El blindaje del miedo
Hay que reconocerle a Milei una virtud que ningún manual de anarcocapitalismo enseña: la capacidad de estar en tres lugares filosóficamente opuestos al mismo tiempo y salir convencido de que en los tres defiende la libertad. Esta semana, con una mano firmó el proyecto de ley de carta orgánica del Banco Central que promete devolverle al Estado la seriedad monetaria que, según él mismo, nunca tuvo. Con la otra mano firmó un DNU que expulsa a extranjeros por opinar mal de la Argentina, como si la soberanía nacional se defendiera bloqueando comentarios de X o videos en YouTube. Y para el 6 de agosto se reserva el postre: la ley que borra límites a la compra de tierra por parte de esos mismos extranjeros.
Hay una lectura incómoda debajo de la nueva carta orgánica del Banco Central que Milei presentó el jueves por cadena nacional junto al staff permanente de la administración. Y es que nadie blinda algo “para siempre” si está seguro de que va a seguir siendo el que manda. En los 14 minutos grabados en el Salón Blanco, el Presidente prometió terminar con lo que sería el cáncer de la economía argentina: la emisión de moneda. Que quedará ahora equiparada a la falsificación de dinero tipificada ya en el Código Penal. Esa carta orgánica está diseñada para que ningún gobierno futuro pueda tocarla sin el respaldo de dos tercios del Congreso. Una Constitución económica escrita para sobrevivir a su autor, que ahora, antes de jugarse la reelección, prefiere dejar atada por si 2027 no le sonríe. Una preocupación manifiesta del FMI, por lo demás.
Federico Sturzenegger, que participó de las reuniones claves junto con Luis Caputo y Santiago Bausili, puso ahí su firma invisible, la misma que aparece en la letra chica de la ley de tierras. Un solo “ingeniero” para dos juegos de engranajes distintos: una para blindar el peso más allá de quién gobierne, otra para vender grandes extensiones de tierras mientras se pueda.
Milei busca perpetuar a Bausili en el Central y nombrar ya al conjunto de directores de la entidad con carácter poco menos que vitalicio. Recordemos que Bausili es socio del ministro Caputo, con quien fundó la consultora financiera Anker Latinoamericana y compartió posiciones en el JPMorgan y en el Deutsche Bank. Ambos fueron funcionarios durante el gobierno de Mauricio Macri.
El mismo día en que se anunciaba el fin de “91 años de estafa” monetaria, entraba en vigencia el decreto que permite expulsar extranjeros por “mensajes de odio” contra el país. Nada mejor para distraer a la audiencia propia y a la opinión pública en general de un dato que en la Rosada leen con alarma: el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella (ICG) cayó en julio a 1,94 puntos, un 6,5% menos que en junio y un 21% por debajo de julio de 2025. Entre los jóvenes de 18 a 29 años, el desplome fue del 23% en un solo mes, hasta 1,68 puntos: la franja que hasta hace poco más confiaba en la gestión pasó a ser, en semanas, la más escéptica.
Nada mejor, entonces, que inventar un enemigo que no vota, no protesta y no tiene sindicato: el extranjero.
Y acá el decreto se muerde la cola. Porque el mismo hombre que ahora firma la expulsión de quien hable mal de la Argentina supo decir, en distintas entrevistas y actos públicos de 2018 (cuando apenas era un panelista que calentaba las pantallas a fuerza de ira), que lo mejor que podían hacer los jóvenes argentinos era irse de “este país de mierda”. Si esas frases las hubiera dicho un mochilero neerlandés en el aeropuerto, hoy tendría la valija en la cinta de vuelta a Ámsterdam. Las redes, con su memoria de elefante, ya se lo cobraron esta semana.
Pero el verdadero museo de las contradicciones está en la tierra. El Senado retoma el 6 de agosto la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que deroga el límite del 15% a la extranjerización rural vigente desde 2011. El mismo Estado que expulsaría a un turista por un comentario hostil no tiene el menor problema en que un fondo de Doha compre la pampa húmeda en cuotas.
Juan Grabois habló de un “remate de la patria”. Sturzenegger salió a defender la venta de tierras con una anécdota: un empresario catarí le dijo que tenía ganas de producir leche en la Argentina, y se preguntó por qué habría que asustarse de que “la gente venga a invertir”. Hermosa paradoja: si ese mismo empresario hubiera tuiteado que la Argentina es un desastre, calificaría para la expulsión exprés del DNU; con el cheque en la mano, en cambio, es bienvenido a producir muzzarella en Entre Ríos. El nacionalismo argentino tiene tarifa diferencial según el metabolismo del capital.
Y para cerrar el círculo: Navitas Petroleum, la empresa israelí que controla el 65% del proyecto Sea Lion, extrae petróleo en la cuenca norte de Malvinas sin autorización argentina (al menos formal), infringiendo la ley que sanciona eso desde 2011. Al vocero Adrián Ravier le preguntaron por el tema y respondió, con candor, que no sabía nada, que habría que consultarle a Cancillería. Directivos de la firma les dijeron a sus inversores que el proyecto avanzó “sin ninguna interferencia” del gobierno argentino (tan en línea con el de Benjamin Netanyahu). Ahí está el test de fuego del patriotismo mileísta: cuando la ofensa viene de un usuario anónimo de redes (como el actual presidente hace ocho años), hay decreto en tiempo récord o amnistía retroactiva, según convenga; cuando perfora el subsuelo de un territorio argentino sin autorización (las Malvinas son argentinas, hasta lo dijo Milei en una entrevista el viernes), hay un encogimiento de hombros institucional.
El cuadro deja de ser el de anuncios sueltos para convertirse en un mecanismo prolijo: la épica antikirchnerista de la moneda tranquiliza al mercado; el enemigo migratorio entretiene a la tribuna mientras la confianza se derrumba como el salario.
