fue un dato menor el gesto de Milei en apoyo de Sturzenegger: mensaje en X, para destacar una información sobre la desregulación aerocomercial. Nada cargado de adjetivos, pero significativo en medio de las cargas sobre el funcionario, que sugerían abiertamente un inicio de declive en la gestión. Por supuesto que queda golpeado, pero tal vez Olivos evaluó que no podía aparecer como el abandono de la promesa de una ola de reformas.

El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada resultó disminuido en términos efectivos: dejó en el camino los capítulos sobre barrios populares, ley de tierras y manejo del fuego. Fue girado a Diputados, donde las prioridades son otras y los recelos sobre esa iniciativa abundan. El foco de interés del Gobierno parece corrido ahora a Diputados, aunque también el Senado tiene pendientes temas demandados por el Ejecutivo.

En lo inmediato, el oficialismo quiere motorizar la reforma de la carta orgánica del Banco Central y la segunda versión de Inocencia Fiscal. En los dos casos, tiene que negociar para llegar a fin de mes con posibilidades ciertas en el recinto de la Cámara baja. Y en la otra ala del Congreso, espera mover la nueva iniciativa de RIGI, mientras sigue sondeando qué puede poner en la mesa para llegar a un trato sobre la reforma electoral.

Frente a esa diversidad de temas -políticos y económicos-, surgen reforzadas las prevenciones libertarias sobre el comportamiento de sectores considerados aliados, cuando no socios. Ya se venían advirtiendo dificultades con algunas iniciativas -por ejemplo, el objetivo de eliminar las PASO-, en los sondeos y conversaciones con gobernadores, que mezclan cuestiones de plata y también electorales propias de cada distrito. El costoso trámite del proyecto de propiedad privada extremó la sensación de que poco estaba asegurado en el paño de tales negociaciones.

Fueron varias las provincias “amigas” que dejaron sin aire los puntos más polémicos: Tucumán, Catamarca, Salta, Misiones, Neuquén, Chubut, Corrientes. Y eso expuso el costado débil del modo de entender los acuerdos por parte del Gobierno, sobre todo ya en clima de campaña y en un contexto económico y social preocupante. No se trataría solo del cuestionamiento específico, por parte de dialoguistas, a proyectos que incluyen reformas a diversas y sensibles leyes.

El oficialismo tiende a buscar adhesiones antes que entendimientos más o menos amplios. Y la negociación proyecto por proyecto encarece los acuerdos, cuando, a la vez, va creciendo el cálculo electoral de cada gobernador, y no solo del Presidente.

Después de más de dos años y medio de gestión, el Gobierno puede exponer algunos logros legislativos en base a ese sistema de negociaciones, pero sin garantías de continuidad. Lo que cada tanto cruje es la lógica de los acuerdos puntuales. La votación del Senado habla de un problema que no se resuelve con facturas exclusivas para Sturzenegger. Se trata de un problema político: el oficialismo busca alineamientos, es decir, nada parecido a un sistema de alianzas.