Banco Central: Lo esencial de la nueva propuesta de Carta Orgánica
El presidente Javier Milei se dirigió anoche al país por cadena nacional para presentar formalmente el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El texto ingresa ahora al Congreso, con la intención oficial de conseguir su sanción durante el segundo semestre.
Los ejes del proyecto ya habían trascendido en las semanas previas y el discurso presidencial los confirmó. La ley vigente —la Carta Orgánica sancionada en 1992 (Ley 24.144)— fue objeto en 2012 de una reforma impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner que le sumó al Banco, además de la estabilidad monetaria, objetivos de empleo, desarrollo económico con equidad social y estabilidad financiera. Esa ampliación terminó habilitando el uso de la emisión para financiar al Tesoro.
El proyecto oficial busca revertir ese esquema y reemplazar el mandato múltiple por un objetivo único: preservar el valor de la moneda. A eso se suma la eliminación completa del financiamiento monetario al Tesoro, mediante la derogación del artículo que habilitaba los adelantos transitorios; sanciones penales para los funcionarios que autoricen emisión destinada a cubrir el déficit fiscal; mayor estabilidad institucional para las autoridades del Directorio, con requisitos más exigentes para su remoción y la prohibición de emitir nuevas Letras Intransferibles del Tesoro.
Sobre ese esqueleto, hay dos puntos que valdría la pena profundizar antes de que el proyecto avance en el Congreso.
El primero tiene que ver con el Directorio. El Gobierno anunció mayor estabilidad institucional y requisitos más exigentes para la remoción de sus autoridades, pero el mecanismo sigue siendo bicameral (aunque más exigente con dos tercios en ambas cámaras). Sin embargo, sería interesante considerar un eslabón más para reducir aún más la discrecionalidad.
Una alternativa razonable sería intercalar una instancia técnica antes de cualquier decisión política con un consejo de expertos por caso (integrado por el titular de la Corte Suprema y los presidentes de las academias de Derecho y de Ciencias Económicas) que evalúe la causal invocada, garantice el derecho de defensa del funcionario en cuestión, y recién después de su dictamen habilite el paso a una instancia parlamentaria con decisión vinculante.
Eso blindaría al Directorio de presiones coyunturales, sin importar el signo político de turno. De paso, achicar el propio Directorio (hoy son diez miembros) a siete, también ayudaría a agilizar la toma de decisiones y a reducir la exposición del organismo a cuotas de poder repartidas políticamente.
Un segundo punto donde también sería interesante profundizar es en la correcta prohibición de emisión de nuevas Letras Intransferibles. Sin embargo, también urge resolver el problema del actual stock que el Banco ya tiene en cartera colocado por gobiernos anteriores. Prohibir hacia adelante es acertado, pero también es necesario solucionar la situación actual. En este marco, sería interesante incorporar un artículo transitorio que le fije al Banco Central un plazo breve, pero razonable (dos o tres años digamos) para cancelar, rescatar o transferir esas tenencias, de manera que la limpieza sea completa.
Más allá de estas dos sugerencias, la iniciativa merece ser celebrada. Después de décadas de un Banco Central usado como caja del Tesoro y con un mandato tan amplio que terminaba sirviendo para justificar cualquier cosa, volver a un objetivo único centrado en preservar el valor de la moneda es un paso en la dirección correcta. Cerrar la canilla del financiamiento monetario del déficit, ponerle costo político y penal a violar esa regla, y dotar de mayor independencia institucional al organismo son cambios estructurales que Argentina necesitaba desde hace mucho tiempo. Si el Congreso logra convertir estos lineamientos en ley, estaremos ante una reforma de importancia.
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