Un frente abierto en el Congreso por los biocombustibles revive el debate entre las petroleras, las aceiteras y las pymes
La discusión en el Congreso para reformar el marco normativo de los biocombustibles en la Argentina revivió un viejo debate entre las petroleras, las aceiteras y las pequeñas y medianas empresas (pymes) elaboradoras para el mercado interno que cruza los costos fiscales, el impacto en el valor agregado local, el empleo y los precios de la nafta y el gasoil.
Aunque hay tres proyectos, el que tiene mayores chances de avanzar es el del oficialismo, presentado por la senadora Patricia Bullrich. Epyca Consultores relevó que "se centra en una menor participación estatal, un aumento de los cupos obligatorios de biodiésel y bioetanol, una mayor desregulación del mercado y el planteo de paridad de precios de importación"
"Lo que más se le critica" -añade Epyca- "es la posible habilitación de importación a precios de dumping, la metodología de co-procesamiento, el posible impacto en el precio de los combustibles y el perjuicio potencial en la región NOA y sobre las PyMEs."
La Libertad Avanza propone un sendero de cortes obligatorios con un escalón inicial y una suba a los doce meses de sancionada la ley, donde el biodiésel parte de 7,5% y su mezcla en el gasoil asciende a 10% (la ley actual establece entre 3 y 5%), mientras que el corte de bioetanol en las naftas parte de 12% y sube a 15%.
Actualmente el mercado tiene precios fijados por el Gobierno, que se eliminan. Las petroleras deben comprarle los biocombustibles a las pymes y no a las grandes aceiteras, cuyo mercado está en la exportación a Europa -con Estados Unidos cerrado por los aranceles-.
La intención oficial es abrir progresivamente el mercado a las grandes productoras de aceite de soja como Aceitera General Deheza (AGD), Cargill, Cofco, Bunge y Louis Dreyfus y generar una libre competencia con el resto de las pymes.
Así, las pymes pierden su mercado asegurado. La Cámara de Empresas PYMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) denunció que "el proyecto oficial de biocombustibles no es una reforma, sino la sentencia de cierre de 25 plantas del interior y de los 10.000 empleos, directos e indirectos, que dependen de ellas".
Esas 25 plantas producen 900.000 toneladas de biodiésel cada año y proponen sumar 5 puntos porcentuales más, para elevar la mezcla obligatoria a 12,5% y sumar mercado por 600.000 toneladas.
La suma de 3 puntos porcentuales al corte de bioetanol sin asignar cupo, explica Epyca, puede generar una competencia "desigual" entre los productores de maíz y los de la caña de azúcar, en detrimento de estos últimos por menor productividad y escala relativa.
Las pequeñas y medianas plantas elaboradoras de biodiésel tienen como epicentro a Buenos Aires y Santa Fe, mientras que el bioetanol de maíz está concentrado entre Córdoba, Santa Fe y San Luis y el de caña de azúcar en Tucumán, Salta y Jujuy.
En su presentación ante el Congreso, el vicepresidente Ejecutivo de Midstream y Downstream de YPF, Mauricio Martin, estimó que la suba del corte de biodiésel a 10% implicaría un impacto adicional de 3% sobre el precio de los combustibles al consumidor. "Dado que la desinflación continúa siendo uno de los pilares comunicacionales del programa económico, cualquier presión adicional sobre precios regulados o cuasi regulados suele recibir escrutinio político inmediato", evaluó Epyca.
A su vez, la consultora Economía & Energía calculó que el costo fiscal del régimen de biocombustibles acumula desde 2010 el equivalente en pesos a unos 6.500 millones de dólares, por la menor recaudación por derechos de exportación sobre el aceite que se deja de exportar y, en menor medida, por la exención sobre los impuestos a los combustibles en el mercado interno.
Al mismo tiempo, hubo un saldo negativo en divisas de US$ 3.300 millones por menores exportaciones de soja, que no se compensaron con la sustitución de importaciones de gasoil.
En cambio, el uso del bioetanol tuvo un costo para el Estado equivalente a US$ 2.200 millones, pero un impacto comercial positivo de US$ 2.800 millones por la sustitución de importaciones de nafta.
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