Cuadernos de las coimas: un testigo dio detalles de un auto clave para el presunto circuito de recaudación
Un exencargado de la cochera presidencial reconoció este jueves, durante el juicio oral de los Cuadernos de las Coimas, que retiró de una automotriz y puso a disposición de la flota oficial un vehículo que figura en las anotaciones de Oscar Centeno como parte del presunto circuito de recaudación de sobornos.
Se trata de César Neira, de 69 años, quien durante cuatro años estuvo a cargo de la cochera ubicada en la intersección de las avenidas Alem y Córdoba, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia.
Neira, que declaró de manera virtual, explicó que tenía bajo su órbita a los choferes y que se ocupaba de los vehículos oficiales. La fiscalía le preguntó entonces por un auto en particular, un Ford, con patente HBU-606.
Se trata de un vehículo que la automotriz le otorgó a Presidencia como un “préstamo de cortesía” y que figura en los cuadernos del chofer Oscar Centeno como uno de los autos utilizados para la recaudación.
Neira dijo ante los jueces del Tribunal no saber nada sobre el vehículo, aunque luego de que la fiscalía le exhibiera un acta firmada por él, en la que constaba que lo había retirado de la automotriz en 2008, afirmó recordar la entrega.
El auto es una pieza de peso en la acusación fiscal porque aparece en varias de las anotaciones de Centeno, chofer de Roberto Baratta.
El 30 de julio de 2009, por ejemplo, los cuadernos registran un viaje al domicilio de la familia Kirchner en Recoleta para que Baratta, mano derecha de Julio de Vido, le entregara a Daniel Muñoz, secretario de Néstor Kirchner, una recaudación estimada en 2.400.000 de dólares. Muñoz llegó al lugar, siempre según las anotaciones del chofer Centeno, en un “Ford Focus HBU 606 gris plata”.
En agosto de 2009, Centeno registra que le entregaron con Baratta hicieron entrega a Muñoz de un bolso y una valija carrito con pesos. Centeno anota que Muñoz se trasladaba abordo de un “Ford Focus 5 puertas HBU 606″.
Neira ratificó este jueves que había retirado aquel auto de la automotriz y que luego lo había puesto a disposición de la flota presidencial.
A él lo siguieron otros cuatro testigos, todos ellos empleados de Vialidad. Andrés Levi, quien se desempeña en el área de presupuesto desde 2008, brindó precisiones sobre la dinámica interna del organismo y sobre una planilla que consta en la causa en la que distintas áreas volcaban información vinculada con licitaciones, adjudicaciones y obras ejecutadas entre 2003 y 2015.
Marcelo Bianchi, contador e integrante de equipos de auditoría, se refirió a aspectos de la “redeterminación” de precios en las obras públicas, el mecanismo técnico mediante el cual se actualizan los valores y costos de los contratos.
Bianchi negó haber detectado sobreprecios o haber recibido órdenes para “acelerar”, y explicó que el pago de anticipos financieros era una práctica habitual. “Depende de la decisión política o decisión de gestión de cada año. En la actualidad no se están pagando anticipos financieros y hubo épocas en que sí”, afirmó.
Consultado por la UIF, que es querellante, sostuvo que en las auditorías sí se detectó la concentración de la obra pública de Santa Cruz en manos de un mismo grupo empresario, en alusión a la empresa de Lázaro Báez, Austral Construcciones, que no fue nombrada porque no forma parte del caso.
Explicó también que eso no era algo necesariamente irregular porque las empresas locales cuentan con “ventajas competitivas” respecto de otras.
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