El Gobierno suspendió el decreto que desató el conflicto portuario tras la disputa que provocó un paro de cuatro días
Tras cuatro días de paro y pérdidas millonarias en la actividad, el Ejecutivo dejó sin efecto los cambios introducidos por el Decreto 690/2026, creó una mesa de trabajo con el sector y restituyó el régimen previo mientras se negocia una nueva reglamentación.
La decisión llegó luego de que los prestadores iniciaran medidas de fuerza tras la entrada en vigencia del Decreto 690. El nuevo decreto restablece temporalmente las normas anteriores.
El Gobierno oficializó este jueves la suspensión de los efectos del Decreto 690/2026, la norma que había modificado el régimen de practicaje y pilotaje en ríos, puertos y canales del país y que derivó en un conflicto con el sector, paralizando durante cuatro días parte de la actividad portuaria.
La decisión quedó plasmada en el Decreto 716/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, impulsor de la iniciativa original.
La marcha atrás se produjo luego de las negociaciones entre funcionarios nacionales y representantes de los prácticos y pilotos, quienes habían acordado como punto central la suspensión de la norma. En ese entendimiento también se incluyeron la reanudación inmediata del servicio, la conformación de una mesa intersectorial para elaborar un nuevo marco regulatorio y una reducción del 20% en las tarifas de practicaje y pilotaje.
El nuevo decreto establece la suspensión de los efectos del Decreto 690/2026 y dispone que, mientras dure esa medida, vuelvan a regir plenamente las normas que habían sido derogadas, sustituidas o modificadas por esa regulación.
Asimismo, el Ejecutivo creó una Mesa de Trabajo integrada por funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional, la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), organismo descentralizado que depende del Ministerio de Economía, junto con representantes del sector de practicaje y pilotaje.
Según el texto oficial, ese ámbito tendrá como objetivo alcanzar los consensos necesarios para redactar una nueva reglamentación y definir el cronograma y la metodología de trabajo durante las próximas semanas.
Además, el decreto instruye a los organismos involucrados a adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio de practicaje y pilotaje mientras se desarrolla el proceso de revisión normativa.
El conflicto se había desatado tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, que buscaba introducir cambios en la prestación del servicio con el objetivo de reducir costos portuarios y promover una mayor competencia.
Como respuesta, prácticos, pilotos y baqueanos suspendieron la prestación del servicio obligatorio para las maniobras de ingreso y salida de embarcaciones en buena parte de la navegación comercial, una situación que dejó cerca de 200 buques demorados y provocó pérdidas económicas para la actividad.
En el punto más crítico de la disputa, la Prefectura Naval Argentina intimó a más de 500 profesionales a retomar sus tareas mediante un edicto oficial en el que advirtió sobre posibles sanciones disciplinarias y denuncias penales en caso de incumplimiento.
La interrupción del servicio también afectó la operatoria del transporte fluvial y marítimo, ya que el practicaje y pilotaje resultan obligatorios en distintas zonas de navegación conforme a la Ley de Navegación N° 20.094. Finalmente, tras el acuerdo alcanzado con el sector, el Gobierno resolvió suspender la aplicación del decreto y abrir una instancia de negociación para consensuar una nueva regulación.
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