Caso fentanilo: los chats reveladores que complicaron a las jefas de la Anmat y las alusiones a Mario Lugones

La exjefa de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) Nélida Agustina Bisio y la exdirectora del Instituto de Medicamentos Gabriela Mantecón Fumadó están presas desde anteayer, acusadas de haber sido parte de una maniobra de contaminación de fentanilo que provocó al menos 90 muertes. Declararon ayer, durante horas, ante el juez Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Roteta, que ahora analizan esas indagatorias para avanzar con el caso.

Las dos funcionarias eran de carrera. Bisio fue la jefa del máximo organismo de control de alimentos y medicamentos desde que asumió Javier Milei hasta el 5 de enero de 2026, cuando esta causa penal llevaba ya más de siete meses. Mantecón Fumadó fue removida de su cargo el 21 de agosto de 2025. Ella contestó ayer decenas de preguntas de los investigadores y dijo que Mario Lugones, ministro de Salud, era informado de las decisiones que se tomaban sobre el laboratorio Ramallo y HLB (productora y comercializadora del fentanilo contaminado) porque todo lo importante se lo reportaban a él. Declaró que el ministro había promovido el cierre del laboratorio, según informaron fuentes que conocieron el contenido de su indagatoria.

Uno de los chats descubiertos se relaciona con esta declaración. “Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta”, le dijo Bisio a Mantecón. Es un chat del 26 de marzo de 2025. Pero según declaró Mantecón, Lugones seguía el tema desde tiempo antes.

El dictamen de Roteta, fiscal del caso, y de Sergio Rodríguez, el responsable de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, les imputa a Visio y Mantecón Fumadó un delito muy grave, que reprime el envenenamiento o adulteración de medicamentos con una pena de entre 10 y 25 años cuando resultare muerta alguna persona.

Expedientes administrativos en poder de la Justicia y los chats obtenidos de los teléfonos secuestrados determinaron a los fiscales a avanzar contra Bisio y Mantecón Fumadó con una sospecha clara: que ellas les dieron “cobertura estatal” a laboratorios que no cumplían con los estándares mínimos para funcionar pese a que sabían que estaban en riesgo las vidas de decenas de pacientes. El resultado fue la mayor tragedia sanitaria investigada en la historia de la justicia argentina.

Antes de que el fentanilo contaminado saliera del laboratorio Ramallo (la primera partida fue entregada el 30 de enero de 2025), las funcionarias habían recibido un informe de dos inspectoras de la Anmat que revisaron el lugar entre noviembre y diciembre de 2024, detectaron serias irregularidades y les recomendaron a sus jefas, el 3 de enero, que prohibieran toda la producción de ese laboratorio y ordenaran retirar del mercado drogas elaboradas allí.

Pasó más de un mes hasta que Bisio y Mantecón Fumadó tomaron medidas. ¿Qué pasó en ese lapso? La Justicia detectó que el 14 de enero de 2025, las dos funcionarias se reunieron con Ariel García Furfaro (para los investigadores, está probado que los García son los dueños en las sombras de los laboratorios Ramallo y HLB, “en rigor, un mismo laboratorio”) y otras dos personas de la empresa y les ofrecieron no avanzar contra ellos, a cambio de que presentaran un “plan de acción”. Un día después, el 15 de enero, hubo una nueva reunión de los empresarios con Mantecón Fumadó. De acuerdo con las pruebas de la causa, en ese encuentro ella recibió el plan de acción y les dijo a las autoridades de HLB que las iba a ayudar a “conseguir por otro lado” rótulos y prospectos que la empresa no estaba pudiendo obtener.

Según los chats descubiertos, las autoridades de la Anmat informaron que tenían un informe que recomendaba prohibir la producción, pero que no iban a hacerlo. “Re bien predispuestas ambas, las dos”, dice un mensaje de “Victoria” (García), que había participado de la reunión del 14 de enero en “Av de Mayo”, la sede de la Anmat, celebrando la actitud de las funcionarias a cargo de controlarlos.

Finalmente, el 10 de febrero, Bisio y Mantecón Fumadó firmaron la “carta de advertencia” que prohibió toda la producción de Ramallo y la publicaron el 24 de febrero. Ese mismo día, Mantecón Fumadó avanzó con la orden de retiro del mercado de las drogas. Recién entonces se enteraron los hospitales y sanatorios de que algo no estaba bien. Ya era tarde. La primera venta de fentanilo contaminado había sido el 30 de enero y la primera colocación de la droga que provocó una muerte, el 8 de febrero.

Consultada ayer sobre por qué habían demorado tanto en firmar la carta que frenó la producción de Ramallo, Mantecón Fumadó declaró que, en los primeros días de enero, cuando recibió el resultado de la inspección, ella lo remitió a Bisio quien, a su vez, también lo elevó. Según Mantecón Fumadó, su jefa supuestamente lo consultó con el ministro Lugones, que le respondió -siempre según dijo Mantecón que le dijo Bisio- que avanzaran, pero con cautela. Mantecón uso este argumento para justificar la reunión de enero con los dueños del laboratorio.

De acuerdo con el dictamen de la fiscalía, las demoras de las autoridades continuaron incluso después de haber frenado la producción de Ramallo porque no frenaron la comercialización y circulación de las drogas. Desde el 24 de febrero, distintas droguerías y hospitales se comunicaron con el Iname preguntando si podían usar los lotes del laboratorio Ramallo. En un chat en poder de la Justicia, una técnica del organismo le pregunta a su jefa, Mantecón Fumadó, qué debían responder.

Ella le dice que había que ver si estaban identificados los lotes que no se podían comercializar y la técnica le contestó que eran “todos” los elaborados en el laboratorio Ramallo. “Es un montón de guita que está en la calle”, se lamentó entonces la jefa del Iname.

Para la fiscalía, en este chat resulta “evidente que la preocupación de Mantecón Fumado en este caso no fue proteger la salud de la sociedad, sino evitar posibles pérdidas económicas que pudieran sufrir las empresas de los hermanos García”. Sobre todo, porque la técnica le advirtió luego: “Es peligroso. Una persona que reporte evento adverso o se muera es nuestra responsabilidad. No podemos demorar la respuesta”. Y su jefa le respondió: “Sí, lo sé”.

El 2 de mayo, todo empezó a salir a la luz, según la reconstrucción hecha en el expediente. El Hospital Italiano de La Plata informó a la Anmat que en abril habían tenido un brote de Klebsiella Pneumoniae MLB y Ralstonia Picketti. El 6 de mayo reportó las primeras muertes y todo indicaba que no había existido un contagio intrahospitalario porque los pacientes no habían compartido habitaciones ni médicos. La jefa de farmacia del hospital detectó que a nueve personas fallecidas se les había aplicado fentanilo. El proveniente del laboratorio HLB dio positivo de esas bacterias.

El 11 de mayo, la Anmat prohibió el uso de las drogas de ese lote de fentanilo y ordenó finalmente su recupero. El 12 de mayo, realizó la denuncia penal que dio origen a esta causa. Para entonces, los muertos por el fentanilo contaminado en distintos hospitales y sanatorios del país eran ya 63, cifra que se elevaría a 90 en las semanas siguientes. Murieron desde una beba de 7 meses hasta un hombre de 90. En Rosario fallecieron 36 personas; en Santa Fe, 20; en La Plata, 18; en Córdoba, seis; en Formosa, cinco; en Río Cuarto, dos; también dos en la ciudad de Buenos Aires y uno en Bahía Blanca. Hay además 46 heridos de gravedad.

Las señales de alerta estaban a la vista desde hacía años. Entre noviembre y diciembre de 2024 se hicieron las inspecciones en Ramallo, pero de acuerdo con la causa judicial, las advertencias sobre las malas prácticas de este grupo empresario, que produjo el fentanilo contaminado, databan de al menos 2023. Ese año, un organismo del Iname dijo, sobre el laboratorio HLB, que implicaba un riesgo sanitario para la población y solicitó la realización de una inspección al laboratorio que -según el dictamen de los fiscales- nunca se llevó a cabo.

En cuanto al laboratorio Ramallo -que producía exclusivamente para HLB- recién el 28 de noviembre de 2024 comenzó la inspección. Un día antes, se le dio aviso a la empresa. En la investigación no está claro aún si ese aviso correspondía. Sus directivos apuraron entonces un operativo de limpieza y emprolijamiento de la situación que quedó registrado en los grupos de WhatsApp de los empleados y directivos del laboratorio. Incluyó desde indicarles a los empleados que no podían comer en el lugar hasta una orden para que se llevaran “los residuos peligrosos a un pallet a la salida del transfer a depósito”. Sin embargo, eso no alcanzó porque, así y todo, las inspectoras detectaron, y dejaron asentadas ya entonces por escrito, las malas condiciones en las que funcionaba el laboratorio.

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