Casi tres millones de jóvenes dependen del servicio público de salud, pero el presupuesto proyectó atender cada vez menos pacientes

En Argentina, 4.145.458 jóvenes de entre 18 y 29 años se encuentran en situación de vulnerabilidad: es decir, no acceden a educación más allá de la primaria, a bienes y servicios básicos o a una vivienda digna. De esa cantidad de personas (que representan el 48,9% de la población total de ese rango etario), casi 3 millones (2,99 millones) no cuentan con cobertura privada en salud, por lo que dependen únicamente del servicio público. Pero ese servicio público, al menos el que depende del presupuesto nacional, prevé atender menos pacientes que en 2025: así consta en el presupuesto 2026 y en sus proyecciones, que se pueden consultar en la página web del Ministerio de Economía.

El programa de Asistencia para la salud mental y consumos problemáticos, que se ejecuta a través del Hospital Nacional especializado “Lic. Laura Bonaparte”, por ejemplo, programó atender a 40 mil pacientes ambulatorios para este año (25 mil menos que en 2025) y 12 mil consultas de urgencias telefónicas (6.800 menos que en 2025). Las metas de acciones de prevención en la comunidad, que en 2025 preveían incluir a 5.000 personas, directamente desaparecieron del presupuesto. Sin embargo, la cantidad de pacientes que necesitan estos servicios, lejos de bajar, se incrementa: PERFIL ya había contado en otra nota cómo la angustia, la ansiedad y el sentimiento de pérdida del sentido de la vida habían aumentado considerablemente en los últimos doce meses. El motivo principal: los problemas económicos.

Un estudio de la Universidad de Buenos Aires, titulado “Jóvenes vulnerables en la Argentina: Condiciones de vida, creencias y expectativas sobre el futuro” –al que pertenecen los datos citados al comienzo– reveló que siete de cada diez jóvenes en situación de vulnerabilidad experimentan nervios o ansiedad. La situación afecta más a las mujeres: 80% vs. 67,7% en el caso de los varones. El documento explica también que estos no son acontecimientos aislados: “Los signos de malestar psicológico no constituyen experiencias excepcionales, sino que forman parte de la vida cotidiana, lo cual refuerza la multidimensionalidad de la vulnerabilidad, involucrando dimensiones materiales y también subjetivas”.

Este medio se comunicó con el Ministerio de Salud para consultar a qué se debía este recorte en las metas en un contexto como el actual, pero, hasta la publicación de esta nota, no obtuvo respuesta.

El nivel de cobertura en salud está estrechamente relacionado con otro factor, que es el de la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo registrado. “El sistema público de salud constituye la principal cobertura de este segmento social (72,7%), evidenciando una alta dependencia estatal”, señala el relevamiento de la UBA. En niveles educativos más altos la cobertura de salud por obra social aumenta notablemente (34,8%), “lógicamente por ser ese segmento el que accede en mayor medida a trabajos formales”, explicaron. También hay diferencia en términos de género: el acceso a una obra social o prepaga es más importante en términos porcentuales entre los varones (el 68,4% se atiende en hospitales públicos) que entre las mujeres (el 78,8% depende exclusivamente del sistema público), ya que son los primeros los que mayormente se insertan en el circuito de trabajo formal.

Si bien casi siete de cada diez jóvenes de los sectores más vulnerados están trabajando, solamente el 15% cuenta con los aportes y beneficios de un empleo registrado. “La participación en el mercado de trabajo se combina con situaciones de inactividad y desempleo, reflejando trayectorias laborales inestables. La tasa de ocupación es más alta entre los varones que entre las mujeres, y en el AMBA más que en el resto del país”, afirman desde la UBA.

El documento aclara que se considera que las personas en circunstancias de vulnerabilidad son aquellas cuyo máximo nivel de instrucción es el primario (con independencia de cualquier otra situación) o las que integran hogares con algún tipo de privación económica o estructural, de acuerdo con las categorías Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH) del INDEC. Esto es, que forman parte de hogares en los que no pueden satisfacer sus necesidades básicas y acceder regularmente a alimentos, vestimenta y servicios esenciales o que están privados de una vivienda de calidad (construida con materiales precarios, en condiciones de hacinamiento y sin acceso a servicios básicos como agua y energía).

La relación entre informalidad, acceso al empleo y la edad también impacta en el nivel de endeudamiento. En Argentina, 3,6 millones de personas tienen una línea de crédito “irrecuparable”: 2,3 millones más que hace un año, afirma un análisis del Instituto Argentina Grande (IAG) basado en datos oficiales. Las deudas son pequeñas y la mitad de estos créditos tienen un atraso en sus pagos de un promedio de $ 309 mil. Los más complicados son los jóvenes de entre 15 y 29 años, cuya condición como deudores “irrecuperables” creció un 85% en los últimos doce meses.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) toma otro rango etario para medir el nivel de endeudamiento, aunque con resultados similares: casi cuatro de cada diez jóvenes de entre 18 y 34 años están en mora (38,4%), y en un 80% estas moras son con billeteras virtuales. “La tasa de morosidad es dramática en la franja de hasta 24 años: cuatro de cada diez créditos otorgados por bancos y billeteras son morosos (40,9%)”, concluye la investigación.