Patricia Bullrich anuncia cambios a la ley de tierras para conseguir su aprobación
El Gobierno presentó este martes un nuevo dictamen del proyecto de ley de tierras para evitar una nueva derrota en la sesión del Senado convocada para el jueves próximo. Si bien texto original no establecía límites para la compra, ahora propone subir el tope porcentual vigente de 15% a 25% de la superficie de cada distrito.
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció en conferencia de prensa las nuevas modificaciones a la iniciativa tras ceder ante la presión de la oposición dialoguista.
La exministra de Seguridad detalló los cambios a realizar en el capítulo que elimina las restricciones vigentes a la venta de tierras rurales productivas a ciudadanos o a empresas de capitales extranjeros.
“Vamos a dejar muy en claro qué limites pusimos que no estaban. Los Estados extranjeros no pueden comprar un metro de tierra rural en Argentina, punto”, expresó Bullrich.
Y añadió: que “las personas jurídicas, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias de empresas y todos los vínculos asociativos que tengan participación estatal directa o indirecta van a necesitar el aval conjunto de la Nación y de las provincias”.
Según el nuevo dictamen, se establece un tope de 25% de la superficie nacional, provincial y departamental a la posibilidad de que personas físicas o jurídicas extranjeras puedan adquirir tierras productivas.
Se trata del artículo 25 del proyecto, que además propone que “toda adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras deberá ser inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia consignando en un asiento especial los datos y la nacionalidad del adquirente”.
En la conferencia de prensa acompañaron a Bullrich los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto (LLA-Tierra del Fuego), y de Legislación General, Nadia Márquez (LLA-Neuquén).
Por otro lado, la iniciativa introduce un agregado sobre el artículo 4 de Ley N° 21.499 relacionada a las expropiaciones.
La norma vigente establece que “pueden ser objeto de expropiación los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la ‘utilidad pública’, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no”.
La propuesta del Gobierno es mantener la primera parte del escrito y sumarle que la declaración de utilidad pública “será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido”.
Además, de acuerdo al último dictamen, “la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.
Las modificaciones podrían brindarle al Gobierno entre 38 y 40 votos para aprobar la iniciativa. En las últimas semanas hubo un creciente rechazo social a la extranjerización de tierras que se tradujo en una pérdida de apoyos de los bloques dialoguistas.
Los senadores de Encuentro Misionero Carlos Arce y Sonia Rojas Decut recibieron la presión de actores sociales de su provincia. A esto se sumó la resistencia de algunos senadores radicales que no querían apoyar un proyecto que vulneraría la integridad territorial y la soberanía del país.
Otras versiones también manifestaron que la radical Edith Terenzi y Andrea Cristina (Pro) tendrían diversos reparos sobre el proyectos.
Además, la vicepresidenta Victoria Villarruel manifestó públicamente su repudio al proyecto, una posición que otra vez la diferencia del mandatario Javier Milei.
El jueves, en tanto, habrá una manifestación de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales frente al Congreso. Es la tercera vez que se intenta tratar el proyecto, que yab fue postergado en repetidas ocasiones debido a la falta de votos.
En un combo armado como una pieza de relojería, el proyecto también busca acelerar los desalojos por falta de pago, ocupaciones y usurpaciones; modifica los requisitos que debe cumplir el Congreso para llevar a cabo expropiaciones de bienes privados e introduce cambios en varios artículos de la Ley de Manejo del Fuego para liberar el uso de propiedades afectadas por una catástrofe.
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