La importancia de poner a las víctimas en el centro para prevenir la trata de personas
Cada 30 de julio, Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas, nos interpela y nos obliga a visibilizar uno de los delitos más graves y aberrantes que enfrenta nuestra sociedad. Detrás de cada caso hay una persona cuya libertad fue arrebatada, sus derechos fueron vulnerados y su dignidad fue reducida a mera mercancía, a objeto de explotación.
Combatir este delito exige mucho más que rescatar víctimas o condenar a los responsables. Requiere una política pública sostenida que articule prevención, investigación, persecución penal y restitución de derechos. Ninguno de estos componentes, por sí solo, alcanza. Las respuestas más eficaces son aquellas que colocan a las víctimas en el centro del debate, a través de la implementación y la evaluación de las políticas públicas.
La trata de personas es un delito complejo que refleja y profundiza desigualdades estructurales, situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, manipulación psicológica, restricciones a la libertad, aislamiento y relaciones asimétricas de poder. Su prevención no puede limitarse a campañas de concientización, sino que requiere políticas públicas integrales, sostenidas y articuladas.
Desde esa convicción, en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hemos fortalecido, con especial impulso durante la gestión de Jorge Macri, el trabajo del Comité Local de Lucha contra la Trata de Personas, un espacio de articulación interinstitucional que reúne a distintas áreas del Gobierno porteño para construir respuestas coordinadas frente a un delito que, por su complejidad, atraviesa múltiples competencias.
La prevención requiere presencia territorial. Por ello, llevamos el trabajo del Comité a diferentes barrios de la Ciudad y desarrollamos campañas de sensibilización en espacios públicos de alta circulación, como Plaza Constitución, durante la Semana contra la Trata, y en Plaza General Pueyrredón, conocida como Plaza Flores, en la Comuna 7. Estar cerca de la comunidad y promover una presencia activa nos permite brindar información, identificar situaciones de riesgo y dar a conocer a los vecinos los principales indicadores de trata y cómo actuar frente a posibles casos de explotación.
Prevenir también implica formar. La capacitación permanente de funcionarios, integrantes de las fuerzas de seguridad y operadores del sistema de Justicia fortalece las capacidades institucionales para identificar de manera temprana estos delitos, mejora la articulación entre los organismos y contribuye a brindar respuestas más rápidas, coordinadas y eficaces en la protección y asistencia de las víctimas.
Una última cuestión: ¿qué ocurre con las víctimas una vez que logran salir de la explotación? La asistencia no termina con el rescate: es a partir de ese momento cuando comienza el verdadero desafío. Restituir derechos implica acompañar procesos complejos de recuperación tanto física como emocional, garantizar acceso a la Justicia, brindar patrocinio jurídico especializado, facilitar oportunidades educativas y laborales, y generar condiciones para que cada persona pueda reconstruir un proyecto de vida autónomo.
Ese acompañamiento es una obligación del Estado frente a quienes han sido víctimas de este delito y, además, una estrategia concreta de prevención, porque reduce las condiciones de vulnerabilidad que favorecen nuevas situaciones de captación y explotación. Cuando una víctima recupera autonomía económica, fortalece sus redes de apoyo, accede de manera efectiva al ejercicio de sus derechos y disminuyen significativamente los factores de riesgo que pueden derivar en nuevas situaciones de explotación. Combatir la trata de personas implica evitar que vuelvan a reproducirse las condiciones que hicieron posible la captación y explotación de esa persona.
Con esa perspectiva, en 2025 impulsamos el Programa de Reinserción Laboral para Víctimas de Trata de Personas, una política pública que responde a una demanda histórica de las personas sobrevivientes y que busca transformar la asistencia en oportunidades concretas de inclusión, autonomía y reconstrucción de un proyecto de vida.
Asimismo, entendemos que las políticas públicas deben evolucionar al ritmo de las nuevas modalidades delictivas. Por ello, impulsamos la actualización del funcionamiento del Comité Local mediante el Decreto Nº 177/2026, incorporando nuevos organismos y fortaleciendo la coordinación institucional. En ese marco, promovemos espacios de análisis y reflexión sobre fenómenos emergentes que pueden derivar en situaciones de explotación, con la convicción de que la anticipación constituye una de las herramientas más eficaces para la prevención.
En esa misma línea, consolidamos el trabajo conjunto con organismos especializados, universidades y organizaciones de la sociedad civil, incorporando experiencias y buenas prácticas que contribuyan a fortalecer las estrategias de prevención, asistencia e inclusión de las víctimas.
No alcanza con perseguir y juzgar a quienes cometen el delito. Es indispensable construir un Estado capaz de prevenir, proteger, asistir y acompañar a las víctimas en cada etapa de su proceso de recuperación.
Este 30 de julio renovamos este compromiso. Porque la lucha contra la trata de personas no se mide únicamente por la cantidad de investigaciones, operativos, rescates o condenas, sino también por nuestra capacidad de garantizar la plena restitución de derechos.
