La reforma del BCRA divide a los economistas: respaldo a la disciplina monetaria y reparos por sus límites
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central anunciada por el presidente Javier Milei despertó la adhesión de algunos economistas y entidades empresarias que salieron rápidamente a respaldar el alcance que debería tener la autoridad monetaria, al tiempo que otras instituciones pusieron en duda las herramientas que conservará para intervenir en la economía.
Desde antes de llegar al gobierno el presidente Javier Milei puso en duda la continuidad del Banco Central e incluso en varias oportunidades habló de cerrarlo. Finalmente, se inclinó por hacer cambios a su carta orgánica con el objetivo fundamental de restringir la emisión monetaria para financiar al Tesoro.
Si bien existe un respaldo importante a la intención de limitar el financiamiento del Estado, restringir la transferencia de utilidades contables y reforzar la estabilidad de las autoridades del BCRA, las diferencias aparecen al definir si la preservación del valor de la moneda debe convertirse en su único objetivo y hasta dónde pueden recortarse sus facultades sin debilitar la regulación financiera, el crédito y la respuesta ante una crisis.
"Ponemos fin al robo de la alta política": con la reforma del Banco Central, Milei buscó marcar la agenda en una semana de tensiones
Martín Redrado, Aldo Abram y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) valoraron los principales lineamientos de la iniciativa, aunque los economistas reclamaron ampliar algunas prohibiciones y precisar el funcionamiento del nuevo esquema.
En tanto, desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en cambio, cuestionaron que el proyecto reduzca el mandato del BCRA a un único objetivo, señalaron que ese modelo es excepcional en el plano internacional y advirtieron que la reforma sería incluso más restrictiva que la carta orgánica del Banco Central de Perú, tomada como referencia por Milei.
La Carta Orgánica es la norma que define cómo funciona el Banco Central, cuáles son sus atribuciones y cómo se organiza. Su contenido resulta determinante para la política monetaria, ya que establece hasta dónde puede emitir para asistir al Tesoro, qué objetivos debe priorizar y qué grado de autonomía tendrá frente al Poder Ejecutivo.
La reforma anunciada por el Gobierno se apoya en cuatro ejes centrales. El primero es establecer la preservación del valor de la moneda como único mandato del Banco Central.
Además, busca prohibir el financiamiento monetario al Estado nacional, las provincias y los municipios; fortalecer la independencia y la estabilidad de las autoridades de la entidad; y restringir la distribución de ganancias contables del BCRA al Tesoro, salvo en situaciones excepcionales previstas por la ley.
El planteo oficial parte de la premisa de que el financiamiento monetario de los desequilibrios fiscales fue una de las principales causas de la inflación argentina. La intención es convertir la política de disciplina fiscal y monetaria del actual Gobierno en una restricción institucional para las futuras administraciones.
El debate no se limita a los adelantos transitorios. También comprende la compra de títulos públicos, las transferencias de utilidades, la utilización de reservas y la posibilidad de que los bancos integren parte de sus encajes con deuda estatal.
El expresidente del Banco Central Martín Redrado apoyó la modificación de la Carta Orgánica y consideró necesario reforzar la independencia del organismo para alcanzar estabilidad de precios, previsibilidad cambiaria y solidez financiera.
El economista coincidió con la eliminación de los adelantos transitorios al Tesoro, pero sostuvo que la reforma debería cerrar también otras vías de financiamiento directo e indirecto al sector público.
Entre ellas mencionó la transferencia de utilidades contables, el uso de las reservas mediante letras intransferibles y la integración de encajes bancarios con títulos públicos.
Milei apuntó contra Cristina Kirchner y Marcó del Pont al presentar la reforma del BCRA: "Le robaron 10 mil millones al Banco Central"
Redrado propuso que la reducción de la exposición de los bancos a la deuda del Tesoro se realice junto con una disminución equivalente de los encajes. Según explicó, ese proceso permitiría acercar el sistema financiero a los estándares internacionales y ampliar los recursos disponibles para el crédito al sector privado.
También planteó una diferencia respecto del mandato único propuesto por Milei. Para el exfuncionario, la Carta Orgánica debería incluir tanto la estabilidad monetaria como la estabilidad financiera entre los objetivos del organismo.
El BCRA, señaló, debe conservar autonomía para conducir la política monetaria, regular las entidades bancarias y actuar ante una eventual crisis del sistema financiero.
Otro de los puntos destacados por Redrado es el mecanismo de designación y remoción del presidente y de los integrantes del directorio.
El economista propuso que ambos procedimientos requieran el voto de dos tercios de las cámaras de Diputados y Senadores. La intención sería impedir que las autoridades puedan ser desplazadas unilateralmente por el Poder Ejecutivo frente a diferencias sobre la conducción monetaria.
También sugirió reducir el directorio a un máximo de seis miembros, con representación del oficialismo y de la oposición, y establecer mandatos que no coincidan con el período presidencial.
Redrado consideró, además, que la nueva Carta Orgánica debería comenzar a aplicarse durante el próximo gobierno. De ese modo, argumentó, se evitaría que sea interpretada como una reforma diseñada en beneficio de la actual administración.
Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, sostuvo que los lineamientos anticipados coinciden con los principales objetivos de la propuesta elaborada por la institución.
El economista respaldó que el mandato central del BCRA sea preservar el valor de la moneda. Desde la fundación proponen instrumentarlo mediante un régimen de metas de inflación, con parámetros concretos que permitan evaluar el desempeño de las autoridades.
“Todavía falta conocer cómo se definirá concretamente el objetivo y qué mecanismos se utilizarán para evaluar su cumplimiento, pero la orientación general es correcta”, afirmó Abram.
También valoró que se prohíba al Banco Central financiar al Gobierno nacional, aunque reclamó que la restricción comprenda igualmente a las provincias y los municipios.
Abram advirtió que la limitación no debería aplicarse únicamente a la compra de deuda durante su colocación inicial. También tendría que alcanzar las operaciones en el mercado secundario, ya que la adquisición de títulos públicos ya emitidos puede sostener sus precios y facilitar futuras colocaciones.
El economista consideró interesante el nuevo mecanismo para remover al presidente y a los directores del BCRA. Aunque no coincide exactamente con la propuesta de Libertad y Progreso, señaló que podría protegerlos de presiones políticas destinadas a apartarlos de su mandato.
Otra de las instituciones que salió rápidamente a respaldar la decisión oficial fue la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, que a través de un comunicado manifestó su satisfacción ante el anuncio presidencial y acompañó la intención de recuperar la preservación del valor de la moneda como objetivo del Banco Central.
La entidad también respaldó la prohibición del financiamiento al Tesoro y el fortalecimiento de la independencia institucional.
En qué consiste el polémico "grillete fiscal" que Milei quiere aplicar en Argentina siguiendo el ejemplo de Estados Unidos
Para la CAC, el Banco Central fue utilizado históricamente para cubrir desequilibrios fiscales cuando el Estado no podía acceder al mercado de crédito en condiciones razonables. La emisión de moneda sin respaldo habría contribuido, según la cámara, a que la Argentina registrara durante años una de las tasas de inflación más elevadas del mundo.
La entidad sostuvo que, aunque la actual administración mantiene una política fiscal y monetaria diferente, resulta necesario acompañarla con un marco institucional que limite la discrecionalidad de los futuros gobiernos.
La cámara también respaldó los anuncios relacionados con el equilibrio fiscal y con el desarrollo del ahorro y del crédito, debido al bajo nivel de financiamiento disponible para empresas y familias.
La principal objeción de CEPA se concentra en la decisión de establecer la preservación del valor de la moneda como única finalidad del Banco Central.
El centro de estudios sostuvo que los bancos centrales con un mandato unívoco son una excepción internacional. Según un relevamiento presentado a primera hora de este viernes 31 de julio, únicamente los casos de Perú y Colombia se aproximan al modelo propuesto por Milei.
La mayoría de las autoridades monetarias combina la estabilidad de precios con otros objetivos, como el crecimiento, el empleo, la estabilidad financiera, el funcionamiento del sistema de pagos o la reducción de las desigualdades.
Reforma del Banco Central: alertan sobre los riesgos de limitar su capacidad de intervención
CEPA mencionó los casos de Estados Unidos, Brasil, México, Uruguay, Chile, Inglaterra, Israel y la Unión Europea. Aunque en varios de ellos la estabilidad de precios aparece como el objetivo prioritario, las normas conservan funciones secundarias vinculadas con la actividad económica, el mercado laboral y el sistema financiero.
La Carta Orgánica vigente del BCRA establece como finalidades la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. El proyecto oficial eliminaría esa multiplicidad de funciones para concentrar la gestión en el valor de la moneda.
De todos modos, el Centro señaló que el Gobierno tomó como referencia al Banco Central de Reserva de Perú, pero consideró que la propuesta argentina avanzaría incluso más allá de ese esquema.
La legislación peruana prohíbe el financiamiento directo al Tesoro, aunque mantiene una autorización limitada para comprar títulos públicos en el mercado secundario, con un tope anual equivalente al 5% de la base monetaria.
La propuesta de Milei no contemplaría esa posibilidad e incorporaría sanciones penales por emisión monetaria. Para CEPA, esto implicaría eliminar instrumentos que pueden utilizarse para regular la liquidez o intervenir ante determinadas condiciones económicas.
El proyecto también extendería la prohibición de financiamiento a la Nación, las provincias y los municipios, mientras que la reforma de la remoción del directorio exigiría una mayoría de dos tercios de ambas cámaras.
En materia de utilidades, el esquema oficial buscaría impedir que los resultados generados por variaciones de precios sean distribuidos y limitar la utilización de las ganancias vinculadas con el manejo de la cartera.
En ese sentido sostuvo que el regreso al mandato único y la revisión de los cambios realizados en 2012 también apuntarían a retirar las funciones de orientación del crédito hacia sectores productivos, regionales o estratégicos.
Otro de los cuestionamientos del centro de estudios apunta a lo que considera una contradicción entre el proyecto anunciado y las decisiones tomadas por el Gobierno desde diciembre de 2023.
El Centro afirmó que, durante 2024, 2025 y 2026, la administración de Milei utilizó transferencias de utilidades del Banco Central para reforzar las cuentas del Tesoro y cancelar deuda.
Según sus cálculos, los giros realizados durante la gestión equivalen a u$s 24.200 millones, por un total de $36,4 billones.
En 2025, las transferencias correspondientes al resultado del ejercicio anterior alcanzaron los $11,7 billones y representaron el 40% de la base monetaria del momento.
Para 2026, el centro estimó transferencias por $24,4 billones. De ese total, $18,4 billones fueron utilizados para cancelar letras intransferibles, mientras que otros $6 billones se depositaron en la cuenta del Tesoro en el BCRA.
El centro calificó esas operaciones como resultado de modificaciones en la valuación contable de las letras intransferibles y cuestionó que el Gobierno proponga limitar una herramienta que utilizó durante su propia gestión.
Finalmente, también puso en discusión el diagnóstico oficial sobre la autonomía de la entidad. El informe recordó declaraciones de Milei en las que afirmó haber reunido al equipo económico para impulsar el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI). Para el centro, esa intervención muestra una participación directa del Poder Ejecutivo en una decisión correspondiente a la política monetaria.
