Discriminación Mundial

Edipo juró ante su pueblo castigar al culpable de la peste que asolaba Tebas, porque el crimen del Rey Layo, su padre, permanecía impune. Al final de la tragedia descubre que el culpable era él mismo y se arranca los ojos. En Edipo Rey, Sófocles escribió sobre la ceguera de quien juzga sin mirarse primero a sí mismo. Esa ceguera dominó el debate emocional que se desató contra Argentina después del Mundial.

Buena parte de los medios y de la sociedad reaccionaron con un nacionalismo visceral, y el resultado fue el previsible: dos grupos que no dialogaron. De un lado, una campaña maniquea que trató a la Argentina como el gran discriminador mundial. Del otro, una respuesta que en vez de discutir con estándares objetivos se refugió en lo emocional, repitiendo “no discriminamos” sin ofrecer evidencias para sustentarlo.

En el medio se cruzaron numerosas acusaciones de racismo apoyadas en patrones históricos de discriminación, como la esclavitud y la colonización, o en la composición demográfica de las selecciones de fútbol. Si bien esos contextos pueden eventualmente derivar en hechos discriminatorios, por sí solos no prueban nada, ni sobre la Argentina, ni sobre ningún otro país. Que un país tenga un pasado esclavista no prueba que discrimine hoy. Que no lo tenga, tampoco prueba lo contrario. La historia es contexto, no evidencia.

Los dos bandos partieron del mismo error: asumir que algún país del mundo podría estar libre de discriminación, y condenar al otro como si en el propio no existiera.

Lamentablemente la discriminación existe en todos los países del mundo. Ha estado presente en toda sociedad a lo largo de milenios. Preguntarse si un país discrimina es una simplificación inútil y una trampa retórica al servicio de nacionalismos chovinistas que eligen lo emocional por sobre lo racional, abriendo peligrosamente las puertas de la violencia, en un mundo con muchos tintes autoritarios al filo de una barbarie globalizada.

Que la discriminación afecta a todos los países del mundo está basado en datos verificables. Un análisis de las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU), el mecanismo de la ONU que evalúa periódicamente a todos los países del mundo, muestra que los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas recibieron recomendaciones para combatir la discriminación en sus propios países. Ni las democracias más consolidadas ni los países mejor posicionados en los índices internacionales de derechos humanos quedaron afuera.

Aceptado que la discriminación golpea a todos, la pregunta deja de ser si existe. Y la pregunta que nos debemos hacer es ¿cuál es la respuesta del Estado? ¿La combate activamente? ¿Mira para otro lado? ¿O, en el peor de los casos, la promueve desde el poder mismo? Esas preguntas estuvieron ausentes en el debate posterior al Mundial.

Para responder a estas preguntas debemos evaluar, por lo menos, los siguientes seis elementos:

Las leyes: si existe un marco jurídico que sancione la discriminación, la reconozca como delito o falta, ofrezca reparación a las víctimas, y si ese marco está a la altura de los estándares internacionales.

Las instituciones: si hay organismos eficientes con recursos y atribuciones reales para prevenir, investigar y combatir la discriminación.

Las políticas públicas: que es donde se prueba si la ley es letra viva o letra muerta: programas, presupuesto, acciones concretas.

Las palabras también matan. Después del nazismo debería sobrar explicar por qué. El discurso de quien ejerce el poder tiene un efecto multiplicador. Cuando un presidente, un ministro o un legislador discrimina desde el atril, no “opina”, autoriza.

La cultura cotidiana, el humor, el lenguaje, los estereotipos, las estigmatizaciones, son un espejo de nuestra sociedad.

Y, por último, los hechos: incidentes documentados, patrones de violencia o exclusión, estadísticas que permitan medir la magnitud real del problema.

Con esa vara, ningún país sale indemne. Algunos ejemplos nos permiten comprender la magnitud del problema y la complejidad del debate.

En 2009 el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el caso Rosalind Williams, declaró a España responsable de que la Guardia Civil detuviera a una ciudadana española por sus rasgos físicos, calificando ese control de discriminatorio. Once años después, en 2020, el EPU volvió a señalar a España por la misma práctica; en 2024, organizaciones de la sociedad civil constataron que las recomendaciones seguían sin cumplirse, y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Afrodescendientes había calificado la identificación por perfil racial como una práctica “endémica” en el país.

Inglaterra es otro ejemplo. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) examinó al Reino Unido en agosto de 2024, mientras el país todavía procesaba los disturbios raciales desatados por la desinformación falsa que circuló tras el asesinato de tres niñas en Southport, e instó al gobierno a cumplir con numerosas recomendaciones pendientes sobre un hecho previo en el que cientos de personas de origen caribeño, conocidas como la generación Windrush, fueron detenidas ilegalmente, privadas de los servicios de salud o deportadas pese a tener pleno derecho a residir en el país.

Francia tampoco escapó. En octubre de 2023, el Consejo de Estado francés reconoció que los controles de identidad discriminatorios no eran casos aislados. Trece meses después, el Comité de Derechos Humanos de la ONU señaló a Francia por la persistencia de esa práctica. Y en junio de 2025, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Francia por la utilización de perfiles raciales en un control de identidad de una persona de origen africano.

Argentina no se queda atrás. En 2023 el CERD examinó a la Argentina y señaló varias deficiencias que exigían respuestas más eficaces por parte del Estado. El mismo informe citó el Mapa Nacional de la Discriminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que, en base a una muestra probabilística de 11.700 personas, concluía que el 93% consideraba que en la Argentina se discriminaba mucho o bastante, y el 72% dijo haber sufrido alguna forma de discriminación.

Asimismo, en marzo de 2025, un hincha argentino le hizo gestos racistas al público brasileño. En 2023, la CONMEBOL multó a Racing Club por gestos racistas de sus fanáticos, y el mismo organismo sancionó en los años previos a River, Boca e Independiente por hechos similares. Y se pueden sumar numerosos casos de turistas argentinos en Brasil procesados por gestos racistas.

Más aún, a confesión de parte, relevo de prueba. La existencia de discriminación estructural y la utilización de perfiles raciales contra los afrodescendientes en Argentina fue reconocida por el mismo Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Acosta Martínez en 2020. La Corte declaró a Argentina responsable por la detención discriminatoria y posterior muerte de un ciudadano uruguayo, afrodescendiente, arrestado por la policía únicamente por su apariencia racial. Le ordenó capacitar a sus fuerzas de seguridad sobre el uso de perfiles raciales. En 2023, el CERD constató que esa orden seguía sin cumplirse.

Indudablemente las cifras y los hechos muestran que, al igual que en todos los países, en Argentina la discriminación existe, y que el Estado y la sociedad tienen una tarea pendiente.

El rol del Estado históricamente ha definido a las corrientes políticas. En términos generales la izquierda defendió tradicionalmente un Estado activo para combatir la discriminación; mientras que la derecha le otorga un rol más limitado, confiando principalmente en que la iniciativa privada la resuelva.

Si bien esa ecuación sigue vigente, en los últimos años ha sido modificada por el surgimiento de una ultraderecha que propone un Estado aún más limitado que el del liberalismo clásico. Y en sus versiones más extremas, la resurgida ultraderecha cuestiona que la no discriminación sea un valor a proteger.

Hans-Hermann Hoppe, economista con influencia en el discurso de la ultraderecha, a quien el presidente Milei mencionó junto a Rothbard como su norte intelectual, no solo no está en contra de la discriminación, sino que defiende abiertamente el derecho a discriminar como una derivación de la propiedad privada, y llama a la discriminación misma un factor civilizador: “…no solo defiendo el derecho a discriminar, tal como está implícito en el derecho de propiedad privada, sino que también enfatizo la necesidad de la discriminación para mantener una sociedad libre, y explico su importancia como un factor civilizador.”

Esta diferencia entre la concepción del liberalismo tradicional y la de sectores de la ultraderecha no es menor. Combatir la discriminación no exige necesariamente un Estado más grande. Exige uno activo: que actúe conforme a principios morales y éticos, que trate al individuo como un fin en sí mismo y no como un instrumento del Estado.

Esas posturas extremas dentro del campo libertario representan, mínimamente, un alejamiento de los principios morales que deben guiar el accionar del Estado. En Argentina, esa lógica permite comprender el cierre del INADI y del Ministerio de las Mujeres, que el Gobierno presentó como el desmantelamiento de “antros de persecución ideológica”.

Más allá de la grandilocuencia y motivación política de dicha expresión, es muy probable que el INADI y el Ministerio de la Mujer no estuvieran cumpliendo debidamente su función. Pero si combatir la discriminación fuera realmente una prioridad, lo racional era mejorarlos, no cerrarlos. Se puede discutir cómo deben funcionar esas instituciones, pero seamos honestos, resulta difícil decir que no hay discriminación en un país que decide cerrar, con bombos y platillos, las dos instituciones principales encargadas de combatirla.

Y es igualmente incuestionable que quienes condenaron a Argentina lo hicieron sin mirarse al espejo. Pero erróneamente, la respuesta argentina cayó en la misma ceguera, y en vez de aprovechar la oportunidad para preguntarnos con honestidad cuánto había de cierto en esas críticas, y qué nos faltaba corregir, contestamos señalando la discriminación ajena, como si eso borrara la propia. Un mecanismo de desconexión moral conocido como comparación ventajosa.

Karl Popper, uno de los filósofos liberales del siglo XX, sostuvo que las sociedades progresan cuando son capaces de reconocer y corregir sus propios errores. Y en la paradoja de la tolerancia nos advirtió hace 81 años sobre los riesgos de la intolerancia que estamos viviendo: si una sociedad tolerante no está dispuesta a plantarse frente a quienes buscan destruirla, termina destruida junto con su propia tolerancia. En otras palabras, si el odio y la fuerza mandan sin frenos, pierden los tolerantes y triunfan los autoritarios.

Un gran paso adelante podría ser que los gobiernos actuales, pero sobre todo la sociedad, lean más a Popper y sus valores morales, que a Hoppe y su defensa de la discriminación como virtud.