TIC-TAC, TIC-TAC – TIEMPO, SE COMPRA, NO SE REGALA

Un gobierno con fecha de vencimiento intenta vender presente por futuro. El adversario nunca entrega el futuro, que cree puede ser propio. A medida que se acelera el ritmo del tic-tac el gobierno busca sacar seguros de futuro. Para él o para sus mandantes - todo gobierno los tiene-.

Los de esta administración son los sectores de interés que presionan cada día más para que el gobierno asegure ventanas a negocios por 30 años con los RIGIS y Super RIGI. O comprometer planteles que ocupen vacantes para construir un entorno amigable cuando estén en el llano.

Esa ansiedad explica la prisa con la que el gobierno lleva esta semana al Senado dos batallas de riesgo. La más evidente es la sesión que se reanuda el jueves después de un cuarto intermedio. Intentará aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad con el polémico Capítulo III que reforma la ley de tierras.

Hasta ahora el gobierno no ha podido habilitar el voto positivo a esa norma, y ya ha encallado cuatro veces. En la última sesión quedaron los tantos 35 a 35 y a merced del empate - en contra - de Victoria Villarruel. Llega al recinto este jueves un borrador número 16 afeitado tanteando un consenso frágil con los aliados.

El proyecto endurece la posibilidad de que gobiernos extranjeros, por sí o a través de empresas controladas, puedan comprar tierras de frontera en determinadas condiciones. Si el gobierno quiere que salga deberá eliminar todo el Capítulo III, como antes ya eliminó el que liquidaba la bergogliana Ley de Villas, que la Iglesia y la oposición derribaron en comisión.

Parece una ironía, pero la única posibilidad de que este proyecto avance el jueves es que la marcha en contra que han organizado la CGT, organizaciones sociales y grupúsculos de izquierda, tenga alguna significación.

Despertarían el gen del no peronismo y algunos senadores pueden llegar a votar a favor nada más que para cumplir con la necesidad de confrontación entre peronistas y no peronistas, que es la contradicción fundamental de la vida legislativa.

Pero no es la prueba más riesgosa. Un día antes, el miércoles, está convocado un plenario de las comisiones de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales para discutir el proyecto de Super-RIGI.

Esta iniciativa extiende los beneficios de uno de los productos criollos de mayor tradición, como es la promoción industrial, a proyectos de subsidio de actividades que hoy no tienen desarrollo en la Argentina. Es un pagadiós para el cual el gobierno pide el voto pero que despierta dudas en los legisladores y sus terminales políticas, los gobernadores. Es el único proyecto que fue objeto de estudio en el Senado en las dos semanas de receso.

La única luz que se encendió es la de la bancada número 73, la oficina del exsenador radical por el Chaco Víctor Zimmermann. En un entrepiso de la segunda planta del Senado funciona una oficina del bloque UCR – bisagra de cualquier decisión en la cámara alta - en donde se hacen los debates entre el oficialismo y la oposición amigable, que en el mejor momento ha llegado a reunir 44 votos.

Allí se les pasa el peine fino a las iniciativas y se buscan los consensos para que avancen los proyectos. Ya afeitaron al máximo el proyecto de Tierras. Ahora repasaron el Super RIGI. La única otra oficina que abrió en todo el palacio fue la de otro senador por el Chaco, el peronista Jorge Capitanich. Los dos adversarios se cruzaron en más de una oportunidad durante el receso por los solitarios pasillos del Senado.

El gobierno intentará dictaminar el miércoles. Es difícil que ocurra porque la oposición en todos sus espectros reclamará que antes del dictamen vayan funcionarios del gobierno a explicar las razones del entusiasmo del oficialismo por esta recaída en la promoción industrial.

Ha levantado más dudas que el anterior, del cual se han anunciado compromisos que no alcanzan a porcentajes significativos. La incertidumbre por el futuro, que delata el nivel del riesgo país, también demora las inversiones pese a la promesa de blindarles un paraíso fiscal.

Ahora con el Super RIGI los gobernadores se preguntan cuál será el beneficio real de inversiones sobre actividades que no se realizan ahora y que pueden crear burbujas de ganancias para empresarios sin compartir las ventajas con las provincias.

La misma prisa la tiene el gobierno para sacar estas leyes antes de que la agenda quede bajo el cono de sombra de la campaña electoral, que pone en alerta a los gobernadores que se preguntan por la ideología o el negocio de tanto regalo. Piden que por lo menos les expliquen una de las dos.

Con la misma rapidez el gobierno cambió de temperamento sobre la Suprema Corte de Justicia. El domingo el ministro de Justicia había informado que esa iniciativa no era prioritaria. Dijo a esta columna que eso había salido de la boca de Javier Milei.

Algo pasó camino del foro, para que el miércoles Juan Mahiques apareciera en Olivos a almorzar con Milei y hablaran dos horas sobre las reformas judiciales, incluyendo completar la Suprema Corte. El ánimo sobre este punto había cambiado respecto del domingo. Quienes están comprometidos con esta gestión reconocen que lo que antes era un no rotundo («no es momento, no es momento»), se convirtió en un “puede ser, vayamos viéndolo». Un salto de casillas que el gobierno se ocupó de filtrar a sus voceros informales.

¿Qué había pasado? Nadie lo va a admitir, pero ese almuerzo ocurrió un par de horas después de que dos abogados extranjeros anunciaran que Cristina Kirchner hará un reclamo ante la ONU para pedir tres medidas cautelares:

1) Suspensión de la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos como accesoria de su condena en el caso Vialidad;

Más allá de la suerte que tenga esta apelación en lo jurídico, en lo político impugna la legalidad de la integración de la Suprema Corte de Justicia, que tiene tres miembros. No argumentan las razones, pero le dan al gobierno la oportunidad de neutralizar el debate. ¿Quieren una Corte completa? Acá está y estos son mis candidatos, que no serán los que esperaría Cristina si cree que entre los nuevos integrantes habría algunos que la van a beneficiar.

El gobierno ya ha hecho otras maniobras de neutralización. Cuando los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi reclamaban por sus cargos, Bruglia apeló a un organismo internacional. El gobierno neutralizó esa movida reconociéndole a Bertuzzi que había concursado y le reconocieron la queja.

En esta carrera de regularidad por la Corte es evidente que el presidente concentra para sí las designaciones de eventuales miembros. Él se encarga de eso, y que el ministerio se encargue del envío de los pliegos de candidatos a cargos en el Congreso. Milei viene de chocar cuando avaló las postulaciones de Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla, que habían sido traficadas por asesores.

Esta vez es presumible que busque asegurarse que los nombres que tiene sobre su mesa tengan algún consenso con el Congreso y aun con los tres integrantes del tribunal. Aunque no crea jurisprudencia, el juez Carlos Mahiques logró 58 votos en el Senado para seguir en el cargo por cinco años más - ¿cómo no presumir que podrían obtener los 48 necesarios para designar nuevos jueces?

Los nombres que están sobre la mesa del presidente son los de los jueces Marcelo Aguinsky, Mariano Borinsky y Karina Perilli. Borinsky está en la lista corta desde hace tiempo y gira en todos los bolilleros. También Perilli, candidata de género, si se quiere, para un gobierno que abomina de las cuestiones de género.

Aguinsky es del fuero penal económico, como Perilli, que es un fuero condenado a achicarse con la reforma que anuncia el gobierno, y por los efectos de la ley de inocencia fiscal que ha reducido el número de causas. Este es un detalle para retener porque si alguno de ellos es designado en la Corte, la vacante que dejen no será cubierta.

Con eso el gobierno se saca de encima la atención de una pelea para cubrirla. Es importante porque se trata, además, de candidatos que tienen para adelante varios años de desempeño, ya que ninguno está cerca de la edad de jubilación.

Aguinsky, que debuta en esta contienda, es uno de los jueces con más años en el cargo. Fue designado hace 34 años, cuando tenía 31, y es una estrella de la lucha contra contrabandistas y evasores. Durante años sostuvo la posibilidad constitucional del juicio en ausencia.

Miguel Pichetto había presentado ya en 2016 un primer proyecto junto a los entonces senadores Rodolfo Urtubey y Juan Mario Pais. En 2019, cuando se cumplieron 25 años del atentado a la AMIA, volvieron a presentarlo junto a Margarita Stolbizer con el respaldo de Aguinsky.

En enero del año pasado, esa figura fue incorporada como el Título VII del nuevo Código Procesal Penal. Lo apoyaron las organizaciones que representan a la comunidad judeo-argentina que reclaman resultados a las investigaciones por los aberrantes atentados de la década de los '90.

Esta experiencia le hizo recorrer el Senado, donde expuso los argumentos en favor del proyecto, que dictaminó la comisión que presidía Juan Carlos Pagotto. Lo caracteriza también el ingenio con el que hace su tareas - lo demostró en 2018, cuando expuso en el recinto de su juzgado en Comodoro Py una intervención artística poco habitual en esos salones.

Denominada “Tempus Contritum” (Tiempo Roto), la propuesta exhibía relojes deteriorados que pertenecían a un expediente sobre contrabando iniciado tres décadas atrás, incitando al análisis y a la meditación.

Conforme a las palabras de Aguinsky, convertir elementos cuyo destino era el desecho permite otorgarles un nuevo significado mediante una manifestación estética que desafía el statu quo.

En otra oportunidad, desplegó en las dependencias de su propio despacho otra exposición. La tituló “Silentium, el pacto de los testaferros”. Confeccionada por el comisario y artista Carlos Kwiatkowski, la obra ilustra una boca sellada mediante cierres de pantalón colocados sobre el cartón de un embalaje de televisor secuestrado en los procedimientos.

Esta creación —hecha a partir de elementos decomisados durante la causa de «la Mafia de los contenedores», una maniobra de contrabando por 300 millones de dólares— compone una representación metafórica del silencio perjudicial que envuelve a ilícitos como el contrabando.

El ánimo de este nuevo sprint por la Corte lo dicta también el tiempo. Falta un año para las PASO de 2027 y restan 4 meses hasta que finalice el año legislativo. El gobierno orejea las encuestas para saber si hay chance de reelegir.

La mejor inversión es ganar futuro y para eso estas prisas por ganar tiempo plantando leyes y, en lo posible, una nueva judicatura. ¿Ahora?, pregunta uno. Ahora en agosto no, pero no hay que descartar que ocurra antes del final del año legislativo

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