El Gobierno mantuvo el bono a los jubilados de la mínima en $70.000: cuánto debería ser si se actualizara por inflación

El bono de hasta $ 70.000 para los jubilados de haberes mínimo fue prorrogado para el pago en el mes de agosto, de acuerdo al decreto 686/2026 publicado en el Boletín Oficial.

Ese bono está congelado desde marzo de 2024. Si se hubiese actualizado con el resto de los haberes, su valor debería ser de $ 218.558. Y el haber mínimo total de agosto, en lugar de $ 489.775 ( $ 419.775 + $ 70.000) debería ascender a $ 638.333 ( 419.775 + 218.558).

Esto significa que el bono perdió casi el 70% del valor que tenia en el momento en que fue congelado por el Poder Ejecutivo. A las pérdidas intermensuales y el no cobro de los aguinaldos, por la falta de actualización, la diferencia en perjuicio de los jubilados y pensionados es de $ 148.558 solo en agosto. El bono no integra el haber y no computa para el pago del aguinaldo.

La decisión de congelar el bono o refuerzo previsional en $70.000 (marzo 2024) afecta a la mitad de los jubilados del SIPA, unos 3 millones de personas, más otro 1,5 millón que perciben la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) y las pensiones no contributivas.

El impacto positivo del bono fue decreciente en el tiempo, pasando de representar el 52% del haber mínimo en marzo de 2024 al 16% cuando se cobre en agosto. Mientras se mantenga el congelamiento del bono, esta tendencia decreciente se va a ir acentuando hasta que represente un porcentaje insignificante sobre el valor total.

Por el bono congelado, los jubilados de haberes mínimos pierden todos los meses frente a la inflación. Por ejemplo, entre enero y junio de este año (último dato oficial), la inflación fue del 16,8%, pero el haber mínimo total pasó de $ 410.880 a $ 473.318, un incremento del 15,2%. La PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) tuvo una suba en el semestre del 14,6% y las pensiones no contributivas, del 14,2%.

El congelamiento del bono de hasta $ 70.000 llegó a la Justicia. En agosto del año pasado, la Sala III de la Cámara de la Seguridad Social, en la causa Varela Alberto c/ ANSeS, determinó que si el jubilado tuvo una pérdida superior al 15%, ese congelamiento sería confiscatorio y violatorio del artículo 14 de la Constitución Nacional.

Y el Gobierno debería reponer esa pérdida a los 4,5 millones de jubilados y pensionados que cobran ese bono y además otorgar el monto actualizado a los nuevos jubilados y pensionados que cobren los haberes mínimos. El Gobierno apeló el fallo

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