La guerra en el Golfo y el precio de los fertilizantes: cuánto le costó el aumento al campo argentino
La escalada de precios en el mercado internacional de fertilizantes golpeó de lleno a la cadena agroindustrial argentina en el primer semestre del año. El conflicto bélico desatado en Medio Oriente en febrero alteró el funcionamiento habitual de un mercado en el que el país compra afuera una porción central de lo que necesita para sostener sus cultivos, y el resultado quedó reflejado tanto en los volúmenes adquiridos como en la factura que debieron afrontar los importadores.
Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), firmado por Franco Pennino, Bruno Ferrari y Emilce Terré, la comparación entre los precios promedio de importación del primer semestre de 2025 y las cantidades efectivamente compradas en los primeros seis meses de este año arroja “un sobrecoste teórico de USD 180 millones en lo que va del año”. El informe aclara además que ese cálculo no considera que la suba de precios también generó una contracción en las cantidades importadas.
La contracción se tradujo en un semestre flojo en materia de compras externas. De acuerdo con la BCR, “en conjunto, la importación de fertilizantes en el primer semestre tuvo su segundo peor año desde 2019”. En el complejo nitrogenados ingresaron al país 437.000 toneladas, en fosfatados 767.000 toneladas y en potásicos 39.000 toneladas.
La urea fue el producto que más resignó en volumen, en línea con haber sido también el que sufrió el mayor salto de precio en el período, mientras que los fosfatados se mantuvieron prácticamente sin cambios entre puntas.
El cierre del Estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructura petrolera en la región tuvieron un impacto directo sobre los costos energéticos que explican buena parte del precio de los fertilizantes nitrogenados. Antes del conflicto, por ese paso marítimo circulaba cerca de un quinto del comercio mundial de gas natural y la cuarta parte del comercio global de urea. El informe describe el mecanismo de contagio con precisión: “Debido al uso intensivo de GNL en la producción de urea, el efecto en los costos fue directo, encareciendo el producto final”.
A la crisis energética se sumaron decisiones de política comercial de los grandes jugadores del mercado. India, principal importador de urea, frenó momentáneamente su producción por la escasez de gas, mientras que China restringió sus exportaciones para priorizar el abastecimiento interno. La BCR resume el resultado de esa combinación de factores en una frase: “el mercado global de nitrogenados sufrió un fuerte estrangulamiento de oferta”. Ese apretón se tradujo en un salto del precio de la urea superior al 100% respecto de enero, aunque el informe precisa que, tomando los valores máximos alcanzados en 2022 como referencia, “el precio de la urea no llegó a superar este umbral”.
El complejo fosfatado atravesó un proceso distinto, con raíces previas al conflicto en Medio Oriente. La escasez de azufre, insumo clave para producir roca fosfórica, fue uno de los factores centrales: cerca de la mitad del comercio mundial de ese producto se concentra en la región afectada por la guerra. A eso se sumó la suspensión de la producción de amoníaco en Irán y de amoníaco y azufre en Qatar tras los ataques a sus instalaciones. El resultado, según el informe, fue contundente: “el precio del azufre llegó a duplicarse respecto de enero, contribuyendo a encarecer la producción de fosfatados”. En ese lapso, el superfosfato triple (TSP) acumuló una suba del 39% y el DAP, del 27%.
Pero la BCR advierte que ese nivel de precios no puede explicarse únicamente por la coyuntura bélica. Ya desde fines de 2025 el mercado fosfatado operaba bajo tensión, con una oferta de azufre cada vez más ajustada, la competencia creciente de la minería por ácido sulfúrico y restricciones chinas a las exportaciones de fosfato monoamónico y fosfato diamónico. Sobre ese terreno previamente inestable, sostiene el informe, “la crisis de Ormuz profundizó el desequilibrio y amplificó la reacción de los precios que se mantienen firmes en el mercado”.
El impacto sobre las compras argentinas se hizo visible con particular claridad en los datos mensuales más recientes. La BCR señala que “la importación de nitrogenados para junio es la más baja desde 2015” y “60% inferior al promedio del último lustro”. En fosfatados el diagnóstico es equivalente: “el tonelaje más bajo desde 2018”, un 34% por debajo del promedio de los últimos cinco años.
Medido en valor, sin embargo, el semestre no fue bajo: la entidad remarca que “el primer semestre de 2026 marcó el segundo registro más alto de la historia con USD 1.762 millones”, una cifra explicada casi enteramente por precios de importación más altos y no por mayores volúmenes. El informe recuerda que el mínimo histórico de referencia, registrado en 2023, respondió a un factor distinto: la sequía que atravesó el país ese año y que derivó en una fuerte merma tanto del consumo como de las compras externas.
De cara a lo que resta de 2026, la BCR pone el foco en la ventana que se abre en el segundo semestre, cuando se concentra en promedio tres cuartas partes de las importaciones anuales de nitrogenados, en la antesala de la siembra de granos gruesos. Argentina compra afuera en promedio el 50% de su consumo de nitrogenados y el 80% del de fosfatados en años de operatoria normal, por lo que la evolución del conflicto en Medio Oriente será determinante para la rentabilidad de la campaña 2026/27.
El informe hace referencia también a la capacidad productiva doméstica, hoy insuficiente para cubrir la demanda del agro. Argentina produce entre 1,4 y 1,9 millones de toneladas de fertilizantes según el año. Frente a un consumo total cercano a las 5 millones de toneladas, la producción local explica apenas entre el 30% y el 35% del total, un desbalance al que se agrega otro factor estructural: “dada la presión impositiva actual en el sector, existe un subconsumo para reponer los nutrientes que se extraen”, señala la Bolsa de Comercio de Rosario.
En ese contexto se enmarca la aprobación de un nuevo proyecto de inversión bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para construir una planta de urea en Bahía Blanca, aprovechando la mayor disponibilidad de gas de Vaca Muerta. Según el informe, “con una inversión por USD 2.700 millones, será la mayor planta de urea de Latinoamérica y una de las más grandes del mundo”, con una expectativa de producción anual de 2,1 millones de toneladas, un volumen que podría llevar al país a dejar de ser importador neto de este insumo y abrir la puerta a exportaciones hacia mercados como el de Brasil.
