El despido de un histórico funcionario K, un caso que complica la estrategia de Cristina para volver

El plan de Cristina Kirchner para intentar volver a ser candidata, a pesar de estar condenada por corrupción e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, es de muy difícil resolución favorable por parte del Poder Judicial de la Argentina.

El recurso que presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU buscaría, sobre todo, aferrarse a esa herramienta legal para sostener argumentos frente a su militancia de que tiene alguna posibilidad de volver a ser candidata, o de que la prisión no le impedirá seguir influenciando en la interna del PJ. Son ardides jurídicos válidos, pero que podrían recibir malas noticias no solo desde el extranjero. Al menos hay un caso de similares características que protagoniza, para colmo, uno de sus más históricos funcionarios: el ex titular de la AFIP y hoy ARCA, Ricardo Echegaray.

El ex titular de ese organismo recaudador acaba de presentar un amparo en el fuero contencioso administrativo -juzgado 8, subrogado por el juez Edgardo Walter Lara Correa- para impedir que se efectivice su despido como empleado del Estado Nacional. Fuentes de tribunales descartaron que cierta simpatía o vinculación que habría tenido en el pasado Lara Correa con el peronismo K pueda influir en sus decisiones. “Es un juez”.

A pesar de que los K dejaron el poder, Echegaray seguía trabajando en un puesto de la Aduana debido a que es, desde hace varias décadas, empleado permanente de ese ente descentralizado de la Casa Rosada. Las actuales autoridades de ARCA, cuyo titular es Andrés Vázquez -quien alguna vez trabajó bajo las órdenes de Echegaray-, le comunicaron que había sido exonerado debido a que fue condenado por delitos de corrupción e inhabilitado de forma especial perpetua para ejercer cargos públicos. Igual que Cristina Kirchner.

Echegaray siguió yendo a su trabajo a pesar de esa condena, dictada por un tribunal oral federal en diciembre de 2021. Cumplió tareas en diferentes oficinas: en la misma Dirección General de Aduanas; en la Aduana domiciliaria de la fábrica automotriz Ford; e incluso en otras dependencias de ARCA más singulares, como la División Adiestramiento de Canes y Entrenamiento, hasta recalar en el que sería su último destino: la seccional de la zona portuaria de Tigre.

Tras apelar su condena varias veces, Echegaray se encontró con un rechazo definitivo para que se revise la actuación del tribunal que lo condenó o se modifique su pena, cosa que no ocurrió de forma sustancial. Había sido destinado a cumplir 4 años y ocho meses de cárcel, por lo que además debe cumplir con la accesoria que lo imposibilita para ser empleado del Estado.

La exoneración es la categoría más grave de despido para un trabajador con sueldo financiado por los contribuyentes. La medida se tomó, dicen los escritos de ARCA presentados el 6 de junio pasado, precisamente porque Echegaray fue no solo condenado por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública, sino también por haber sido inhabilitado de forma especial perpetua para ejercer cargos públicos. La misma pena contra la que pelea Cristina Kirchner para que sea revisada por la ONU, con la esperanza de volver a competir en elecciones. El objetivo de ella es ambicioso y el camino para lograrlo, audaz.

El caso Echegaray podría ser un espejo negativo en el que ella no se querría mirar. Ante la misma pena accesoria, las autoridades de ARCA decidieron exonerar al histórico ex titular de ese mismo organismo.

Clarín accedió al pedido de amparo presentado por la defensa de Echegaray en la cuestión puntual de su despido. No apeló a la ONU, sino que se presentó en un juzgado nacional pidiendo que ARCA cumpla con sus garantías procesales y aguarde a tomar una definición definitiva sobre el sueldo que le da "sustento alimentario" (sic), lo que él afirma que recién se confirmará con una decisión al respecto de la Corte Suprema. El máximo tribunal, en el caso de Kirchner, ya dejó firme tanto la condena por corrupción como su indivisible pena accesoria, que le prohíbe volver a tener sueldo estatal y manejar dinero público.

Este diario pudo saber que ARCA se opondrá al amparo pedido por Echegaray porque sus abogados consideran que la condena del histórico funcionario y empleado permanente de esa área del Estado está firme, debido a que se agotaron todas las instancias judiciales a las que se podía apelar. Mencionan que el 12 de mayo de 2026, la Cámara Federal de Casación Penal consideró "inadmisible" un recurso extraordinario que habían interpuesto los abogados de Echegaray. Los caminos se cerraron allí, analizaron los expertos jurídicos de ARCA.

Eso ocurrirá a pesar de que el exonerado funcionario intentará que la Corte Suprema admita tratar un recurso de queja extraordinario con su caso. El máximo tribunal no trata esas cuestiones, explicaron a Clarín fuentes judiciales.

Mal que le pese a Cristina Kirchner, ni siquiera Echegaray pone en duda la legalidad de la pena accesoria que lo inhabilita de forma especial perpetua para volver a ejercer la función pública. Cristina sí.

Pasó de cuestionar a los fiscales, jueces, camaristas y a toda autoridad del Poder Judicial que investigó o tuvo injerencia en su condena, a presentarse ahora ante la ONU quejándose -al menos en un texto que hizo público en sus redes y en diarios del extranjero- de que todos sus infortunios en la causa Vialidad se debieron a que, en rigor, se buscaba proscribirla mediante la pena accesoria de la inhabilitación para volver a la función estatal. "La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es solo la accesoria", escribió.

En el pasado reciente, acusó de delitos graves a todos los que la juzgaron, aunque nunca los probó. Su lamento era la pérdida de libertad; ahora, su operación internacional busca que se la beneficie y se le rebaje o quite la accesoria de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El amparo con el que Echegaray se resiste a ser despedido de la administración pública es una discusión paralela, pero que se cruza y entremezcla con la de su ex-jefa.

Antes de su propia condena, que además quedó firme en la Corte Suprema, muchos otros exfuncionarios de su Gobierno fueron también penados, debieron pasar una temporada en prisión y jamás podrán volver a postularse a un cargo electivo ni ser contratados por el Estado en cualquiera de sus niveles y jurisdicciones. Le pasó a Amado Boudou, por caso. O es lo que sufre Echegaray. Quienes lo frecuentan explican que peleará hasta la última instancia judicial para no ser vencido, pese a que parece demasiada energía jurídica puesta en la resistencia para seguir siendo empleado de ARCA.

Pasó de ocupar la máxima jefatura del organismo a trabajar en la división de entrenamiento de canes. "Soberbia, nunca creyó que podía tocarle a él", describió una fuente que conoció su carrera en la entidad recaudadora.

Cristina Kirchner nunca lo defendió a él, y ni siquiera está planteando en declaraciones o escritos en redes posturas para que los exfuncionarios de Vialidad Nacional que fueron condenados en su mismo juicio no sufran la "proscripción" de la que dice ser víctima.

Las autoridades de ARCA presentaron la exoneración de Echegaray porque así lo determinaba una resolución de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez.

Quienes conocen el expediente de la polémica no pueden evitar relacionarlo con el presente de la expresidenta: "A Echegaray se lo está exonerando; es de una gravedad inusitada. Como Cristina, no puede tener más cargos en el Estado".

Cristina se defiende con lo que puede, tiene o le hacen creer que tiene y puede, para evitar perder lo que quizás ya perdió: poder. Antes, como Echegaray pero a otra escala, era intocable. Antes.

Hoy sus caminos vuelven a cruzarse. Aunque sea en cuestiones jurisprudenciales, jurídicas, leguleyas y procesales.

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