El Gobierno acordó con los prácticos y se restablecerá el servicio en el puerto

Era una cuestión de plata y así terminó el conflicto con los prácticos que paralizó el movimiento de los puertos de todo el país. Tal fue la fuerza de los asistentes de los buques cuando decidieron no prestar servicios que el Gobierno dejó para otro momento la desregulación del sector y optó por el camino inverso: acordar tarifas más baratas.

Fueron horas de negociación donde la banca siempre la tuvieron los prácticos. En poco más de cuatro días frenaron el comercio del país con el mundo, generaron enormes sobrecostos a las empresas que quieren comprar o vender sus productos en el exterior; colapsaron los pozones del Río de la Plata donde esperan las embarcaciones antes de entrar a los puertos y propiciaron que muchas empresas marítimas hagan sus previsiones para modificar sus recorridos antes de pasar por la Argentina y no poder operar sus cargas.

Mientras todo ese panorama se consolidaba, llegó el pacto que la Casa Rosada lo comunicó a última hora de la tarde: “El Gobierno alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje que contempla una reducción del 20% en las tarifas y el restablecimiento de las tareas de asistencia a la navegación de buques”.

El conflicto se desató el viernes, cuando se publicó el decreto 690, una norma que desreguló el practicaje de buques. Según dijeron en ese momento los voceros del sector, el nuevo régimen llegó sin un acuerdo previo con los profesionales.

De un plumazo eliminó el cupo, abrió la contratación libre y fijó tarifas de mercado bajo la promesa de “bajar el costo argentino”, entre otras cosas. La respuesta fue inmediata y quirúrgica: desde la madrugada del domingo, prácticos, pilotos y baqueanos de todo el país dejaron de aceptar nuevos servicios. Sin gremio, sin paro formal —son profesionales independientes—, lograron lo que ningún sindicato del transporte consiguió en años: parar el 80% del comercio exterior argentino en 72 horas. Más de 140 buques varados de Ushuaia a Timbúes, cargas desviadas a Montevideo y Brasil, y una Prefectura que respondió con intimaciones a 500 profesionales y la amenaza de cárcel por los artículos 190 y 194 del Código Penal.

Ahora bien, a cambio de aquella rebaja en la tarifa, hubo una concesión importante. “En el marco del entendimiento alcanzado, se resolvió suspender la aplicación del decreto de desregulación del servicio de practicaje”, reconoció el Gobierno en un comunicado. El tercer punto del asunto es “conformar una mesa de trabajo para analizar los distintos aspectos vinculados a la actividad”.

La situación escaló a un nivel que pocos estimaron cuando trazaron la estrategia con los prácticos. De hecho, el esquema que puso en marcha el Gobierno el viernes tomó por sorpresa a la gran mayoría de los actores del sector. “Lo que creemos es que no es un tema con la profesión sino con el costo. Por eso llama la atención que no hayan empezado por hablar sobre dinero en vez de propiciar una parálisis en el movimiento de los barcos”, se sinceraban desde una empresa que tiene injerencia en una de las terminales portuarias más importantes.

Se refería a que la necesidad de subir a bordo de un buque un práctico es de uso y costumbre en la mayoría de los puertos del planeta, más aún los que ingresan por un canal de navegación. El tema conflictivo en el país, según el diagnóstico del Gobierno, es el precio. “Se ha tornado el principal rubro de ingreso a un puerto, incluso por encima del que tienen los remolcadores”, justifica un funcionario.

Dice, además, que no solo los honorarios de practicaje son elevados en comparación con otros de la región, sino que se suman algunos otros, como por caso la embarcación que los lleva hasta el buque, que elevan aún más la factura.

Hay un tema más que también agrava las cosas, siempre según la visión de los funcionarios que estuvieron sobre la iniciativa. Dicen que los prácticos, si bien son formalmente independientes, son un listado cerrado que no permite que ingresen nuevos integrantes. En el manual libertario, eso es cerrar la oferta y aprovecharse de una demanda que no puede hacer otra cosa más que validar el precio que le impongan.

Así las cosas, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que maneja Federico Sturzenegger, decidió ir por todo y arremeter contra toda la regulación que sostenía el sistema. Lo hizo, claro está, con la publicación de aquel decreto del viernes.

El corazón de la norma era crear competencia y así bajar las tarifas. Pocas horas después, por ahora, todo terminó en un acuerdo directo: 20% de rebaja pactada en la mesa de negociación, no producto de la apertura y la desregulación.

Esa apertura —el fin del cupo, el registro sin límite de número, la posibilidad de que barcos más grandes puedan ingresar sin prácticos a los puertos, entre otras medidas— estuvo vigente apenas cuatro días. En ese tiempo no llegó a inscribirse un solo práctico nuevo bajo el régimen abierto, no hubo mercado en competencia ni un solo día y los barcos se quedaron quietos.

El decreto completo quedó suspendido, volvió a regir el reglamento de 1991 y se conformó una mesa de trabajo coordinada por el Gobierno con participación de Seguridad, Defensa y otros organismos. “Tendrá como objetivo avanzar en la revisión de los puntos contemplados en la normativa de desregulación”, agregó el comunicado.

En el sector se habla de un “error de cálculo” a la hora de trazar la estrategia. Cuentan que desde el Ministerio de Desregulación consultaron a la Prefectura Naval Argentina qué pasaría si los prácticos negasen a subir a los barcos. Desde la fuerza de seguridad le contestaron que tenían capacidad operativa para poder hacer frente a una emergencia.

Pero no hubo una emergencia en algunos lugares puntuales como se preveía: se dio una paralización total y la magnitud que adquirió el conflicto tornó imposible esa solución.

Otro de los errores de cálculo se dio con las navieras. Justamente ellas y las agencias marítimas son los actores que acercaron los argumentos sobre el costo de los prácticos. Los desreguladores argentinos pensaron que, si se removía el marco jurídico, iban a optar rápidamente por las variantes que les daba el decreto y aprovechar el cambio de régimen.

Pero las navieras se juegan demasiado capital en cada maniobra. Y, si bien técnicamente no estaban obligadas por la normativa local a mantener aquel sistema que denunciaban como oneroso, ninguna movió su embarcación por temor a que pudiese haber algún siniestro y que la compañía de seguros tenga algún resquicio como para deslindar sus responsabilidades contractuales.

Mientras tanto, frente al puerto de La Plata, en la zona llamada “Recalada”, donde los barcos esperan para ingresar a los puertos del Río de la Plata o a la Hidrovía, las embarcaciones se acumularon al punto que ya no había más lugar.

Y así llegó la negociación por plata; tal fue el origen del conflicto. Con la novedad, se retomarán las tareas y los barcos seguirán su curso, con la plena vigencia del decreto dictado en 1991.

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