El Gobierno suspendió el decreto de desregulación para los prácticos en los puertos, que accedieron a reducir sus tarifas
Un día después de iniciado el paro de prácticos en los puertos de todo el país que detuvo la actividad económica de granos y de combustibles, el Gobierno nacional dispuso este martes suspender el decreto de desregulación del sector y anunció la conformación de una mesa de trabajo.
El Gobierno anunció que se alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje, el que se encarga de guiar a los buques en su llegada a los puertos, y que contempla una reducción del 20% en las tarifas y el restablecimiento de las tareas de asistencia a la navegación de buques.
Para llegar a este acuerdo, el gobierno dio marcha atrás con el decreto 690/2026, que surgió por iniciativa del ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger. El vocero presidencial, Adrián Ravier, había explicado esta mañana que la norma buscaba generar la entrada de "nuevos actores" a la actividad.
Si bien por la mañana Ravier estimaba que "seguramente" se iban a aplicar sanciones a quienes se plegaron a la medida de fuerza iniciada el lunes, horas después el Gobierno explicó que para llegar a una solución dispuso la creación de una mesa de trabajo dedicada a "alcanzar un acuerdo definitivo sobre los distintos puntos abordados".
John Ryan, presidente de la Cámara de Practicaje y Pilotaje, destacó esta noche el rol clave de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, para llegar al entendimiento al señalar que la funcionaria “decidió armar esta reunión y la situación está resuelta”.
Además, sumó que puertas adentro de los trabajadores afectados, “tuvimos un Zoom con más de 400 prácticos", tras la cual afirmó al canal A24 "ya están todos anunciados y están retomando sus actividades". "En las próximas horas los buques se van a empezar a mover”, acotó.
Los "prácticos" son capitanes de barcos de menor porte que se ocupan de ingresar y sacar a los buques de los puertos, que realizan pocos especialistas al punto que en la zona portuaria de la ciudad de Buenos Aires y la bonaerense de Dock Sud hay apenas 24 prácticos.
Desde la cartera de Desregulación advirtieron que representan un 8% del costo total y que pueden ser reemplazados. De manera oficial, al anunciarse la desregulación, el ministro declaró que "la Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio".
La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) señalaron este martes que el impacto económico comenzaba a ser significativo dado que había más de 45 buques detenidos y se estimaba que crecía de a 30 barcos por día.
El costo de esa inmovilización también resultaba considerable. El sector estima que cada barco detenido generaba sobrecostos de entre 50.000 y 100.000 dólares diarios, principalmente por demoras, penalidades contractuales y gastos operativos.
Las cámaras recordaron además que el Gran Rosario, junto al corredor San Lorenzo-Timbúes, constituye el principal polo exportador agroindustrial de Argentina, desde donde sale la mayor parte de las exportaciones nacionales de soja, maíz, trigo y sus derivados. Por ello, cualquier interrupción en ese nodo logístico tiene repercusiones inmediatas sobre el comercio exterior.
Los denominados "prácticos de puerto" son expertos capitanes de maniobras que trabajan con apoyo de remolcadores y amarras. Algunas veces suelen abordar los buques cerca del muelle al que deben atracar, como los casos de Mar del Plata o Necochea o cuando se trata de un trayecto corto, realizan el pilotaje de un canal, como en el Puerto de Buenos Aires o Bahía Blanca y luego atracan el buque.
La discusión por el costo del servicio de practicaje surgió tras el decreto de Sturzenegger para desregular ese sector al sostener que en Argentina llega a cuatro veces más caro que en otros países.
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El Ministerio de Desregulación dio a conocer los costos en un comunicado donde señaló que un buque carguero de tipo Panamax que ingresa a puertos internacionales paga entre 1.500 y 4.700 dólares por el servicio de practicaje, mientras en Argentina el precio va de 9.364 a 16.903 dólares, dependiendo del puerto de destino.
Y, los mayores costos corresponden a la ciudad de Buenos Aires. Allí, el ingreso al río de la Plata supera los 16.900 dólares y en los puertos patagónicos llega a los 11.237 dólares.
En medio de la polémica por la medida de fuerza y la aparición en los medios del capitán Oscar Mendoza, presidente de la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante, la entidad aclaró esta tarde que "no ha dispuesto, convocado, promovido, instruido ni emitido directiva alguna tendiente a la interrupción, suspensión, abstención o negativa de prestación de servicios profesionales, ni ha impartido instrucciones destinadas a afectar la continuidad de las actividades comprendidas en su ámbito de actuación institucional".
A través de un comunicado la asociación de capitanes explicó que solo buscó "informar a sus representados, analizar el alcance del nuevo marco normativo y poner en su conocimiento las distintas circunstancias derivadas de su aplicación, sin impartir instrucciones relativas al ejercicio individual de la actividad profesional ni promover conductas orientadas a afectar la continuidad de los servicios".
Además, dio precisiones sobre el alcance de la representación institucional al aclarar que solo representa a "los trabajadores comprendidos en su ámbito estatutario y no ejerce representación sindical respecto de los prácticos que desarrollan su actividad en carácter de profesionales autónomos, quienes ejercen su profesión bajo su exclusiva responsabilidad técnica y profesional y conforme al régimen jurídico que les resulta aplicable".
El gremio de capitanes se despegó del conflicto con los prácticos al indicar que "cualquier decisión vinculada con la aceptación, rechazo, programación o ejecución de prestaciones profesionales" por parte de los prácticos es "una determinación individual ajena a la asociación".
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