Sin la ley de Tierras, LLA reanuda la sesión y debate Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Con el acompañamiento de los aliados, se retomó la sesión para avanzar con el proyecto que impulsa Federico Sturzenegger. En el inicio de la sesión, se descartó el voto remoto para los senadores Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama. Además, el libertario Joaquín Benegas Lynch aseguró que no existe conflictos de intereses entre el proyecto y su actividad privada.

Sin el capítulo que modificaba la ley de Tierras, Patricia Bullrich logró su objetivo: reanudar la sesión en el Senado para retomar el debate del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con el grupo de "los 44" sentados en sus bancas. El oficialismo apunta a darle media sanción al proyecto que incluye cambios al código civil y comercial sobre desalojos, a la ley del Manejo del Fuego y a las expropiaciones. Apenas se puso en marcha el debate, se descartó que Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama participaran de la sesión de manera remota y se coló el caso Benegas Lynch.

"Empiezo por contarles quién soy", dijo el senador libertario Joaquín Benegas Lynch, quien quedó en el centro de la escena en la previa a la sesión, por conocerse que tiene una empresa que vende campos a extranjeros. Por esto mismo, la senadora del PJ Juliana Di Tullio había pedido, en la previa a la sesión, que éste quedara "inhabilitado" para votar el proyecto que incluía cambios a la Ley de Tierras. Precisamente, la modificación implicaba una ampliación a los límites de venta de tierras rurales en manos de extranjeros. La bonaerense argumentó que se produce un conflicto de intereses ya que, a las claras, el cambio beneficiaría a su compañía.

Apenas inició la sesión, el entrerriano pidió la palabra para responderle a la peronista. Y aseguró que los cambios a la ley de Tierras no es la única normativa impulsada por el oficialismo que beneficia al sector privado a quien consideró que él representa. Puso como ejemplo la Modernización Laboral o el RIGI "¿Mi banca tiene un conflicto de interés o un nivel de representatividad muy alta? Yo me quedo con lo segundo", dijo el libertario. Y defendió su posibilidad de votar.

Asimismo, apuntó contra la senadora por hacer el pedido de que se abstenga cuando ya era público que el Capítulo 3, que modifica la ley de Tierras, sería retirado del proyecto por falta de acuerdo. En la previa al debate, el senador, muy allegado al presidente Javier Milei, había hecho su descargo vía Twitter.

Respondo a alguna notas periodisticas, que cuanto menos, tienen mala fe en relación a mi empresa y la ley de tierras. Pero esto es parte de venir del sector privado y meterse en este fango de la política. Por un lado, si, tengo una empresa agropecuaria. No es ningún…

Minutos antes, en diálogo con este medio, la presidenta de la bancada, Patricia Bullrich, descartó que el libertario se abstenga al momento de la votación, tal cual pidió Di Tullio. Aseguró que es empresario "hace muchos años", como dijo el propio senador. Y consideró que un senador sólo puede ser inhabilitado cuando no cumple con los requisitos para ser senador.

Sin la presencia de Victoria Villarruel en el recinto, ya que está en cabeza del Ejecutivo, por una jugada de Javier Milei para evitar que la vicepresidenta defina en caso de un desempate, la interna con el mileísmo se coló en la sesión. Fue la senadora libertaria Emilia Orozco la que pidió una cuestión de privilegio y que sea removido de su cargo "Pato" Russo.

Se trata, nada menos, que de uno de los principales asesores de la vice. La salteña argumentó el pedido al acusarlo de haber amenazado al prosecretario del bloque de LLA, Cristian Larsen, quien debió pedir custodios tras haber recibido mensajes intimidatorios por parte de Russo. De esta manera, la senadora reflotó la interna Milei-Villarruel.

Además, antes de avanzar con el debate de la ley, se sometió a votación el pedido de los senadores Fernández Sagasti y Fama, para sesionar de manera remota, por cuestiones de salud. Fue Bullrich quien puso el tema sobre la mesa: pidió que se votara enviarlo a la comisión de Asuntos Constitucionales y, en una votación a mano alzada que pasó sin pena ni gloria, se aprobó. Así, ni la camporista ni el radical pudieron participar del debate.

De manera preventiva, las autoridades del Senado habían dispuesto los medios técnicos para que, en caso de que se habilitaran los pedidos de los senadores, estén las condiciones dadas para poder hacer uso de la palabra y votar.

Este asunto generó un nuevo roce entre Bullrich y Villarruel luego de que esta habilitara a los senadores (ad referendum del cuerpo) para que participen de manera virtual. Para la libertaria, la jugada de la vice fue "un mamarracho" ya que consideró que se trataba de un cambio de reglamento que debe ser tratado en comisión.

Luego de todos los encontronazos, se puso en marcha el debate de la ley impulsada por "el Coloso". Esto fue luego de que La Libertad Avanza sufriera este miércoles un duro traspié en el plano legislativo. Por la tarde del miércoles, a menos de 24 hs de la sesión, y tras un mes de marchas y contramarchas, la jefa del bloque de senadores acordó con los aliados retirar el capítulo que modifica la Ley de Tierras.

Ese capítulo era, a todas luces, el apartado más importante del proyecto impulsado por el ministro de Desregulación. Pero, con esa decisión, la exministra se ahorró una derrota en el recinto que parecía irreversible. La reforma a la Ley de Tierras quedó suspendida hasta nuevo aviso.

Pero, además, al retirar el capítulo, Bullrich logró mantener la "unidad" de "los 44". Así, la exministra denomina denomina al grupo de senadores propios y aliados que suelen acompañar al oficialismo en las votaciones. De hecho, apenas se puso en marcha el debate, se vio a todos los bloques aliados en recinto.

Además de la UCR y el PRO dijeron "presente" aún cuando no se requería del quorum para reanudar el debate, a los senadores que responden a los oficialismos de Misiones, Tucumán, Neuquén, Chubut, Salta. Así como también a los santacruceños de Movere, a la cordobesa Alejandra Vigo y al correntino Carlos Espínola.

Por todo esto, apenas comenzó el debate de la ley, el miembro informante, Agustín Coto, no solo dio detalles del proyecto, sino que debió dejar en claro que se retiraba el Capítulo 3 de la ley. "En comisiones se recibieron funcionarios y participaron oradores, y hubo una participación mayoritaria de gente que no estaba de acuerdo. Por eso, ha habido más de una modificación y se propondrá el retiro del capítulo tercero", explicó el fueguino.

Más adelante, Coto explicó que el espíritu del proyecto "es simplificar y agilizar procesos, que los dueños de bienes no sean castigados por ello, y seguir el espíritu del Art. 17 de la Constitución Nacional: que la propiedad privada no sea violada".

En la sesión el oficialismo buscará aprobar lo que queda en pie del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Se discutirán cambios en la ley de Manejo del fuego que, en concreto, derogan el plazo de protección (dispuestos en 60 años) en caso de incendios de bosques nativos o implantados y áreas naturales, en el que se prohibía la modificación del uso de la superficie, aunque se establecen tareas de restauración sobre esos terrenos.

Además, se propone la supresión de un apartado del artículo 22 de la ley 26.815, que establece que en terrenos incendiados en zonas agropecuarias o pastizales se prohíben por 30 años la realización de emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias o la modificación del uso de la superficie. Así las cosas, el objetivo es dar marcha atrás con las reformas aprobadas en el gobierno de Alberto Fernández para hacer frente a los incendios intencionales.

Otro punto que también tendrá su momento será el del cambio al código civil y comercial para ampliar la figura de los desalojos. El oficialismo propone que se habilite la posibilidad para "todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado". "El juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuese verosímil", señala el texto.

Al mismo tiempo, se garantizan hasta 10 días para ofrecer una solución habitacional en caso de que el desalojo involucre "la presencia de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo".

En el capítulo de expropiaciones, se establece que "la utilidad pública será de interpretación restrictiva". Asimismo, se considera indemnización por el lucro cesante cuando sea "consecuencia directa e inmediata de la expropiación". Entre otros ítems, fija el plazo límite de "ocupación temporánea anormal" en un máximo de 90 días.

Además, se creará el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble para administrar una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria para abonar tasas y recibir informes, certificados y copias expedidas por cualquier registro de la propiedad inmueble del país.

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